Los diputados ganan diez veces más que un médico general, cobran dietas, reciben combustible y “trabajan” apenas 21 horas en 90 días
Los diputados aprobaron una reforma constitucional que ordena cárcel para los miembros de la Policía Orteguista que intenten desertar o traicionar al dictador Daniel Ortega
- September 28, 2023
- 10:34 AM
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La “carrera” de diputado se posiciona como una de las más rentables y menos demandantes en Nicaragua. El más reciente informe de productividad del Legislativo confirma la ventaja de quienes ostentan un escaño en el Parlamento respecto al resto de la clase trabajadora, con la excepción añadida de que para llegar a ese puesto ni siquiera se requiere de presentar avales profesionales.
De julio a septiembre los 91 titulares del Parlamento cumplieron con 21 horas de trabajo, cuando la media de cualquier otro empleado, un médico general, por ejemplo, es de 192 horas en ese mismo periodo a razón de una carga horaria de 48 horas semanales.
Según el informe de la tercera sesión ordinaria del trabajo legislativo, que corresponde a los últimos 90 días, el resultado del trabajo de los diputados ante la Asamblea Nacional dejó apenas siete leyes aprobadas, una reforma a la Constitución Política, nueve decretos, cuatro declaraciones y tres resoluciones.
Todos, encargos políticos que lo único que demanda de los legiladores es marcar asistencia, emitir su voto y firmar. Esa "carga laboral" se tradujo en 21 llamados a sesiones con una duración promedio de una hora que se les recompensa con un ingreso mensual de C$96,251.72, diez veces más de lo que cobra un médico general, cuyo salario fijo es de C$9,280.
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EL RENDIMIENTO DE LOS DIPUTADOS
En el periodo reportado, aparece la reforma en primera legislatura del artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua, para eliminar el carácter apolítico, apartidista, obediente y no deliberante de la Policía.
También está incluida la aprobación de tres resoluciones de convocatoria para presentación de candidatos a puestos públicos vencidos en la Fiscalía General de la República; la Superintendencia de Bancos y la Controlaría General de la República.
En las primeras dos convocatorias, los legisladores garantizaron la voluntad de del dictador Daniel Ortega de reelegir a la sancionada Ana Julia Guido como Fiscal General, y a Martha Mayel Díaz Ortiz, como vicesuperintendente de Bancos. Para el la cuarta sesión ordinaria del Legislativo han dejado pendiente la elección de los contralores.
Actualmente, la Contraloría es dirigida por la doctora María José Mejía García. El equipo de contralores colegiados solo lo integran María Dolores Alemán, hija del expresidente Arnoldo Alemán, y Vicente Chávez Fajardo, ya que en noviembre del 2022 renunció Marisol Castillo, esposa del sancionado Lenin Cerna.
21 SESIONES DE UNA HORA EN TRES MESES
El informe de la gestión legislativa fue presentado por la primera secretaria del Parlamento, la sancionada diputada orteguista Loria Raquel Dixon, quien se reportó como un logro haber sesionado en 21 ocasiones en los últimos tres meses.
“Hemos estado aquí cumpliendo las disposiciones constitucionales, las disposiciones que estamos como diputados por delegación y mandato del pueblo, trabajando siempre en armonía con unidad, cohesión y coherencia con los otros poderes del Estado en beneficio de las familias nicaragüenses”, dijo Dixon al pleno.
La sancionada diputada además hizo alarde del "apoyo" que ha tenido bancada del Frente Sandinista, de parte del resto de bancadas para aprobar las leyes enviadas por Ortega.
Entre las resoluciones que apoyaron los grupos parlamentarios está una que demanda la libertad religiosa en Suecia, una incongruencia cuando guardan silencio ante la represión a la iglesia católica en Nicaragua y la restricción de la libertad religiosa. El régimen de Daniel Ortega ha sido condenado a nivel internacional por perseguir y encarcelar a sacerdotes, entre ellos el obispo Rolando Álvarez, así como por permitir y promover atentados contra los templos, además de hostigamiento, persecución y expulsión a sacerdotes y misioneras.
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Las otras dos resoluciones que figuran en el reporte de resultados del trabajo de los diputados son la condena a Estados Unidos y la defensa de Rusia.
CRIMINALIZAN DE DESERCIÓN DE POLICÍA
El encargo de Ortega a los diputados que más alarma generó es la criminalización a la deserción policial, un mecanismo enviado por el dictador para evitar que mandos policiales se revelen y dejen a la institución.
También reformaron la Ley de creación de la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, así como la ley que declara el Huipil como patrimonio inmaterial, artístico y cultural de la nación. También derogaron el decreto 518, aprobado el 15 de julio de 1960, que autorizaba la personería jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA), la cual fue confiscada por la dictadura el pasado 16 de agosto.