Salvajismo policial contra ciudadanía que exige libertad

Policía orteguista  dice que respondió con golpes y balas contra manifestantes para “resguardar la seguridad”. No informó sobre los heridos, las golpizas a las ciudadanos, ni sobre la violencia y robo de equipos a periodistas.

Un total de 164 ciudadanos fueron detenidos ilegalmente por las fuerzas represoras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, por reivindicar el derecho constitucional a la protesta y exigir la libertad de los más de 700 presos políticos, según informó la misma policía la noche de este sábado, previo a su liberación.

En un intento por justificar el excesivo uso de la fuerza contra la población civil, la Policía emitió un comunicado en el que primeramente admitió la detención de 107 personas que este sábado salieron a protestar en Managua, siendo este un derecho reconocido en el artículo 54 de la Constitución Política, pero que ha sido suprimido por órdenes del régimen.

La Policía aseguró que los protestantes salieron a las calles “pese a las advertencias formales” de que tenían prohibido marchar.

En la nota, la Policía omitió la cantidad de personas heridas producto de los ataques armados , así como de jóvenes que fueron vapuleados al momento de ser detenidos. Extraoficialmente se reportaron seis manifestantes heridos por perdigones y balas de goma.

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La Policía tampoco dio cuenta sobre los robos, el acoso y las agresiones físicas contra periodistas que brindaban cobertura a la concentración convocada por la Unidad Nacional Azul y Blanco, entre ellas el periodista Luis Sequeira de la agencia de noticias AFP, y la reportera del diario La Prensa Cinthya Torrez. Ambos fueron golpeados y despojados de sus equipos de trabajo.

"Me robaron mi equipo, mi cámara, mi celular, me golpearon en el pecho, en el estómago", denunció el reportero, quien horas después encaró al comisionado mayor Fernando Borge sobre la agresión y robo, pero el alto mando policial guardó silencio.

Sequeira relató que fue interceptado por agentes cuando registraba la detención de una señora que ondeaba una bandera de Nicaragua, en el sector de la rotonda Centroamérica. Al periodista lo condujeron hasta una patrulla policial donde fue golpeado y al reclamar por sus equipos los policías le respondieron: "Andá pedísela a tu madre".

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En el caro de Torrez, el diario La Prensa informó que su periodista grababa la detención de la exguerrillera Mónica Baltodano cuando los policías le arrebataron el teléfono celular. "Sin embargo, después de tirárselo al suelo dos veces, desistieron de seguírselo quitando cada vez que ella lo recogía, porque el aparato ya estaba dañado", recoge la denuncia pública.

El equipo de canal 12, conformado por periodista Luis Alemán y el camarógrafo Marcos Medina, también denunciaron intento de robo de sus equipos de trabajo.

El Programa de las Américas del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) lamentó la violencia ejercida contra los periodistas independientes. “CPJ recibe con preocupación los reportes sobre intimidación, amenazas y violencia contra periodistas que cubren las manifestaciones en #Nicaragua. Las fuerzas de seguridad deben respetar sus derechos y garantizar que puedan reportar los eventos del día en condiciones de seguridad”, demandó.

POLICÍA ADMITE Y JUSTIFICA SUS ACCIONES CRIMINALES

En una nota de prensa leída por el comisionado general Jaime Antonio Vanegas Vega, inspector general de la Policía, la institución responsabilizó a los manifestantes de sus acciones represivas y criminales: “A pesar de las advertencias formales de la Policía Nacional, sobre una actividad no autorizada que interrumpía el orden público y la actividad comercial y de fin de semana de la ciudadanía, salieron al lugar, grupos de personas, que violentaron el orden público”.

Las 164 personas detenidas este sábado permanecieron encerradas en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial, y según la Policía cedió a su liberación por las gestiones del nuncio Apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, el único líder católico que acompaña las negociaciones que el régimen intenta llevar con la oposición.

En el comunicado la policía orteguista sostiene que todo lo actuado “fue en cumplimiento a su  función constitucional de garantizar la vida, los bienes y el derecho de la ciudadanía a la tranquilidad y el bienestar” y advierte que continuará operando en ese sentido.

“Mi indignación frente a la represión policial desatada hoy (sábado) en Managua contra manifestantes pacíficos y periodistas. Expreso también mi solidaridad con quienes han sido detenidos injustamente, esperando su libertad inmediata. ¡Basta ya de atropellar la dignidad de los ciudadanos!”, expresó monseñor Silvio Báez, desde su cuenta en Twitter.

El respetado jerarca católico señaló que "sofocar una protesta cívica reprimiendo con violencia abre una herida irreparable en la sociedad" porque quiebra el fundamento del respeto, la libertad y la confianza que sostienen la convivencia social.

LÍDERES, UNIVERSITARIOS Y UN CURA ENTRE SECUESTRADOS

Al menos diez líderes de movimientos sociales y defensores de derechos humanos fueron secuestrados por efectivos policiales en los alrededores de la rotonda Centroamérica, en Managua, de donde estaba previsto iniciar la marcha en demanda de la liberación de los presos políticos.

Entre los detenidos se encontraban Sandra Ramos, directora del Movimiento María Elena Cuadra; Max Jeréz, de la Alianza Universitaria Nicaragüense; y Azahalea Solís del Movimiento Autónomo de Mujeres; los tres son miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Mónica Baltodano, directora de la Popolnah; Humberto Belli, exministro de Educación; Magarita Vijil, dirigente del Movimiento Renovador Sandinista; Sofía Montenegro, directora de Cinco; María Castillo Salaverry de la Articulación Feminista; Marlen Chow, defensora de Derechos Humanos; Moisés Hassan, excomandante guerrillero; fueron también parte del grupo de líderes encarcelados.

Entre los detenidos en El Chipote se encontraba el padre Juan Domingo Gutiérrez Álvarez, vicario de la parroquia San Agustín y primo de monseñor Rolando Álvarez.

La Alianza Universitaria Nicaragüense denunció la golpiza que recibió Max Jeréz y Mildred Rayo, dos de los cuatro miembros de esa organización que ayer fueron detenidos por las fuerzas represoras.

La Comisión Permanente de Derechos Humanos condenó la represión policial contra manifestantes, calificándola de “criminal” y “bárbara”.  

“Desgraciadamente nuestras autoridades están actuando como delincuentes; ante esa triste realidad estamos en este país”, lamentó Pablo Cuevas, asesor legal de la CPDH, al señalar un concurso de delitos en que los agentes policiales incurrieron al reprimir una vez más a los manifestantes cívicos.

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