CIDH otorga medidas cautelares al pastor Rudy Palacios y a sus familiares presos en Nicaragua
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor del pastor evangélico Rudy Palacios y sus familiares dentenidos arbitrariamente en Nicaragua: Armando José Bermúdez Mojica, Olga María Lara Rojas, Pedro José López Calero y Jessica María Palacios Vargas. Todos fueron detenidos el 17 de julio de 2025, en Jinotepe, Carazo, durante las redadas que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó previo a la celebración del 46 aniversario de la Revolución Sandinista.
Según la CIDH, que el pastor y sus familiares "se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida e integridad personal corren riesgo de sufrir un daño irreparable en Nicaragua".
En la nota de prensa explican que la detención fue perpetrada por agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP), "como represalia por su pertenencia a una familia opositora y crítica" al régimen y desde el arresto, sus familiares y personas cercanas "afirman no tener información sobre su paradero o destino".
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De acuerdo con el relato de testigos, los agentes de la DOEP allanaron violentamente la vivienda, irrumpieron pateando puertas, destruyeron cerraduras y decomisaron celulares, computadoras y otras pertenencias.
Solicitan información sobre la situación de la familia
Ante la falta de información sobre la condición de los miembros de la familia, la Comisión solicita a Nicaragua adoptar las medidas necesarias para determinar la situación y paradero, así como de proteger sus derechos a la vida e integridad personal.
También pide que se indique formalmente si el grupo ha sido acusado formalmente de algún delito Nicaragua y, de no ser así, que aclare los motivos de su detención sin cargos y sin supervisión judicial.
Además, piden que informen todo el proceso de ste caso, desde el momento de la detención y si tienen acceso a representantes legales y sus familiares, así como atención en salud, entre otros derechos humanos indispensables.
Hasta agosto de este 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantenía a al menos 73 personas privadas arbitrariamente de su libertad por razones políticas, según el Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
