Trump ordena quitar el parole y permisos de trabajo a medio millón de inmigrantes en Estados Unidos

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos anunció este jueves la terminación inmediata del programa de parole humanitario para beneficiarios de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití, junto con la revocación automática e inmediata de sus permisos de trabajo.

Esta vez, la medida de la Administración Trump es definitiva y respaldada por la Corte Suprema de Estados Unidos, que el pasado 30 de mayo ratificó la cancelación del programa y levantó cualquier orden judicial previa que protegía a los beneficiarios.

El DHS comenzó a enviar notificaciones oficiales, por correo electrónico y a través de la plataforma myUSCIS, a los beneficiarios del programa. Advierte que, si los afectados no han logrado obtener otro estatus migratorio legal para permanecer en Estados Unidos, deben abandonar el país sin demora.

Esta acción es la consecuencia directa de un fallo de la Corte Suprema que confirmó la cancelación del programa conocido como CHNV y levantó las protecciones judiciales que frenaban su terminación. Por ello, esta vez la decisión es final e inapelable.

La revocación del permiso de trabajo es automática ya que está ligada al estatus de parole, y la cancelación de este último implica la pérdida inmediata del derecho a trabajar legalmente en Estados Unidos.

Instan a la autodeportación

Orden de autodeportación para quienes no tengan otro estatus legal

El Departamento de Seguridad Nacional indica a quienes no hayan obtenido un estatus migratorio diferente: “Si no han obtenido estatus legal para permanecer en Estados Unidos, deben salir inmediatamente".

Esto significa que, tras la terminación del programa y la revocación del permiso de trabajo, quienes no tengan otra protección migratoria vigente, como una solicitud de asilo, se enfrentan a una obligación legal de abandonar el país a la brevedad.

El programa de parole humanitario fue creado durante la administración Biden para permitir la entrada temporal y legal de ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que enfrentan crisis humanitarias. Para acceder, los beneficiarios debían contar con un patrocinador en Estados Unidos que garantizara su sustento económico.

Más de 93.000 nicaragüenses llegaron a Estados Unidos bajo este programa y se calcula que más de la mitad enfrentaría una deportación al no haber realizado una solicitud de ajuste de estatus a residencia o solicitud de asilo.