Ortega restablecerá derechos constitucionales, ¿y las elecciones?

El régimen firmó un acuerdo en el que accede a liberar a los presos políticos, respetar los derechos ciudadanos y desarmar a sus paramilitares.

El régimen de Daniel Ortega ha accedido a la mayoría de las demandas de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, pero aún falta que acepte el adelanto electoral, planteado como una prioridad para resolver la crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018. La mesa de negociación tiene hasta el 3 de abril para alcanzar un acuerdo sobre ese tema, y hasta el momento Ortega únicamente se ha comprometido a respetar los derechos y libertades constitucionales.

“Para la Alianza Cívica el adelanto electoral es un punto central. No está sujeto a otra valoración para la Alianza. Si no, no tendría sentido la negociación”, ha dicho con firmeza Azahalea Solís, miembro de la delegación negociadora de la Alianza Cívica. “En distintos momentos de la mesa de negociación se había planteado que, en el tema de democratización, es fundamental las elecciones anticipadas”, enfatizó.

Este viernes se confirmó que la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) designó a Cristóbal Fernández, jefe de la Sección de Cooperación Técnica Electoral del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO), para retomar el Proyecto de Reformas y Fortalecimiento al Proceso Electoral en Nicaragua.

Al respecto, Juan Sebastián Chamorro dijo que hasta que haya un acuerdo sobre las reformas electorales, la mesa negociadora designará al garante de este proceso. “Cuando toquemos el tema electoral y se lleguen a acuerdos, si es que se llegan a los acuerdos, en ese momento es que se nombrará el garante correspondiente al tema electoral. De tal manera que lo que hay en este momento es la designación oficial del señor Cristóbal Fernández, quien está en este momento coordinando el trabajo”, agregó.

La Alianza Cívica ha enviado fuertes mensajes al régimen sobre la necesidad del adelanto electoral, incluso desmintió al canciller Denis Moncada Colindres, quien mencionó en un programa de televisión que no se ha abordado en la  mesa de negociaciones la demanda de un adelanto electoral. También respondió con un rotundo “no” cuando le preguntaron si el régimen aceptará comicios antes de 2021.

Estados Unidos y la Unión Europa (UE) han recomendado al régimen orteguista adelantar las elecciones para resolver el conflicto que el próximo 18 de abril cumplirá un año, dejando un saldo de entre 325 y 500 muertes. La potencia americana ha ido más allá al pedir nuevos líderes en los próximos comicios, descartando a Daniel Ortega y a Rosario Murillo, principales responsables de la represión.

A RESPETAR DERECHOS CONSTITUCIONALES

Ortega finalmente aceptó restituir los derechos y libertades consignados a los ciudadanos en la Constitución Política de Nicaragua, pero cercenados de forma escalonada desde que llegó al poder en enero de 2007. Bajo el acuerdo suscrito, el régimen se compromete a respetar el derecho a protestar, la libertad de expresión y libertad de prensa; devolver las personerías jurídicas a organizaciones de sociedad civil; cesar las detenciones arbitrarias y desarmar a los paramilitares que reprimieron las manifestaciones cívicas. Ahora falta que cumpla.

Una de las principales demandas de los ciudadanos y organizaciones de sociedad civil ha sido el derecho a la manifestación, y sobre eso el régimen acordó “garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública, en cumplimiento de la Constitución y las leyes de la materia”, sin embargo deja a discreción de la Policía orteguista la autorización de este tipo de expresiones, una vez “cumplidos los requisitos establecidos por la ley de la materia”.

El acuerdo además dice que el Estado debe garantizar el derecho a la importación de papel, maquinaria, equipo, repuestos y refacciones para los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. La Dirección General de Aduanas (DGA) mantiene retenida desde hace 30 semanas  materia prima de los rotativos La Prensa y El Nuevo Diario, los principales del país.

Ortega se comprometió a revisar las decisiones adoptadas por órganos estatales en relación con los bienes afectados en el contexto de los hechos ocurridos a partir del 18 de abril del 2018, a fin de lograr la devolución de estos bienes cuando así corresponda, conforme a la Constitución y la ley. La Policía mantiene ocupadas los estudios del canal 100% Noticias y las salas de redacción de Confidencial y Esta Semana.

“El Estado garantiza el irrestricto derecho de libertad de expresión, el derecho de informar no puede estar sujeto a censura, ni los medios de comunicación podrán ser objeto de censura previa, ni uso de mecanismos que puedan transgredir lo establecido en la Constitución y la Ley o que puedan limitar el derecho a la información veraz y oportuna”, indica el documento firmado por ambas delegaciones.

Azahalea Solís enfatizó: “Se trata de hacer las cosas concretas. La devolución de 100% Noticias, la excarcelación de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. La devolución de personerías jurídicas. Debe haber protocolos para devolver los bienes inmuebles o muebles que se ocuparon. Tiene que haber garantes internacionales que certifiquen que se produzcan los acuerdos”.