Régimen ordena la “donación” de dos propiedades estatales al INSS
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó la “donación” de dos terrenos propiedad del Estado al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS). Las propiedades están ubicadas en Managua y Matagalpa.
La instancia autorizada para hacer el traspaso es Procuraduría General se Justicia que dirige la sancionada Wendy Morales, quien comparecerá junto al presidente ejecutivo del INSS, Roberto López, ante la Notaría del Estado para realizar el proceso.
Los acuerdos presidenciales número 160-2025 y 161-2025, publicados este martes 7 de octubre, en La Gaceta – Diario Oficial, señalan que la “donación” tiene como objetivo “fortalecer la Seguridad Social de todos los nicaragüenses creando políticas y estrategias orientadas a aumentar la cobertura de la seguridad social de los trabajadores y sus familias, y fortalecer la capacidad institucional para fortalecer la ejecución de proyectos”.
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Los dictadores, además, autorizan a Roberto López para que presente ante el Consejo Directivo del INSS, la solicitud de aceptación de la donación de los bienes e inmuebles descritos en el artículo uno del Acuerdo.
La primera propiedad está ubicada en Managua y se encuentra inscrita con el Número Absoluto de Propiedad NAP BI-2L261088, asiento de folio electrónico 1º del Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias de dicho departamento.
En tanto, la segunda está ubicada en Matagalpa e inscrita en los “Números Absolutos de Propiedad NAP: 1. BI-2L261CD1, asiento de folio electrónico 1°; 2. BI-2L261CCS, asiento de folio electrónico 1°; 3. BI-2L261CCF asiento de folio electrónico 1°; y 4. BI-2L261CCM asiento de folio electrónico 1º del Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias” de ese departamento.
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No hay detalles de las propiedades
Ninguno de los acuerdos presidenciales detalla la ubicación exacta y las medidas de las propiedades.
La falta de detalles sobre estas propiedades, sumado al historial del régimen, ha despertado sospechas de que podrían tratarse de bienes confiscados a ciudadanos opositores. Desde 2018, el régimen ha incautado decenas de propiedades pertenecientes a personas críticas del Gobierno, muchas de las cuales fueron posteriormente encarceladas, desterradas y despojadas de su nacionalidad.
Aunque varios opositores han logrado identificar sus antiguos bienes en anteriores donaciones al INSS, la mayoría opta por no denunciarlas públicamente. El temor a represalias contra familiares que aún permanecen en Nicaragua ha sido determinante para mantener el silencio. Esta situación refleja el nivel de coerción bajo el que vive la disidencia nicaragüense, incluso en el exilio.
