La CIDH rechaza la “arbitraria y desproporcionada” confiscación de bienes a presos políticos desterrados por la dictadura 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la confiscación de todos los bienes inmuebles, acciones y sociedad mercantiles de los 222 presos políticos desterrados por la dictadura de Daniel Ortega de Nicaragua. Estas acciones, según el organismo, afectan los bienes en mancomunidad, derechos de terceras personas y, además, dejan en situación de mayor vulnerabilidad a los opositores y sus familiares que permanecen en el país.  

“La confiscación de los bienes y el patrimonio constituye una sanción penal arbitraria y desproporcionada que resulta contraria el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)”, señaló la CIDH en un pronunciamiento divulgado este viernes.  

Preocupa también la política arbitraria que mantiene el régimen orteguista respecto del libre ingreso o salida del país de la población principalmente opositora.  

Siguen reportándose casos de retiro y retención arbitraria de pasaportes o la negativa de expedición como mecanismo para impedir la salida de personas de Nicaragua. 

Hay otros casos en los que se prohíbe el retorno de personas nicaragüenses, quienes se enfrentan a una situación de desplazamiento forzado, obligadas a buscar regularizar su situación migratoria o acceder a mecanismos de protección internacional en otros países.  

MÁS NOTICIAS | Proteger a Daniel Ortega y su familia sale más caro que atender la salud de toda la Policía 

“Algunas personas a las que el Estado impidió arbitrariamente el retorno, señalaron encontrarse bajo una apatridia de facto debido a la imposibilidad de renovar los pasaportes vencidos o acceder a otros documentos de identidad por encontrarse fuera del país y por la negativa del Estado de expedir esta documentación. Estas acciones han derivado también en la separación forzada de múltiples familias nicaragüenses”, denunció la CIDH. 

SIGUEN LAS DETENCIONES ARBITRARIAS Y REPRESIÓN A LA IGLESIA 

Por otra parte, preocupa a la CIDH la información recibida sobre nuevas detenciones arbitrarias de personas defensoras, periodistas e integrantes de la Iglesia católica. Entre los meses de abril y mayo, más de 140 personas fueron detenidas en las celebraciones de Semana Santa, en la conmemoración del aniversario de las protestas de 2018, así como en operativos policiales ocurridos de forma simultánea en diferentes departamentos. Dichas detenciones masivas se caracterizaron por el uso desproporcionado de la fuerza y allanamientos violentos. 

“Si bien algunas detenciones habrían sido temporales, la información recibida apunta a que decenas de personas fueron judicializadas en audiencias secretas, procesos expeditos, sin el cumplimiento de las garantías judiciales”, criticó el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

En otros casos, las autoridades judiciales controladas por la dictadura han impuesto discrecionalmente la medida cautelar de “casa por cárcel” y órdenes de presentación diaria en estaciones policiales, lo que las mantendría en una situación de zozobra, asedio y persecución permanente.  

A la fecha, prevalece un contexto generalizado de falta de información oficial sobre el paradero de las personas detenidas y su situación jurídica, lo que dificultaría el trabajo de la sociedad civil para documentar nuevos casos de personas presas políticas. 

MÁS NOTICIAS | Miedo y desconfianza en Nicaragua por un censo de alfabetización bajo intimidación policial y control partidario

Finalmente, la CIDH observa que continúa la represión contra los sectores críticos de la Iglesia católica nicaragüense. La Policía ordenó el congelamiento de las cuentas bancarias de diferentes diócesis con motivo de investigaciones relacionadas con “actos de Traición a la Patria”; en mayo, los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavides, párroco de la Divina Providencia de Jalapa, en el departamento de Nueva Segovia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, párroco de Estelí fueron detenidos; mientras que, el obispo Rolando Álvarez Lagos, privado de la libertad y beneficiario de medidas cautelares de la CIDH, permanece incomunicado desde el 25 de marzo, sin derecho a recibir visitas y en una celda de castigo en el Sistema Penitenciario Nacional. 

Ante la persistencia de la represión en el país, “la CIDH hace un llamado a los Estados de la región, a la comunidad internacional y a los Órganos Políticos de la OEA para promover el retorno a la democracia, la plena vigencia del Estado de derecho en Nicaragua”.  

Asimismo, urge al Estado nicaragüense a poner fin a la persecución de las personas opositoras políticas en el país y a la liberación de todas las personas detenidas de manera arbitraria.