La dictadura ordena el bloqueo de las cuentas bancarias de sacerdotes en Nicaragua 

La dictadura de Daniel Ortega extendió el bloqueo de las cuentas bancarias a sacerdotes de diferentes Diócesis de Nicaragua, en medio de una investigación policial por supuesta malversación de fondos y “lavado de dinero” contra la Iglesia católica.

El bloqueo de las cuentas bancarias a los sacerdotes se empezó aplicar esta semana. Cuando algunos párrocos de los departamentos de Granada, Jinotega, Estelí y León desean ingresar a sus cuentas personales les aparece el mensaje: “El usuario está bloqueado”.

“Es un atropello más de la dictadura. Posiblemente esta arbitrariedad se extienda a más sacerdotes y laicos”, advirtió la investigadora Martha Molina, recopiladora de los ataques del régimen a la Iglesia católica en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua.  

Con las cuentas de las Diócesis ya bloqueadas, al aplicar la misma medida directamente a los sacerdotes la dictadura intentaría aumentar la asfixia económica a la Iglesia católica, que mantiene como su principal fuente de ingreso las donaciones del pueblo en las misas.  

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LA INVESTIGACIÓN CONTRA LA IGLESIA  

A principios de este mes, el régimen de Daniel Ortega confirmó el cierre de cuentas bancarias de varias diócesis en Nicaragua por supuesta malversación de fondos y los acusó de ser parte de una red de lavado de dinero. 

Sin presentar pruebas, la Policía Orteguista aseguró haber encontrado “centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas, ubicadas en instalaciones pertenecientes a la diócesis del país”.   

Como consecuencia de estos bloqueos bancarios, trabajadores de colegios católicos denunciaron haberse quedado sin sueldo a comienzos de mes, sin embargo, la dictadura anunció que asumiría el pago sin complemento a través del Ministerio de Educación.  

Hasta ahora, la presunta investigación de la Policía Orteguista no ha mostrado resultados ni pruebas de los presuntos delitos cometidos por los líderes de la Iglesia. La represión orteguista contra este sector sería un efecto directo de la labor de denuncia que han hecho obispos y sacerdotes por las violaciones de derechos humanos, la falta de democracia, libertad y estado de derecho en el país.