La dictadura pretende que "la Iglesia católica desaparezca" de Nicaragua, afirma investigadora

“Lo peor está por venir”. Así resume la abogada e investigadora Martha Molina los ataques a los que es sometida la Iglesia católica en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que la ha "acorralado" desde abril de 2018.

El planteamiento de la investigadora se basa en que la embestida del régimen cada día es más fuerte y “el sandinismo está atacando por todos los lados a la Iglesia”.

“Lo peor no lo hemos visto, respecto a los ataques a la Iglesia católica, ellos ya han hecho de todo, pero van a continuar, porque su objetivo es aniquilar por completo, que la Iglesia católica desaparezca del país, cosa que no van a lograr”, subraya Molina.

No solo le ha congelado las cuentas bancarias de las diferentes diócesis, la ha acusado de lavado de dinero, ha cerrado medios de comunicación proclérigo, mantiene secuestrado al obispo Rolando Álvarez y se han dado profanaciones y robos a los templos católicos.

Desde que hicieron pública la denuncia de lavado de dinero y confirmaron el bloqueo de cuentas bancarias, el pasado 27 de mayo, la Policía Orteguista no ha se ha pronunciado sobre la investigación, por lo que se desconoce si ya hay acusación formal.

 “Pero yo no descarto de que ellos estén creando la trama, según ellos perfecta, para aparentar la legalidad del caso”, comparte Molina.

CONFISCACIONES A LA IGLESIA

Luego de esta denuncia de la Policía, los operadores políticos del orteguismo desenvainaron un nuevo cuchillo al impulsar una campaña de desprestigio contra la Iglesia. Recientemente El 19 digital, medio propagandístico de la dictadura, publico un artículo titulado “El dinero bajo la sotana” en el que anuncian que la Policía incautó al menos 500 mil dólares en las distintas parroquias donde realizó un operativo. Lo curioso es que en el comunicado los uniformados no revelaron el monto de lo incautado.

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El artículo agrega que la investigación del Ministerio Público es más “amplia y profunda”, ya que supuestamente investiga el “tránsito de varios millones de dólares por cuentas diocesanas a nombre de varios sacerdotes y obispos”.

“Millones de dólares entraron ilegalmente al país, y aún no está claro si hay y qué responsabilidad tienen los bancos o funcionarios individuales en la operación, la investigación lo averiguará”, relata el artículo sin ofrecer pruebas de la acusación.

Pero los dardos los enfilan a “otra línea de investigación”, la cual está relacionada a “tierras y bienes inmuebles a nombre de obispos, sacerdotes y testaferros que primero fueron adquiridos y luego transferidos ilegalmente. Se trata de decenas de miles de hectáreas ubicadas en zonas rurales, urbanas y semiurbanas de todo el país”.

“La Iglesia católica es hoy el catalizador de la oposición. En parte, se trata de una opción interna debida a que la Iglesia intenta llenar el espacio dejado vacante por el fin de los partidos golpistas, cuyos últimos restos volaron de Managua hace meses. Para ello, algunos sacerdotes desarrollan una intensa actividad política: abandonando su aparente neutralidad hipócrita, incitan a la rebelión contra el Gobierno desde todos los púlpitos, transformando su misión de recuperar almas en alistar cuerpos”, dice el artículo propagandístico.

80 RELIGIOSOS MENOS DESDE EL 2018 A LA FECHA

La Iglesia se ha quedado desde el 2018 a la fecha sin al menos 80 religiosos, de estos 36 eran monjas, una igual cantidad de sacerdotes, tres diáconos, tres seminaristas, un obispo y el representante del papa en Nicaragua, ya sea porque fueron expulsados, desterrados o se les negó el ingreso al país, según datos de la investigación Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, que elaboró Molina.  

Los últimos tres de esta nefasta lista fueron los religiosos Jhonny José Guerrero Blanco, responsable de la iglesia San Pedro, en el barrio Situaba, León, y los presbíteros Luis Masís Velásquez y Bayardo Antonio Rugama, ambos de la Diócesis de Bluefields.

Según Molina los sacerdotes viven bajo vigilancia constante de parte de los operadores orteguistas “y se les prohíbe realizar cualquier actividad pastoral”.

“Realmente ellos viven asediados las 24 horas del día, esto se da más al interior del país en las comunidades donde casi nadie documenta este tipo de hostilidades”, expone la investigadora.

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La experta considera que Ortega lo que pretende es que todos los sacerdotes y religiosas abandonen el país, “pero creo que es algo que no va a lograr”, ya que plantea que la Iglesia continúa formando para nuevos religiosos.

“Tengo información de sacerdotes que me han expresado que van a dejar próximamente el país debido a la persecución en contra de ellos”, denuncia la investigadora.

Hasta ahora la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) guarda silencio sobre las acusaciones de lavado de dinero, incautación de dinero y exilio de los sacerdotes.