Procuradora reafirma que franja fronteriza “es parte de los bienes del Estado” y anuncia control sobre actividades económicas

Sin mencionar indemnizaciones ni garantías para los afectados, la Procuradora General de la República, Wendy Morales, reafirmó este lunes que los 15 kilómetros de “territorio fronterizo” son propiedad exclusiva del Estado y que su función será “garantizar los bienes del Estado”. Aunque aseguró que las actividades económicas no se detendrán, dejó claro que ahora estarán sujetas a una regulación estricta y bajo la total vigilancia estatal. 

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sigue defendiendo la Ley de Territorio Fronterizo (Ley 1258), aprobada el 5 de agosto por la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista, pese a las críticas de que se trata de una expropiación encubierta de propiedades privadas, comunales y ancestrales en toda la franja de 15 kilómetros a lo largo de las fronteras.

La Procuradora General de la República insistió en que la medida no es nueva, aunque reconoció que el territorio en cuestión es parte de “los bienes del Estado” y que su papel será velar por ellos. “El tema del respeto de la franja fronteriza para el Estado tiene que ver con garantizar para el Estado mismo estas áreas. Y recordemos que una de las funciones principales de la Procuraduría General de la República, que lo será también de la Procuraduría General de Justicia, tiene que ver el garantizar los bienes del Estado. Y este es parte del de la franja del Estado”, dijo en una entrevista en el oficialista Canal 4.

Según la funcionaria, las actividades económicas en la zona continuarán, pero bajo control estatal: “Las actividades económicas no se van a detener, simplemente es una regulación del Estado… Tampoco no es nada nuevo el tema de fronteras para la Procuraduría. Había una ley de fronteras que te establecía el término de la distancia del territorio fronterizo y estaban siendo igualmente regulados por el Estado. La Procuraduría General de la República emitía una certificación para validar que no hubiese lesividad para el Estado… Así que vendría siendo lo mismo”, afirmó.

Cambio radical

Aunque la Procuradora lo presenta como una continuidad de la ley de fronteras anterior, la nueva norma introduce un cambio sustancial: convierte la totalidad de la franja fronteriza en propiedad exclusiva del Estado, incluso sobre tierras con títulos privados o comunales, dejando bajo control del régimen quién puede permanecer o desarrollar actividades en la zona.

La franja de 15 kilómetros hacia el interior del territorio que ahora declara propiedad del Estado abarca una extensa superficie donde confluyen diversas actividades económicas fundamentales para las comunidades locales. En esta zona se desarrollan cultivos de granos básicos, café, cacao y banano, además de ganadería extensiva. También es un corredor vital para el comercio formal e informal en los pasos fronterizos con Honduras y Costa Rica, donde mercados binacionales y ferias son parte de la economía cotidiana. Asimismo, existen actividades turísticas, especialmente en áreas como San Juan del Sur y reservas naturales cercanas, que generan empleo y movilidad económica en la región.

Además, la franja incluye territorios de comunidades indígenas y afrodescendientes, cuya subsistencia depende de la agricultura de autoconsumo, la pesca artesanal y la explotación forestal tradicional. La nueva ley pone bajo control absoluto del Estado no solo estas actividades económicas, sino también importantes corredores de transporte y tránsito que facilitan el intercambio de mercancías y personas. La extensión de más de 11,000 km² que abarca esta franja representa alrededor del 8.5 % del territorio nacional, una superficie considerable donde el régimen ahora podrá decidir quién puede operar o permanecer, incrementando así el control político y económico sobre zonas clave para el país.

Organizaciones opositoras y defensores de derechos humanos advierten que este marco legal permite desalojos sin compensación y amenaza especialmente a comunidades indígenas y afrodescendientes, que ya han denunciado la violación de sus derechos territoriales y la falta de consulta previa.

En su intervención, la Procuradora no hizo referencia a ningún mecanismo de indemnización o compensación para los actuales ocupantes, limitándose a afirmar que la Procuraduría actuará “sin lesionar los intereses del ciudadano”, sin explicar cómo se garantizará ese compromiso.