Calidh: “EI CNU fracasó al hacerse cargo de la UCA”

Posponer el inicio de clases en la Universidad Casimiro Sotelo, solo deja en evidencia el fracaso del Consejo Nacional de Universidades (CNU) al hacerse cargo de la administración de esta alma máter, opina el Organismo de Derechos Humanos (Calidh), a través de un comunicado.

El Calidh se suma a las voces que han manifestado su opinión respecto a la confiscación de la Universidad Centroamericana (UCA), ahora Casimiro Sotelo y el retraso en el inicio de clases que tiene en el limbo a miles de estudiantes que no tienen la opción de migrar a otra universidad por prohibición del régimen.

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Asimismo, expresaron que observa con disgusto que las autoridades “ilegalmente impuestas” no logren manejar a un centro de tanto prestigio, después de imponer un patrón de censura, venganza y castigo contra las voces y organizaciones universitarias que culmina con la confiscación de sus bienes.

“EI CNU no sólo es el brazo represor de la dictadura, además es inoperante. Con la UCA queda en evidencia que no tiene un plan de intervención ni curricular ni institucional de las universidades que confiscan. Ha fracasado el brazo represor”, denuncia el organismo de derechos humanos.

FIN DE LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA

En el comunicado señalan que la confiscación de la UCA representa la disolución definitiva de la autonomía de la educación superior en Nicaragua que impulsó y logró don Mariano Fiallos Gil, conocido también como el padre de la autonomía, en la UNAN-León.

También condenan el papel que juega Ramona Rodríguez, presidenta del CNU y rectora de la UNAN-Managua, quien en los últimos años ha sido cómplice del desalojo armado de estudiantes atrincherados en la UNAN, durante las protestas de abril del 2018. También ha sido parte, junto al poder judicial y el Ministerio de Gobernación, de la confiscación de más de 26 universidades privadas y subvencionadas en el país.

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“Criminal de lesa humanidad, la rectora y presidenta del CNU, no sólo ha destruido los derechos que se desprenden de la autonomía, sino que expulsó a estudiantes y ejerció un plan sistemático y articulado de persecución contra ellos en todas las universidades. Los rectores y otras autoridades impuestas ilegalmente por el CNU en las universidades apropiadas por el Estado, son cooperadores necesarios de estas confiscaciones y deberán responder ante la justicia transicional”, concluyen.