EE.UU. exige al régimen de Ortega no usar tortura ni la represión para silenciar a opositores

Estados Unidos dijo que utilizará todas las herramientas disponibles para contrarrestar la tortura y la represión en el mundo, y dirigió una advertencia directa al régimen de Daniel Ortega, así como a sus aliados de Cuba y Venezuela.

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  • June 26, 2020
  • 05:53 AM

Estados Unidos dijo que utilizará todas las herramientas disponibles para contrarrestar la tortura y la represión en el mundo, y dirigió una advertencia directa al régimen de Daniel Ortega, así como a sus aliados de Cuba y Venezuela.

En el Día Internacional en apoyo a las víctimas de tortura, Estados Unidos envió un mensaje al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo: Debe abstenerse de usar la tortura y la represión para callar a la oposición.

"Estados Unidos se compromete a utilizar todas las herramientas disponibles para promover la responsabilidad de quienes participan en estas prácticas, que pueden destruir la vida de las víctimas", expresó el Departamento de Estado a través de su portavoz, Morgan Ortagus.

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El gobierno estadounidense aprovechó este viernes para señalar a los regímenes de Irán, China Popular, Corea del Norte y Siria donde la población es sometida a través de diferentes métodos de tortura como flagelación, cegamiento, lapidación, amputación, detenciones arbitrarias, tratos crueles en cárceles, entre otros.

En la deshonrosa lista aparecen Nicaragua, Cuba y Venezuela, a cuyos regímenes el gobierno de Estados Unidos demanda que "se abstengan de usar la tortura para silenciar la disidencia y que cesen la represión autoritaria de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

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LAS PRÁCTICAS DE ORTEGA

Daniel Ortega, en Nicaragua, desde 2018 despliega a policías y civiles armados para reprimir a la ciudadanía que denuncia la corrupción y graves violaciones de derechos humanos. Al menos 328 asesinatos se han cometido desde desde entonces, la mayoría a manos de las células oficiales e irregulares al servicio de Ortega, según han documentado organizaciones de derechos humanos internacionales.

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En junio de 2019, Human Rights Watch presentó el informe Brutal represión: Torturas, tratos crueles y juicios fraudulentos contra manifestantes y opositores en Nicaragua, en el que revela cómo la Policía y bandas armadas afines al régimen "infligieron graves abusos físicos y psicológicos a personas detenidas, que en algunos casos constituyeron tortura".

Entre estos abusos logró identificar que los reos son sometidos a golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas, quemaduras con ácido, simulacros de ejecución, desnudez forzada y remoción de uñas.

También recogió denuncias de violaciones sexuales, "incluso con tubos metálicos y armas de fuego, o amenazas de violación", dice el informe que incluye entrevistas de 12 ex prisioneros políticos de los cuales 11 señalaron haber sufrido uno o más de estos abusos. Asimismo, siete de estas víctimas indicaron haber presenciado abusos similares contra otras 39 personas.

También dijeron que obligan a personas detenidas a grabar confesiones auto incriminatorias obtenidas bajo coerción.

Expresioneros políticos políticos denunciaron que pasaron largos períodos recluidos en El Infiernillo, una celda de castigo del penal de varones donde, según testimonios, son sometidos a tratos inhumanos.

REPRESIÓN, LA NUEVA NORMALIDAD

Desde el año 2018 el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo normalizó la represión en Nicaragua, negando los derechos y libertades a los ciudadanos y atacando a todas aquellas voces opositoras.

Debido a la sistemática violación de derechos humanos en el país, la semana pasada, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidad aprobó una resolución en la que exigió al régimen orteguista cesar la represión y restituir las libertades y derechos fundamentales.

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El organismo mundial acusó Ortega de uso desproporcionado de la fuerza para reprimir las protestas sociales; comisión de actos de violencia por grupos armados, detenciones ilegales, prisión arbitraria, hostigamiento, torturas; y actos de violencia sexual y de género durante la reclusión.

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