Suspenden el desembolso de US$116 millones de los "fondos verdes" a la dictadura de Nicaragua

La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC), bloqueó el acceso de la dictadura de Daniel Ortega al fondo de 116.6 millones de dólares que le aprobó para financiar el proyecto BioClima. Los fondos, según el régimen, se invertirían para reducir la deforestación y fortalecer la vida natural en la biosferas de Bosawás y Río San Juan.

Amaru Ruiz, quien dirige la oenegé Fundación del Río, explicó que le será difícil al régimen corregir una serie de condiciones para tener libre acceso a los fondos. La FVC le dio a la dictadura cuatro meses, 120 días, para subsanar las fallas o perdería definitivamente los fondos.

Una de las primeras faltas que detectó el organismo ambiental fue en los procedimientos para presentar la propuesta de inversión en distancia a los procedimientos de los fondos verdes. Y aunque no lo dice abiertamente, el régimen enfrenta serios problemas para convencer de sus buenas intenciones tras las denuncias de violencia y crímenes impunes contra indígenas que viven en las zonas a donde irían los fondos.

“Hay mucha preocupación sobre el tema de los fondos y en dos  reuniones concluyeron la suspensión”, dijo Ruiz que cree que al régimen, le será muy difícil corregir las condiciones en que se encuentran esas zonas en cuatros meses y mejorar la propuesta. “Las denuncias de violencia en tierras indígenas no son de ahora, tienen más de tres años”, señaló.

DINERO PARA TIERRA DE NADIE

En correspondencia con lo dicho por Ruiz, solo en abril de este año, el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (Calpi) denunció que los ataques a las comunidades indígenas del país han sido “sistemáticos, permanentes y quedan en total impunidad”.

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El informe de esa organización que la dictadura mandó a cerrar tras anular su personería jurídica el año pasado, señala que entre 2020 y 2021, fueron asesinados al menos 28 indígenas, de los cuales cerca de 15, murieron en la masacre que se produjo en agosto de 2021 en el cerro Kiwakumbaih, en territorio Mayangna Sauni As.

Un mes antes ocurrió el asesinato del guardabosques Bernabé Palacios Hernández, en la la comunidad Alal, en el Caribe Norte. Prilaka Community Foundation, lanzó por su lado, una “alerta roja” y un llamado al Estado de Nicaragua “a asumir su responsabilidad” en los crímenes contra comunidades indígenas que en los últimos 10 años ha sumado 75 asesinatos.

El Fondo Verde para el Clima, tiene varias fuentes para llegar a ese fuerte monto, entre las que se destacan carteras como las del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Programa de Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social (PRPEES), el Fondo de Colaboración para el Carbono Forestal del Banco Mundial (FCPF, por sus siglas en inglés) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

En su última reunión de hace semana y media, la directiva del FVC, analizó el informe de Revisión de Cumplimiento sobre la aplicación del régimen de Nicaragua, presentado por el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM) y se tomó esa decisión. “No habrá dinero, mientras no haya respuestas satisfactorias de parte del régimen”, señala Ruiz al respecto.

LAS INCIDENCIAS DE LA LUCHA INDIGENA

El FVC aprobó en noviembre de 2020 la postulación de Nicaragua para el fondo. Al año siguiente, en junio, lideres indígenas nicaragüenses en nombre de sus comunidades presentaron una queja ante las oficinas del organismo.

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Aseguraron que la ejecución del proyecto en manos del régimen de Ortega-Murillo solo agudizaría la deforestación que ha venido permitiendo todos estos años a empresarios ligados a gente de gobierno. Señalaron que ese contubernio, ha venido facilitando la invasión de colonos en tierras indígenas, los que operan con impunidad total y hasta protección del aparato estatal.

La abogada y activista indígena nicaragüense miembro del Mecanismo sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Anexa Alfred Cunningham, denunció en mayo de este año, que el régimen utilizaría los fondos para seguir reprimiendo en las ciudades y desplazando a los pueblos indígenas de sus comunidades.

Por denuncias como esas, el régimen no le permitió a Cunningham volver al país y se encuentra desterradas desde el 2022. Hace un par de meses, el diputado indígena Brokilin Rivera, un exaliado de Daniel Ortega en el Parlamento, le fue negado el ingreso por hablar sobre el caso Cunningham en foro sobre temas indígenas en la ONU.

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A la denuncia de la activista caribeña se unió las del Grupo Cocibolca, que aglutina a varias oenegés ambientales del país y que informaron a la directiva del FVC de la falta de voluntad del régimen para atender los problemas medioambientales del país, a la que sumó la denuncia de aprobación de leyes contra los derechos de los nicaragüenses y la aniquilación de organizaciones de la sociedad civil,  incluidas las que trabajan para las comunidades indígenas y el medioambiente.