Opositores nicaragüenses cabildean para evitar deportaciones de compatriotas en Estados Unidos
La Concertación Democrática Nicaragüense, movimiento opositor desde el exilio, solicitó al gobierno de Donald Trump detener la deportación de nicaragüenses que han solicitado asilo en Estados Unidos y de quienes han sido beneficiados con el parole humanitario.
En una declaración, ese grupo, integrado por opositores desnacionalizados y otros sectores, expresó que se suma a la petición realizada por la congresista republicana María Elvira Salazar, quien realiza esfuerzos para encontrar una solución para los exiliados nicaragüenses y de otras nacionalidades que han buscado refugio en Estados Unidos y ahora enfrentan una inminente deportación por las nuevas políticas migratorias.
La Concertación solicitó al presidente Trump y su administración "su intervención en un asunto de gran urgencia y sensibilidad humanitaria: proteger a los exiliados nicaragüenses que han buscado refugio en los Estados Unidos bajo el estatus de parole humanitario y otras vías legales".
"Reconocemos que Estados Unidos es una nación comprometida con los derechos humanos y un bastión de esperanza para quienes huyen de la persecución y la violencia", señaló el grupo.
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La Concertación recordó que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, es señalada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de cometer crímenes de lesa humanidad, incluidos torturas sistemáticas, persecución política y represión extrema contra disidentes.
Añadieron que "el propio Departamento de Estado de Estados Unidos ha reconocido la gravedad de la situación de Nicaragua".
Regresar representa un peligro para exiliados
Ante el "grave peligro" que enfrentan los nicaragüenses expuestos a la deportación, la Concertación solicitó al Departamento de Estado explorar opciones que aseguren la protección de estos exiliados, incluyendo la Salida Forzosa Diferida (DED), como lo ha propuesto la congresista de la Florida, María Elvira Salazar.
"Sabemos que la suspensión temporal de las deportaciones aliviaría el sufrimiento de muchos nicaragüenses que desean regresar a su país, pero deben esperar a que se instaure la democracia y exista un Estado de derecho que les permitan un regreso seguro", concluyó ese grupo.
El pasado viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos permitió al gobierno de Donald Trump poner fin a la protección legal temporal para migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, conocido como parole humanitario, que beneficiaba a más de medio millón de personas.
Este programa, creado bajo la administración Biden, permitía a los nacionales de ciertos países residir y trabajar temporalmente en Estados Unidos, siempre que contaran con el patrocinio de un residente legal.
Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, unas 110.000 personas de Cuba, 210.000 de Haití, 93.000 de Nicaragua y 117.000 de Venezuela accedieron a Estados Unidos bajo este programa.
Muchos beneficiarios huyeron de la violencia en sus países de origen, por lo que la suspensión del programa les obliga a regresar o a permanecer en Estados Unidos bajo la amenaza constante del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
