El Parlamento ratifica reforma a la Constitución que impone el despojo de la nacionalidad a los nicaragüenses

A pesar de no estar vigente la reforma del artículo 21 de la Constitución, en el 2023 el dictador Daniel Ortega, le quitó la nacionalidad a 316 nicaragüenses.

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  • January 18, 2024
  • 10:30 PM

La Asamblea Nacional aprobó este jueves, de manera unánime, en segunda legislatura la reforma al artículo 21 de la Constitución Política que faculta al régimen Ortega-Murillo a quitar la nacionalidad nicaragüense a cualquier persona que considere traidor a la Patria.

El presidente de la Junta Directiva del Parlamento, el sancionado Gustavo Porras, dijo que la reforma al artículo 21 y que cercena el derecho de los nicaragüenses a tener una nacionalidad, era el mejor homenaje que podía hacerle a Rubén Darío en el aniversario de su natalicio. 

Porras, el único diputado que tomó la palabra durante la sesión, agregó que el dictador Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo, estaban “contentos” porque la ratificación de la reforma se hizo en Ciudad Darío.

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“Aquel que no quiera y que traiciona a Nicaragua no puede ser hijo de Nicaragua y tiene que perder la nacionalidad”, señaló Porras.

El presidente de la Asamblea Nacional agregó que “hasta el año pasado un nicaragüense nacido en Nicaragua no podía perder su nacionalidad, (aunque) podía traicionar, negar a su patria y podía atacar por el hecho de haber nacido en Nicaragua”. 

“Lo que vamos a aprobar en segunda legislatura para que quede establecida en la Constitución es que aquel que es catalogado como traidor a la Patria, (...) una vez que juzgado y sentenciado como traidor a la patria en forma inherente pierde la nacionalidad nicaragüense”, aseguró Porras.

MÁS DE 300 CIUDADANOS DESNACIONALIZADOS

A pesar de que la reforma no ha entrado en vigencia, el dictador Daniel Ortega ha desnacionalizado ha 316 nicaragüenses desde febrero del 2023. El nueve de febrero desterró y desnacionalizó a 222 presos políticos, días después aplicó la misma medida a 94 ciudadanos, entre ellos, a los escritores Sergio Ramírez Mercado y Gioconda Belli, monseñor Silvio Báez, y monseñor Rolando Álvarez. 

Para Porras, la reforma es una “acción patriótica”, porque pone una lápida a las críticas de que viola los derechos humanos de los nicaragüenses, y ratifica en la Constitución Política quien es un “vendepatria”. 

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La dictadura considera como traidores a la patria a los ciudadanos que expresan su opinión en contra de las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. 

CINCO REFORMAS VIGENTES

En el transcurso de esta semana el Parlamento aprobó las otras cuatro reformas a la Constitución que avaló el sometimiento de la Policía Orteguista al régimen Ortega-Murillo con la modificación del artículo 97 de la Constitución, porque le quitó el carácter profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante de la institución policial.

Otra reforma aprobada en segunda legislatura fue al artículo 165, para quitarle el control de los Registros Públicos a la Corte Suprema de Justicia y pasarlo a la Procuraduría General de la República.

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También, la modificación del artículo 159 de la Carta Magna para quitarle a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 4% del Presupuesto General de la República de Nicaragua (PGR).

La última reforma fue al artículo 138 de la Constitución Política de Nicaragua para quitarle al Poder Legislativo la facultad de elegir al Procurador y Subprocurador de Derechos Humanos, traspasarlo a la Procuraduría General de la República.

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