Ortega roba el futuro de miles de jóvenes nicaragüenses

La confiscación de las instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA) es el más reciente de una larga lista de ataques que ha perpetrado el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica de Nicaragua. Además, es un reflejo de la fuerza bruta que pone en marcha la dictadura ya que a la casa de estudios superiores, con más de 60 años de existencia, no se le sometió a un juicio sobre las acusaciones de ser un “centro de terrorismo” y de traiicionar la confianza del pueblo nicaragüense.

La saña de Ortega contra los jesuitas no paró con la confiscación de la UCA, también asaltó la residencia y ordenó su confiscación. La Policía Orteguista sacó a los sacerdotes del inmueble y no les permitió que tomaran algunas de sus pertenencias. Al respecto, el padre Arturo Pereza, rector de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en Caracas, Venezuela, declaró recientemente al programa Punto y Seguimos de Radio Fe y Alegría Noticias, que cuando se cierra una universidad se clausura “la oportunidad de miles de jóvenes de estudiar y le estás haciendo daño al futuro de tu propio país”.

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En Nicaragua ya van más de 22 universidades nacionales canceladas desde diciembre de 2021 hasta este agosto. A eso hay que sumarle unas siete que eran internacionales.  “Lamento y rechazo el uso de una aparente legalidad para robar, no sólo unos bienes, sino las oportunidades de democracia y futuro por parte de la dictadura nicaragüense a nuestra hermana Universidad Centroamericana”, indicó Peraza en la red social X.  

Mientras las 30 universidades e instituciones de educación superior que integran la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina (Ausjal), se unió a la petición de que se “reviertan y corrijan inmediatamente” las medidas que tomó el régimen contra la UCA.  La organización denuncian que la “UCA ha sido calumniada y hostigada” al igual que las más de tres organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia católica que fueron canceladas por Ortega. 

La investigadora y abogada Martha Molina señala que la confiscaciones de la UCA es una “cruel venganza” del régimen contra los Jesuitas y la Iglesia católica de Nicaragua. Pero además expone que en todo proceso judicial independientemente del delito que se cometa se debe de cumplir con varios principios del Derecho. En el caso de la UCA ninguno de cumplió. 

“Lo que hace la administración pública Ortega-Murillo en contra de la Universidad Centroamericana, su planta docente, estudiantes, personal administrativo y demás, nunca puede ser catalogado como proceso jurídico ya que no existe ningún acto procesal, ni siquiera se tomaron la molestia de aplicar las propias leyes inconstitucionales que formularon y aprobaron para criminalizar a los ciudadanos”, denuncia la investigadora quien se encuentra en el exilio. 

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El cierre y confiscación de la UCA viola una serie de artículos del Código Procesal Penal de Nicaragua, señala Molina. Entre ellos el que nadie puede ser condenado a una pena o medida de seguridad, sino es mediante sentencia firme emitida por un tribunal competente.  La dictadura también violó el principio de presunción de inocencia y el derecho a la defensa entre otros. 

POLICÍA REALIZA REQUISAS A ESTUDIANTES DE LA UCA

Molina expone que cada uno de los ataques que comete Ortega contra la Iglesia católica de Nicaragua es feroz, premeditado con alevosía y ventaja, y que han ido aumentando en el tiempo. Los objetivos de esta embestida es aniquilar a la Iglesia católica y “nacionalizar la educación para convertirla en adoctrinamiento”. 

“A los dictadores no les interesa que de las aulas egresen jóvenes con criterio y capacidad de análisis sino máquinas que repitan su discurso ordinario y mentiroso a como bien lo hacen los miembros de la Juventud Sandinista”, critica la investigadora autora de “Nicaragua: ¿Una Iglesia perseguida?”, en la que documenta los ataques que ha realizado Ortega contra la Iglesia de Nicaragua.

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La abogada nicaragüense señaló que ha recibido pruebas de estudiantes que pertenecían a la UCA quienes denuncian que  han sido objeto de requisas arbitrarias por parte de miembros de la Policía Orteguista que además les han tomado fotos. “Ya esas evidencias están en manos de los organismos de derechos humanos internacionales”, expone Molina.

CUATRO SACERDOTES IMPEDIDOS DE INGRESAR AL PAÍS EN AGOSTO

A la par de los zarpazos a la UCA, cada día crece la lista de sacerdotes a los cuales el régimen prohíbe su ingreso al país. En agosto, según Molina al menos cuatro sacerdotes y un seminarista, no se les permitió entrar a Nicaragua. Entre ellos están los sacerdotes Tomás Zamora Calderón, de la Diócesis de León; y William Mora, de la Diócesis de Siuna. A ambos el régimen le impidió ingresar a Nicaragua tras participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en Lisboa, Portugal, presidida por el papa Francisco.

También está el sacerdote Eladio Sánchez de la Diócesis de León, que pretendía ingresar al país para asistir al funeral de su hermano.  “Pretende desaparecer a la Iglesia católica, ellos consideran que entre menos curas existen en el país es mejor porque no llevaran la buena nueva del evangelio, pero las vocaciones religiosas se mantienen y los obispos están ordenando a más seminaristas”, detalla Molina.