ONU denuncia detención arbitraria, tortura y discriminación contra guardaparques mayangnas
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas concluyó que la detención de cuatro guardabosques indígenas mayangnas del Territorio Sauni As, en la Reserva de la Biosfera de Bosawas, fue arbitraria y responde a una política sistemática de persecución por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las víctimas son Rodrigo Bruno Arcángel, Stony Bruno Smith, Oliver Bruno Palacios y Evertz Bruno Palacios. Los cuatro fueron detenidos violentamente el 13 de agosto de 2023 durante un violento operativo conjunto del Ejército y la Policía en sus viviendas en la comunidad de Musawás; sin orden de allanamiento y sin informar sus derechos, denunció la ONU a través del Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria.
El asalto fue ejecutado entre las 2:30 y las 3:27 de la madrugada por un contingente de militares y policías -incluidos antimotines y téncnica canina- que llegaron a bordo de seis camionetas y "haciendo uso excesivo de la fuerza valiéndose de gases lacrimógenos", según denunciaron los comunitarios en su momento.
Tras analizar el caso, los expertos de la ONU sostienen que el encarcelamiento y criminalización de los guardaparques indígenas es una represalia por su labor como defensores del territorio y del medioambiente, particularmente frente a los colono . "La criminalización implica la desarticulación y debilitamiento de la defensa que los miembros de la comunidad ejercen en su territorio", señalan en la Opinión núm. 22/2025, emitida tras el 102º período de sesiones del Grupo de Trabajo.
Señalan la falta de garantías al debido proceso y una cadena de violaciones que comenzó desde su detención y traslado a Managua, privándolos del derecho a ser juzgados por su juez natural. Indican que no tuvieron acceso a un abogado, al expediente ni a un traductor, lo que imposibilitó un juicio justo. Además, antes de ser presentados ante un juez, fueron exhibidos en medios oficialistas como delincuentes, vulnerando el principio de presunción de inocencia.
El grupo compareció al juicio por videollamada, encadenados y sin posibilidad de defenderse ni de cuestionar a los testigos, lo que limitó seriamente su derecho a la defensa.
La detención, indica el documento, contraviene múltiples artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular los relacionados con la libertad, el debido proceso y la libertad de expresión. Por tanto, se cataloga dentro de las categorías I, II, III y V de arbitrariedad.
A la cadena de abusos se suma su reclusión de los cuatro guardaparques en el Centro Penitenciario Jorge Navarro, La Modelo, en celdas de máxima seguridad, sin acceso a atención médica, agua potable ni colchones.
El Grupo de Expertos advierte sobre la discriminación étnica y política que enfrentan, al ser excluidos de beneficios concedidos a otros presos políticos, como la excarcelacion del 5 de septiembre de 2024, en la que 135 personas fueron desterradas a Guatemala, ninguna indígena.
Esta exclusión, sumada a la falta de intérprete y garantías legales, es vista por la ONU como discriminación estructural.
La Fundación del Río, que ha acompañado el caso desde su inicio, afirmó que esta resolución representa un precedente clave en el ámbito internacional. "Coincidimos con el Grupo de Trabajo en que la privación de libertad de los cuatro guardabosques mayangnas constituye una detención arbitraria y forma parte de una política de persecución por su labor en defensa del bosque", expresó la organización.
En el documento consta que Estado de Nicaragua no respondió a la comunicación oficial enviada por el Grupo de Trabajo, por lo que las alegaciones presentadas por la fuente —en este caso la Fundación del Río— fueron consideradas válidas.
El Grupo de Trabajo solicitó al régimen Ortega-Murillo que, en un plazo de seis meses, informe si los indígenas han sido liberados, si han recibido reparación, si se ha investigado su detención, y si se han adoptado reformas legales o medidas para evitar futuras violaciones.
La Fundación reiteró su exigencia de justicia y libertad, no solo para los cuatro guardabosques mencionados en la Opinión, sino para los ocho indígenas mayangnas detenidos por el régimen.
