El régimen continúa “simulacro” de consulta para acceder a los US$116 millones de los fondos verdes del clima 

La Fundación de Río calificó como un “simulacro” el proceso de consulta iniciado por el régimen de Daniel Ortega en la Costa Caribe de Nicaragua sobre el proyecto BioClima, puesto que se realiza con Gobiernos Territoriales afines al Frente Sandinista y solo tiene previsto consultar al 4.6 por ciento de la población indígena.

A finales de julio pasado, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC), bloqueó el acceso a Nicaragua de 116.6 millones de dólares aprobados para financiar el proyecto BioClima. Los fondos, según el régimen, se invertirían para reducir la deforestación y fortalecer la vida natural en las biosferas de Bosawás y Río San Juan.

En esa ocasión se conoció que el régimen tiene al menos cuatro meses, 120 días, para subsanar las fallas o perdería definitivamente los fondos.

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Amaru Ruiz, presidente de la organización Fundación del Río, detalló que el proceso de consulta está previsto que concluya a finales de este mes tras incluir a 6,476 personas que habitan en 338 comunidades tanto del Caribe Norte como del Sur.

Sin embargo, la población de los 23 territorios indígenas sería de 140,716 personas. La consulta del régimen sólo tendría en cuenta al 4.6% de la población indígena.

Indicó que todavía no han completado la consulta a 6,476 personas y por eso están implementando “consultas significativas” en territorios que no son indígenas. Para mañana 20 de septiembre está previsto que lleguen al Castillo en Río San Juan, El Rama, Nueva Guinea entre otros sitios.

Cada consulta en los territorios dura entre dos y tres horas “efectivas” y solo presentan los beneficios. Indicó que lograron estar de manera virtual en dos consultas. 

“Una de las cosas que mienten es que les han dicho en las consultas que el proyecto no está aprobado, que están iniciando, que el proceso de consultas es por eso. No se habla de la queja ni de temas sensibles como el Acuerdo de Convivencia Pacífica propuesto por el régimen”, detalla Ruiz. 

Un comunitario que omitió su nombre por temor a represalias manifestó que “aunque nos quieran callar”, el territorio Sauni As siempre reclamará sus derechos y que los simpatizantes del Frente Sandinista “se venden por una agua helada y traicionan al territorio”. Denunció que en las asambleas de consultas no han participado organizaciones, sino que invitan a las personas afines al régimen.

“Esas consultas me imagino que tenían que hacer comunidad por comunidad para ver qué aportaban los comunitarios, pero no se hizo así”, manifestó el indígena quien pidió el "saneamiento" de sus tierras en referencia a la expulsión de colonos invasores.

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La Fundación del Río insiste en que las consultas no han sido libres ni informadas, como habría demandado la Junta Directiva de los Fondos Verdes. En las reuniones solo presentan una cartilla que no tiene en cuenta el idioma de las comunidades y no se ha tenido en cuenta la zona de influencia del proyecto.

EL RÉGIMEN YA TIENE PLAN B

El ambientalista Amaru Ruiz hace varias lecturas de estas consultas en territorios que no están bajo el paraguas del proyecto: una es completar el número de participantes en el proceso de consultas exigido y otra hipótesis es que el régimen utilizaría las mismas firmas para respaldar un nuevo proyecto que han presentado de 84 millones de dólares por si les cancelan definitivamente los fondos verdes.

La Fundación del Río considera que el régimen de los Ortega-Murillo está “desesperado por presentar algo” en la reunión de octubre del Fondo Verde a pesar de que ha incumplido con los estándares internacionales y la política de pueblos indígenas sobre los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado.

Se espera que en la reunión de octubre se revise la documentación que presente el régimen y a partir de allí se revise el cumplimiento o no de las políticas del Fondo Verde para tomar una decisión sobre el desembolso de los 116.6 millones de dólares a Nicaragua.

Indica que la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS por sus siglas en inglés) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) señalaron en una carta de respuesta a las inquietudes que el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), les pidió apoyo logístico e insumos técnicos para registrar y sistematizar las consultas previstas en las políticas del Fondo Verde. 

“Preocupa la instrumentalización de las agencias de las Naciones Unidas como la FAO, UNOPS y PMA en este proceso”, señala una de las conclusiones de la Fundación del Río la cual ha informado a la secretaría del Fondo Verde y los miembros de la junta directiva sobre las anomalías que se han cometido.