Vence el plazo de la investigación por “lavado de dinero” contra la Iglesia y el régimen no presenta pruebas ni acusación

El plazo de 90 días que tenía la Policía Orteguista para realizar una investigación contra diferentes Diócesis de Nicaragua señaladas de supuesto “lavado de dinero” ya venció. Sin embargo, al día de hoy no se conoce acusación formal, las cuentas bancarias de la Iglesia católica siguen bloqueadas y dos sacerdotes de la Diócesis de Estelí que fueron enviados a una casa de formación en Managua en el marco de esa investigación, continúan encerrados.  

El pasado 19 de mayo, la Policía Orteguista en coordinación con la Fiscalía, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero anunció la puesta en marcha de una investigación contra las Diócesis que conforman la Provincia Eclesiástica de Nicaragua señaladas de “lavado de dinero” y supuestamente esconder en los templos “centenares de miles de dólares” de personas que habían sido condenadas por “traición a la patria”.  

Tras el anuncio de la investigación, los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavídez, párroco de la Iglesia Divina Providencia de Jalapa, y Leonardo Guevara Gutiérrez, de la Catedral de Estelí fueron enviados a “seminario por cárcel” en Managua donde continúan encerrados sin derecho a su libertad plena. 

Tras la reforma al Código Procesal Penal de Nicaragua aprobado por la dictadura en 2021, el plazo para una investigación es de hasta 90 días. Este 29 de septiembre se cumplen 131 días naturales y 95 días hábiles desde el inicio de la investigación.  

De momento, ni la Policía Orteguista ni la Iglesia católica han confirmado que haya una acusación o de las conclusiones de esas investigaciones. 

En el sistema Nicaragua del Poder Judicial no figura acusación contra los sacerdotes ni contra las diócesis y las autoridades no han mostrado una sola prueba de la existencia del delito. 

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DEBEN CESAR LAS MEDIDAS PROVISIONALES

Uriel Pineda, abogado y defensor de derechos humanos señala que, al vencerse el término de los 90 días sin que se presente acusación, lo que procede es la liberación de las personas detenidas y las medidas adoptadas. 

“Las acciones emprendidas por las autoridades finalmente solo reflejan una intención política. No hay sustento alguno de su dicho”, dice el experto. 

La investigadora Martha Patricia Molina, que ha documentado los ataques de la dictadura contra la Iglesia católica, advierte que los sacerdotes que están detenidos en una casa de formación en Managua “no pueden pasar toda la vida con su derecho a la movilización restringidos y tampoco las cuentas bancarias pueden seguir congeladas si no existe delito”. 

La Iglesia, explica, tiene el derecho de pedir el cese de las acciones en su contra, aunque al no haber independencia judicial de poco serviría.  

“El judicial está en la obligación de escuchar a la iglesia y suspender esas arbitrariedades, pero no veo a los obispos exigiendo justicia y menos a los monigotes del Poder Judicial cumpliéndolas”, reconoce la investigadora. 

El bogado Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más recuerda que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo se caracterizan por no respetar el debido proceso. 

“Las personas presas políticas lo están por abuso de poder. ¿Cómo ha sido esa investigación? ¿Por qué no rinden cuentas?”, cuestionó el defensor, quien demandó la libertad para los investigados.