Wendy Morales asume el control de la Fiscalía tras la aprobación de la Ley Orgánica de la Procuraduría
La Asamblea Nacional, controlada por el régimen, aprobó este martes con 91 votos a favor y sin debate la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia (PGJ). La norma liquida la autonomía del Ministerio Público, que a partir de ahora será administrado por la Procuraduría, instancia máxima creada tras la reforma constitucional anunciada a inicios de agosto por Rosario Murillo.
“El Procurador General de Justicia (…) tiene a su cargo la representación legal, judicial y extrajudicial, así como la administración de la Procuraduría General de Justicia, del Ministerio Público, y de las entidades adscritas”, señala el artículo 4 de la nueva ley.
Esto significa que la fiscal general, Ana Julia Guido, quedará subordinada a la procuradora Wendy Morales, salvo que Ortega y Murillo decidan removerlas. Morales, actual defensora del régimen en tribunales internacionales, pasa a ser una de las funcionarias más poderosas del aparato estatal.
Hasta ahora, el Ministerio Público era reconocido en la Constitución y su Ley Orgánica como un ente autónomo, encargado de ejercer la acción penal en representación de la sociedad. En teoría, podía investigar delitos sin subordinación política.
Con la nueva legislación, esa figura desaparece. El artículo 3 establece como función de la PGJ: “Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, a nivel nacional e internacional, en defensa de los intereses supremos del Estado y del Pueblo Nicaragüense”. Eso incluye también las funciones de persecución penal que antes correspondían al Ministerio Público.
En palabras simples: si antes un ciudadano denunciaba un delito, la Fiscalía debía investigarlo con autonomía. Ahora, toda investigación depende de una oficina bajo la autoridad de Ortega y Murillo que al estar al mando de la Presidencia de la República coordinarán esta nueva súper dependencia.
Un blindaje político y jurídico
La ley otorga al Procurador rango de ministro de Estado con inmunidad especial, nombrado directamente por la Presidencia. La concentración de poder es total: representación legal del Estado, acción penal y administración de bienes públicos bajo un mismo despacho, subordinado al Ejecutivo.
La aprobación exprés, en un mismo día y con la aplanadora sandinista, confirma que no se trató de un cambio técnico. Ortega y Murillo cierran así cualquier resquicio de independencia en la persecución penal y se blindan frente a eventuales procesos judiciales.
