Cárcel, confiscación y exterminio gremial, los ataques de Ortega al gran capital 

La confiscación de bienes a Piero Coen, uno de los empresarios más importantes de Nicaragua representa el inicio de una nueva etapa de la represión y venganza de Daniel Ortega contra el gran capital. El régimen no perdona que el sector privado se haya sumado a las voces de demanda de cambios democráticos desde abril de 2018 con su participación en los dos intentos de diálogo nacional y los señala de haber sido parte del supuesto “intento de golpe de Estado”.

A Piero Coen se la tenían guardada desde que en abril de 2018 apareció en Camino de Oriente, en Managua, ejerciendo su derecho ciudadano a la protesta para manifestarse contra la represión del régimen de Daniel Ortega, contra la reforma a la Seguridad Social y sumándose al hartazgo social contra un gobierno que desde hace mucho venía dando señales de autoritarismo.  

El empresario es el CEO del Grupo Coen, uno de los más importantes en Nicaragua con participación en la industria de servicios financieros, agronegocios y bienes raíces.

En un juicio exprés a puerta cerrada y sin hacerse público fue condenado por “traición a la patria”, despojado de su nacionalidad nicaragüense y confiscado sus bienes personales y los de su esposa. Esta confiscación y represalia contra un empresario de los más importantes del gran capital ha sido antecedida por ataques verbales de parte de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra el sector privado, la imposición de leyes arbitrarias y reformas ficales, la cancelación de organizaciones de la sociedad de diferentes grupos empresariales y podría ir a más.  

Antes había confiscado medianos empresarios como Milton Arcia, Mario Hurtado, a quien le confiscaron la casa de empeños Prisa; o la confiscación de universidades privadas y organizaciones de la sociedad civil; o la confiscación del diario La Prensa y su imprenta y el robo de bienes a otros medios de comunicación como 100% Noticias y Confidencial. 

DESPACHO 505 hace un recuento de otros ataques e imposiciones del régimen contra el sector privado en estos años de crisis sociopolítica que evidencian esa fractura de las relaciones entre el Gobierno y el sector privado en Nicaragua.

REFORMA FISCAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL 

En 2019, la Asamblea Nacional controlada por la dictadura impuso una reforma fiscal para pasar del 1 por ciento al 2 y 3 por ciento el pago mínimo definitivo de las empresas más grandes y así incrementar las retenciones mensuales a cuenta del Impuesto sobre la Renta (IR). 

El régimen también aumentó el aporte de los trabajadores al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) de 6.25 a 7 por ciento y a los empleadores de 19 a 22.5 por ciento. Son las mismas medidas que causaron un malestar social en abril de 2018 y el levantamiento masivo de los nicaragüenses contra el régimen.  

CÁRCEL A DIRECTIVOS y CANCELACIÓN DEL COSEP  

A mediados de 2021, tras varios llamados de parte de líderes empresariales y representantes gremiales para que se liberara a los presos políticos y se emprendieran cambios democráticos en el país, la dictadura convirtió en presos políticos a varios directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).  

Fue encarcelado el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri; después el entonces presidente y vicepresidente Michael Healy y Álvaro Vargas.  

Fue encarcelado y acusado de traición a la patria los presidentes del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri y Michael Healy, al exvicepresidente Álvaro Vargas.  

El empresario Luis Rivas, CEO de Banpro Grupo Promerica, también fue detenido y condenado a 13 años de cárcel por supuesta “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional” o “traición a la patria”. Todos fueron desterrados, desnacionalizados y confiscados en febrero de este año tras ser enviados por el régimen a Estados Unidos.  

CIERRE DEL COSEP Y SUS CÁMARAS 

La gremialidad y organización del sector privado también fue eliminada en marzo de este año.  

La dictadura a través del Ministerio de Gobernación canceló la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal gremial del sector privado y ordenó el cierre de todas sus cámaras.    

La cancelación de la personería jurídica del Cosep y de sus 18 cámaras demuestra que el régimen Ortega-Murillo está “empeñado en destruir todos los sectores de la sociedad” nicaragüense y que “quedarse callado ante los abusos de la dictadura no sirve de nada”, dijeron analistas políticos y opositores consultados por DESPACHO 505. 

Ahora está por ver cómo reaccionan otros grupos empresariales a esta embestida del régimen. De momento, siguen callados, pero Piero Coen podría no ser el último confiscado. De hecho, esto ya se había anunciado.  

El propagandista de la dictadura William Grigsby había advertido un mes antes que iban contra Piero Coen, a quien señaló sin pruebas de ser parte de una red de lavado de dinero.  

La amenaza también para otros pesos pesados del sector privado como Carlos Pellas o Ramiro Ortiz, a quienes se les señala constantemente sin pruebas de haber financiado lo que el régimen insiste en denominar la “intentona golpista” de 2018.