Nicaragua a días de enfrentar el arancel del 18%: Ortega no negocia y Trump no extenderá la pausa
En diez días, Estados Unidos comenzará a aplicar un arancel del 18 % a las exportaciones de Nicaragua, una vez finalice la “pausa de 90 días” decretada en abril por el presidente Donald Trump. La dictadura de Daniel Ortega no ha anunciado ningún acuerdo, tampoco ha informado si ha intentado negociar una rebaja arancelaria como la que se ha anunciado para otros países centroamericanos. Por el contrario, Ortega ha usado sus discursos para arremeter contra Washington, acusándolo de lanzar una “bomba económica”.
“(Los países) están pasando dificultades porque ha caído otra bomba sobre el mundo que viene del presidente de los Estados Unidos, que ha lanzado un paquete de medidas económicas sin consultar a ningún país, simplemente lo decidió”, dijo Ortega el pasado 30 de abril.
El anuncio de aranceles recíprocos por parte de Trump incluyó una lista de más de 50 países. Centroamérica fue colocada bajo un arancel base del 10 %, pero Nicaragua recibió una penalización superior del 18%, que entrará en vigor en cuanto finalice la prórroga.
En una entrevista con Fox News, Trump fue tajante: “No creo que necesite extender la pausa más allá del 9 de julio. Si lo hiciera, tampoco sería gran cosa. Pero no lo creo”.
Trump también advirtió que, en lugar de firmar acuerdos, su administración comenzará a enviar cartas a los países detallando los aranceles que aplicarán, según “cómo se porten con nosotros”. Nicaragua no aparece entre las naciones que han logrado acuerdos bilaterales.
El arancel de 18% representa un aumento de costos significativo para las empresas nicaragüenses. Por cada 100 dólares exportados a Estados Unidos, las empresas deberán pagar 18 dólares adicionales en aranceles, lo que encarecerá los productos nicaragüenses en uno de los mercados más competitivos del mundo.
Exportaciones en riesgo
La imposición del arancel del 18% afectaría de forma directa a los productos nicaragüenses en su principal mercado: Estados Unidos representa cerca de la mitad de las exportaciones nacionales. Sectores clave como las zonas francas, el café, el tabaco, los productos pesqueros y textiles perderán competitividad frente a sus vecinos centroamericanos, cuyos productos seguirán ingresando con un arancel del 10%.
Economistas y exportadores han advertido que la medida podría significar una pérdida de pedidos, reducción de márgenes de ganancia y presión sobre el empleo en sectores intensivos en mano de obra. A esto se suma la falta de transparencia del régimen, que hasta ahora no ha informado si ha enviado delegaciones, negociado condiciones o siquiera respondido a la iniciativa estadounidense.
Este golpe tendrá repercusiones devastadoras no solo en la economía de Nicaragua, sino también en la vida de miles de trabajadores, especialmente en las zonas francas, que dependen en gran medida del acceso preferencial al mercado estadounidense bajo el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos (DR-Cafta).
Mientras el resto de Centroamérica respira aliviada con un arancel general del 10 %, Nicaragua se encamina a ser la excepción más castigada. Y lo hace en silencio, sin diplomacia, pero con una retórica de confrontación que podría sellar el retorno del castigo comercial en cuestión de días.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha presentado hasta ahora un plan claro para mitigar los efectos de esta medida ni cómo pretende ayudar al sector exportador.
