El obispo Rolando Álvarez rechaza por tercera vez la oferta de libertad vía destierro

La dictadura de Daniel Ortega desterró este miércoles a Roma a doce de los trece sacerdotes que llevó a prisión en los últimos meses utilizando diferentes figuras penales. Todos, excepto el obispo de la Diócesis Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, condenado el pasado febrero a 26 años y 4 meses de prisión por delitos considerados "traición a la patria", una figura jurídica que implica la pérdida de todos los derechos civiles y bienes, incluida la nacionalidad.

Es la segunda expatriación múltiple de presos políticos por vía aérea que se ordena desde Managua, pero marca un hito en las prácticas represivas de la dictadura, pues se trata del primer vuelo de destierro forzado de sacerdotes. Una evidencia sin claroscuros de la grave persecución que enfrenta la Iglesia de Nicaragua, la peor en tiempos de dictadura, según analistas.

El anuncio de la expatriación de los sacerdotes a Roma, encendió de inmediato la alarma sobre la situación del obispo Álvarez, de quien Ortega y su mujer, la sancionada Rosario Murillo, se han declarado enemigos en más de una ocasión. "Soberbio", "desquiciado” y "energúmeno", le llegó a llamar el dictador el pasado febrero, al revelar que lo quiso embarcar en el primer vuelo de desterrados políticos que llevó a 222 opositores a Washington, pero el alto jerarca rechazó el exilio como condición para salir de prisión.

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El contundente reclamo de libertad fue exaltado como una demostración de altura moral del religioso. Para Ortega y Murillo fue un desafío que desató su furia y, fue entonces, que a modo de castigo ordenaron enviarlo al Centro Penitenciario Nacional La Modelo, el presidio de máxima seguridad donde, desde entonces, permanece encerrado en una celda de castigo “El infiernillo”, un apodo que, según los internos que han pasado por ahí, describe el calabozo del penal, un espacio diminuto, en el que apenas entra luz, durante el día alcanza una temperatura asfixiante y donde la única compañía son las plagas de bichos y ratas. Una tortura.

MONSEÑOR ÁLVAREZ "NO SE QUISO IR"

Tras más de un año privado de libertad, los últimos ocho meses encerrado en El infiernillo, el obispo de Matagalpa, volvió a rechazar este miércoles la oferta del destierro que a esta hora lo tendría en Roma. Es la tercera vez que elige el sacrificio de permanecer en una prisión, pero dentro Nicaragua. La segunda ocasión fue hace tres meses cuando el jerarca fue sacado de La Modelo y, tras tensas negociaciones, decidió no aceptar el exilio.

"No se quiso ir", así responde a DESPACHO 505 una fuente policial que ha tenido acceso al proceso de captura y destierro de todos los sacerdotes que la dictadura mantenía en sus cárceles, a excepción del obispo Álvarez.

"A él le propusieron ser liberado y deportado al Vaticano inmediatamente, junto con los otros 12 sacerdotes que estaban encarcelados, pero lo rechazó. Es lo único que se sabe", agrega la fuente al contar que la operación de destierro se realizó en completo hermetismo.

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La abogada Martha Patricia Molina, dedicada a documentar los ataques contra la Iglesia católica de Nicaragua desde abril de 2018, destacó que el obispo "sigue aferrado a sus principios y a su pueblo". Ella cree que la vida de religioso corre peligro en prisión y que este no saldrá del país si no es acatando una orden directa del papa Francisco.

EL DESTIERRO CONFIRMA QUE LOS SACERDOTES NO COMETIERON DELITOS

Molina considera el destierro forzado de los doce sacerdotes "una grave vulneración a los derechos humanos". Sin embargo, dijo, es también una "demostración de que ninguno de los delitos que se les imputaron son reales".

En la lista de desterrados a Roma está el padre José Leonardo Urbina Rodríguez, condenado a 30 años de cárcel por el supuesto delito de abuso sexual en perjuicio de una menor de 14 años; y el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de la parroquia Jesús Nazareno de Nandaime que fue detenido por supuestamente agredir a una mujer que también terminó siendo encarcelada por negarse a sostener la acusación formulada por la Fiscalía.

Según Molina, todo lo actuado por la dictadura de Daniel Ortega "lo que quieren es ahogar y desaparecer a la Iglesia católica" y que el acto de expatriarlos es para "salir rápido del problema".