Nueva Ley de Carrera Judicial somete a jueces al control de Ortega y Murillo

En Nicaragua, ser juez oficialmente no es sinónimo de imparcialidad o ejercicio independiente de la ley. Con la nueva “Ley de Carrera Judicial” aprobada este martes por la Asamblea Nacional, se termina de legalizar lo que en la práctica ya ocurría: los jueces son subordinados del Ejecutivo que ejercen los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En este nuevo marco legal, aprobado para "armonizar" la ley con la nueva Constitución Política de Nicaragua, el juez ya no es un profesional imparcial que interpreta la ley sin interferencias externas, sino un empleado del régimen y se refuerza la subordinación del llamado “órgano judicial” —nombre que reemplaza a “Poder Judicial”.

El núcleo del control se concentra en el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, que actúa como ente supremo de evaluación, sanción, ascensos, licencias y remociones de los jueces. Este organismo —cuya composición y funcionamiento no son independientes ni públicos ya que también dependen de Ortega y Murillo.

Este Consejo tiene atribuciones como: autorizar licencias o suspensiones, aprobar traslados y designaciones interinas; ordenar la reincorporación o cese de jueces e imponer sanciones disciplinarias, incluyendo la destitución.

Así, cualquier juez que actúe con criterios propios o falle en contra de los intereses del régimen puede ser fácilmente separado del cargo por “incumplir los deberes” o “infringir prohibiciones”.

Sanciones y castigos bajo sospecha

La ley establece tres niveles de infracciones: leves, graves y muy graves, cada una con sus propias sanciones. Pero lo que en apariencia parece un marco disciplinario profesional, en la práctica funciona como un sistema de represión interna.

Faltas muy graves, como “resolver contra norma expresa constitucional o legal” o “intromisión en la función jurisdiccional de otro juez”, abren la puerta a interpretaciones políticas. Lo que podría ser una interpretación jurídica contraria a los intereses del régimen, fácilmente puede considerarse “grave” y ser castigado con la destitución inmediata.

También se incluye como falta muy grave cualquier “hecho evidente de corrupción o enriquecimiento ilícito”, pero no establece mecanismos independientes de investigación, lo cual deja esta disposición a discreción del mismo órgano político que protege a los leales y castiga a los disidentes.

De evaluaciones a vigilancia

El sistema de evaluación judicial, que debería servir para mejorar el servicio público, se convierte en otro mecanismo de vigilancia ideológica. Las evaluaciones anuales contemplan aspectos como:

“Dedicación a tiempo completo”, que puede ser usado para vigilar la vida personal.

“Relación con colegas y subordinados”, abierto a delaciones. Las delaciones son denuncias o acusaciones hechas por una persona contra otra, muchas veces de manera interna o secreta, y no necesariamente con pruebas claras. Si un juez no se alinea con una resolución impuesta desde arriba, un colega “leal al régimen” puede reportarlo como conflictivo o desleal.

Contexto: jueces al servicio del poder desde antes de 2018

Aunque esta ley profundiza la subordinación del sistema judicial, no inaugura el sometimiento, sino que lo oficializa. Desde la rebelión cívica de abril de 2018, decenas de jueces han dictado sentencias contra presos políticos en procesos sin garantías, con pruebas falsas, sin derecho a defensa ni publicidad, y bajo presión directa de las autoridades, según denuncias de organizaciones de derechos humanos.

Algunos incluso abandonaron el país denunciando presiones y amenazas, como ocurrió con los jueces que se negaron a aplicar leyes represivas como la Ley de Ciberdelitos o la Ley de Agentes Extranjeros. Esta nueva ley cerraría la posibilidad de que surjan disidencias internas en el sistema judicial.

Control total desde la entrada hasta la salida

La nueva normativa regula todo: desde el ingreso, la capacitación, los ascensos, hasta la salida del sistema judicial. La Dirección General de Carrera y Gestión Judicial, también bajo el mando del Consejo, será la encargada de actualizar expedientes, gestionar traslados y recibir “denuncias” contra jueces, muchas veces anónimas o sin pruebas.

Incluso se eliminan los límites para que abogados y notarios afines al régimen accedan fácilmente a puestos en el sistema judicial. Se amplían los criterios de habilitación y se da mayor control sobre los registros, libros y protocolos notariales, aumentando el dominio del Ejecutivo sobre todo el aparato legal del país.

Con esta ley, el último rastro de independencia judicial en Nicaragua queda borrado. En un país donde la represión ha judicializado la disidencia, y los jueces han sido cómplices de condenas políticas, esta norma no viene a corregir errores, sino a institucionalizarlos. Ya no habrá margen para decisiones autónomas. La justicia en Nicaragua ha sido reducida a una oficina administrativa del Ejecutivo.