El negocio de multar: así sangra el régimen al ciudadano en 2025
En Nicaragua, ser ciudadano ya no solo implica pagar impuestos. Ahora también significa andar con la billetera lista para sortear una creciente lista de multas, sanciones y cobros que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha convertido en una nueva fuente de ingresos sostenida y silenciosa.
El peso de la recaudación ya no está en los grandes contribuyentes, sino en el ciudadano común. En 2025, el régimen espera recaudar más de 1.000 millones de córdobas solo en concepto de multas de diferentes tipos, una cifra récord que representa 247 millones más que en 2024, cuando se fijó la meta de 753 millones por esos mismos conceptos.
Según cifras del Ministerio de Hacienda, la proyección de ingresos por sanciones se distribuye así: 403.6 millones de córdobas por incumplimiento de leyes, 374.3 millones por infracciones de tránsito, 21.1 millones por contrabando aduanero, 2.1 millones por delitos aduaneros penales; 4.2 millones en sanciones al sector forestal, 1.7 millones en multas al sector pesca; 8.8 millones por faltas administrativas y 190 millones más bajo el rubro de “otras multas y sanciones pecuniarias”.
Tránsito dispara recaudación en las carreteras
Uno de los pilares de esta política recaudatoria es la Dirección de Tránsito de la Policía, que fijó su meta de 2025 en 374 millones de córdobas, un 32% más que el año anterior. Eso representa un promedio de 951,529 córdobas diarios en multas.
El sector de los motorizados ha sido uno de los más golpeados. Bajo la campaña “Motorizado, Salvá tu Vida”, cada día se imponen unas 600 multas por no portar casco, lo que genera al menos 300.000 córdobas diarios por esa sola causa.
A esta ofensiva se suma un nuevo criterio de sanción que no está respaldado por la Ley 431 de Tránsito: multas de 2.500 córdobas por circular a más de 80 km/h, pese a que la norma legal vigente establece un límite de 100 km/h en carreteras. La norma no ha sido reformada, pero las multas ya se están aplicando.
Entre los afectados están repartidores, transportistas y ciudadanos que usan motocicleta como único medio de transporte. Uno de ellos es Javier, un conductor capitalino de 34 años, quien ha recibido tres boletas solo en lo que va del año. Una fue por estacionarse en zona prohibida —infracción que acepta—, pero las otras dos las considera injustificadas: una por no llevar casco, cuando asegura que sí lo tenía, y otra por velocidad, pese a que circulaba bajo el límite legal.
Como muchos, Javier pagó para evitar problemas mayores. Las opciones de apelación son escasas, y la percepción general entre ciudadanos es que las multas se imponen con lógica de cobro, no de prevención.
Tasas elevadas y sanciones migratorias: otra vía de ingreso
Además de las multas, los ciudadanos enfrentan un aumento generalizado en los costos de servicios públicos, lo que refuerza la percepción de una política de recaudación intensiva en todos los frentes.
Aunque estos cobros no se incluyen en el monto total por sanciones, contribuyen a una carga financiera cada vez más pesada para la población.
La Dirección de Migración y Extranjería incrementó de 0.14 centavos de dólar a 1 dólar el costo de formularios para trámites migratorios. La reposición de pasaporte por pérdida requiere ahora una declaración de pérdida y una multa de 75 dólares.
Las alcaldías también han elevado las tasas por servicios esenciales. Ciudadanos reportan aumentos en permisos de operación comercial, partidas de nacimiento, autorizaciones de destace, servicios de recolección de basura e incluso en permisos para actividades en espacios públicos.
La Alcaldía de Managua ha acelerado la imposición de multas por contaminación acústica, con sanciones de hasta 35,000 córdobas a negocios por uso excesivo de parlantes.
Un patrón que se repite
Ciudadanos consultados coinciden en que las multas administrativas en Nicaragua han dejado de ser herramientas de orden público para convertirse en mecanismos de recaudación, muchas veces sin posibilidad real de defensa o apelación.
Aunque el régimen no lo reconoce oficialmente, las multas se han convertido en un impuesto disfrazado, aplicado sin debate público, sin transparencia y con muy poca rendición de cuentas.
Lo que comenzó como un supuesto ordenamiento, hoy se percibe como un castigo económico constante, extendido a casi todos los ámbitos de la vida cotidiana: movilidad, trámites, servicios, documentación e incluso convivencia comunitaria.
La multiplicación de sanciones, tasas y cobros en Nicaragua no se limita al cumplimiento de la ley, sino que revela una lógica de Estado recaudador, donde el ciudadano está atrapado entre el miedo a la sanción y la falta de recursos para enfrentarla.
La caja del Estado no se nutre solo del IVA o el IR. Ahora también se alimenta de forma acelerada del casco mal puesto, del formulario migratorio, del volumen de una bocina, o de una multa que pocos pueden cuestionar.
