Actos delictivos y criminales aumentan en Nicaragua

Especialistas coinciden que la delincuencia y la criminalidad aumentaron a partir del 2018, cuando el régimen armó a paramilitares para ejecutar masacre contra opositores desarmados.

En menos de 72 horas, seis personas fueron asesinadas en Nicaragua. Grupos paramilitares siguen operando en el país con la complacencia del Estado y el régimen libera a miles de delincuentes comunes de las cárceles sin cumplir sus penas y sin evidencias que ha habido un cambio en su conducta y comportamiento. Aunque la policía gradué más oficiales, estos no le da seguridad a nadie, solo al régimen, opinan expertos.

Unos de los crímenes registrados en las últimas 72 horas ocurrió en Waslala, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Ahí tres campesinos fueron acribillados a balazos por sujetos desconocidos, la policía aún no ha esclarecido el caso.

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Las víctimas respondían a los nombres de Lucio Granados Muñoz, Odórico de Jesús Ortega González y Ramón Pérez Granados.

También se conoció sobre el asesinato del periodista William Jadirth González Jarquín, de 31 años, reportero del oficialista Canal 4 en el departamento de Jinotega, la Policía se limitó a informar que tenían capturado a uno de los dos sospechosos y que la muerte del ciudadano fue con una navaja.

Un tercer hecho violento se registró en Managua, exactamente en el barrio El Recreo, según información de las autoridades los sujetos Henry José Pulido Rojas, Jimmy Israel Pérez Beteta, Alias “El Chintano”, y Jairo Adrial Urbina Gómez, en estado de ebriedad llegaron a la casa de René Antonio Osegueda Torres, quien se encontraba tomando licor junto a sus hermanos Mario y Miguel Osegueda Torres y otras personas, con quienes protagonizaron una discusión por rencillas.

En medio de la trifulca realizaron disparos con arma de fuego, resultando fallecido Jairo Adrial, René Antonio y con lesiones graves Wilmer Alexander Figueroa Pérez.

Dos de los autores fueron presentados por la policía antes los medios oficialistas y giraron orden de búsqueda y captura para Miguel Osegueda, principal responsable de los disparos.

CRISIS TIENE MUCHO QUE VER

De acuerdo con la socióloga y experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, el incremento de la delincuencia y criminalidad en Nicaragua, está relacionado con el contexto de crisis que está acumulado en el país desde el año 2018.

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"Los altos niveles de violencia estatal y el contexto de la pandemia, crean incertidumbre y tensiones, además la policía no cumple con las funciones que les corresponde, que es prevenir el delito, proteger al ciudadano y también sus bienes", refiere.

Cuadra agrega que el aumento de los crímenes en el país, tiene que ver con la existencia de grupos paramilitares que comenzaron como agrupaciones de personas civiles, usando armas para ejecutar acciones de naturaleza política, pero que ahora realizan acciones vinculadas con delitos comunes.

LIBERACIONES DE DELINCUENTES INFLUYEN

La experta menciona que otro elemento que influye, es la decisión del régimen de Daniel Ortega de liberar a personas que estaban condenadas, sin cumplir sus penas, y sin evidencias que ha habido un cambio en su conducta y comportamiento.

"Entonces se juntan varios elementos que provocan un incremento de la violencia, delincuencial y criminalidad en el país, en el contexto de la pandemia, hay dos efectos que son inevitables, el sanitario y humano; en término del colapso del sistema de salud, los contagios del Covid y las muertes por esta causa, la Política del gobierno puede ser una fuente de conflictos y malestar social que se expresa a través de violencia", señala.

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Cuadra comenta que lo otro tiene que ver con el impacto económico que la pandemia está teniendo, "el efecto rebote de lo que está sucediendo a nivel mundial, Nicaragua lo viene arrastrando desde el 2018, tenemos más gente desempleada, familias que no tienen accesos a remesas o la entrada es más baja, más los sectores de la economía informal que están golpeados, también provoca focos de violencia social", subraya.

POLICÍA CAMBIÓ SU NATURALEZA

Los robos a mano armada también han incrementado durante las últimas semanas. En los mercados Oriental e Iván Montenegro, comerciantes han denunciado que grupos con armas de fuego están llegando a despojar a compradores de sus pertenencias. También están metiéndose a los tramos.

El pasado lunes, los comerciantes entregaron a la policía del Distrito Siete, a un sujeto que se metió a un comedor ubicado en la nave central, y se robó un tanque de gas.

Los marchantes denuncian que los vigilantes que están en la zona se dedican solo a cuidar los parqueos para recibir propina y las oficinas de la Corporación Municipal de Mercados de Managua (Commema) del Iván, dejándolos desprotegidos.

Roberto Cajina, experto en seguridad y defensa, manifiesta que Nicaragua nunca fue el país más seguro de la región, ya que ese indicador se basaba únicamente en homicidios por 100,000 habitantes, y de esa forma engañar a los inversionista internacionales, alterando la realidad, algo similar con lo que ocurre con la COvid-19.

Cajina afirma que a partir de la insurrección cívica de abril del 2018, la policía cambió radicalmente su naturaleza y estableció prioridades diferentes a la que establece la Constitución y la misma Ley de la Policía.

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"Cambiaron su prioridad principal que es proteger la vida, seguridad e integridad de los ciudadanos, para proteger la del régimen, al descuidar esa misión fundamental se incrementa como respuesta natural la inseguridad y también la actividad delictiva común", comenta.

Cajina explica que la Policía cada año publica un anuario estadístico, pero la información que brindan no es confiable, porque hay manipulación en las estadísticas.

"No se puede confiar, sus estadísticas son triunfalistas, en el anuario del 2019, dijeron que lograron reducir los asesinatos, homicidios, secuestros, tenencia ilegal de armas, etc, sin embargo, la realidad indica que no es así, la percepción de la ciudadanía, lo dice todo, la mayoría desconfía", señala el experto.

GENTE HA DEJADO DENUNCIAR

Cajina expresó que la institución policial pone como logro la reducción de denuncias, pero eso es un grave error.

"Error tanto metodológico como político, las denuncias se reducen por falta de confianza de los pobladores, entonces ahí está el problema, esto hace que sea imposible que podamos tener un mapa completo de la actividad delictiva del país, la ciudadanía ve las denuncias como pérdida de tiempo, dinero y paciencia", señala.

El experto también menciona que aunque la policía gradué más oficiales, estos no le da seguridad a nadie, solo al régimen.

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"Los medios reflejan que ha habido un incremento en la delincuencia y criminalidad, hay un problema de seguridad, hay una preocupación, debemos entender también que la policía fue sancionada y eso ha impactado en el funcionamiento interno y aunque no se pueda medir, también en la capacidad operativa", apunta.

Con respecto a la decisión del régimen de excarcelar a privados de libertad condenados por delitos graves, Cajina opina que esa es una decisión política, no humanitaria.

"Una decisión que tiene otra cara, liberan a criminales, reos comunes y tienen a casi 100 prisioneros políticos, la decisión ni se fundamenta en algo de convivencia familiar. El favor es que los sacan libre y esperan que se lo paguen en unas futuras elecciones, ese es el trasfondo, y esto aumenta los niveles de peligrosidad", concluye.