SIP denunciará en la ONU el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua

La Sociedad Interamericana de Prensa adoptó una resolución donde exige al régimen de Daniel Ortega no alargar más la liberación de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau. También piden una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Ángel Gahona.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunciará ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el deterioro de la libertad de prensa en Nicaragua, los ataques contra periodistas, el clima de impunidad, la censura indirecta y la criminalización de la expresión y reunión que la dictadura de Daniel Ortega mantiene en el país desde abril de 2018.

Una misión de con representantes de la SIP, la IFEX-ALC, (una red de organizaciones que defienden la libertad de expresión y la libertad de prensa en 15 países de América Latina y el Caribe), junto con la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-ALC) viajará a Ginebra, Suiza, donde el 15 de mayo se realizará el Examen Periódico Universal (EPU) a Nicaragua.

"El próximo EPU de Nicaragua es una oportunidad importante para mejorar el clima de la libertad de expresión en Nicaragua, que ahora se encuentra en una condición crítica", dijo la presidenta del Comité Coordinador de IFEX-ALC Marianela Balbi.

"Nuestras recomendaciones se basan en los testimonios de periodistas y activistas en Nicaragua y apuntan a fortalecer la libertad de expresión en ese país. Apoyar estas recomendaciones enviaría una señal clara al gobierno del presidente Ortega sobre su incapacidad para proteger los derechos esenciales ", agregó.

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El EPU es una revisión exhaustiva de los derechos humanos a cada estado miembro de la ONU y se realiza cada 5 años.

LAS VIOLACIONES A LA LIBERTAD DE PRENSA

Desde abril de 2018, estas organizaciones han documentado ataques contra periodistas y clima de impunidad por lo que exigen a la dictadura “cesar de inmediato toda acción de agresión física, intimidación y amenazas generada por grupos violentos, parapoliciales y paramilitares identificados con el Gobierno, así como a través de otras fuerzas que actúan para difamar, insultar o revelar información privada de los periodistas independientes y activistas opositores en las redes sociales o bloqueando por medios técnicos el acceso a los medios de comunicación”.

Insisten en llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre todos los actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación, incluido el asesinato el 21 de abril de 2018 de Ángel Eduardo Gahona, “y aplicar toda la fuerza de la ley a los responsables, para evitar un estado de impunidad que lleva a más violencia”.

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La SIP llamó a Ortega a adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de todos los profesionales de los medios de comunicación a través de la implementación de protocolos de protección.

Finalmente instan al régimen a abstenerse de criminalizar la protesta y quienes participan en ella. Garantizar que la respuesta de los cuerpos de seguridad no sea de represión sino de protección de quienes participan en la protesta y garantizar la protección de los periodistas que cubren las manifestaciones.

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Desde abril de 2018, la Fundación Violeta Barrios de Chamorro ha identificado al menos 1,047 ataques a la libertad de prensa en Nicaragua. Además, al menos 60 periodistas han salido al exilio por las amenazas y persecución en su contra.  

Foto principal: La Prensa