La dictadura entrega al INSS 45 propiedades confiscadas
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo autorizó la “donación” de 45 propiedades al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), mediante cinco acuerdos presidenciales, publicados este martes 4 de noviembre, en La Gaceta – Diario Oficial.
De estas propiedades, 40 están ubicadas en el departamento de Rivas, dos en Managua, y en los departamentos de Nueva Segovia, Chinandega y Masaya, una cada uno.
El órgano encargado de realizar el traspaso vía “donación” es la Procuraduría General de Justicia (PGJ) dirigida por la sancionada Wendy Morales, ejecutora de las confiscaciones de la dictadura.
La dictadura señala que las “donaciones” se realizan con la “finalidad de fortalecer la seguridad social de todos los nicaragüenses” y que con ello buscan “fortalecer la capacidad institucional para la ejecución de proyectos”.
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En los mismos acuerdos presidenciales, la dictadura también “autoriza” a Roberto López, presidente ejecutivo del INSS para que “apruebe” y “acepte” la donación de los bienes inmuebles.
No dan detalles de las propiedades
Tal como lo han hecho en ocasiones anteriores, los codictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo no brindan detalles de las propiedades, usan un sistema que no permite identificar las ubicaciones, solo exponen que están inscritas en el Registro Público de la Propiedad Inmueble, Mercantil y de Garantías Mobiliarias de los cinco departamentos donde se encuentran.
Ese método que no permite identificar las ubicaciones de las propiedades ha sido empleado por la dictadura para traspasar los bienes robados a opositores, oenegés y la Iglesia católica.
El pasado 20 de octubre, el régimen también traspasó 31 propiedades al INSS, ubicadas en los departamentos de Managua, Rivas y la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCN).
Opositores han denunciado que muchas de estas propiedades “donadas” al INSS provienen de las confiscaciones perpetradas por el régimen Ortega-Murillo a más de 5 mil organizaciones no gubernamentales canceladas y a personas naturales expulsadas por los codictadores.
En sus 18 años consecutivos en el poder, Ortega ha transferido al menos 577 propiedades a más de una decena de instituciones y alcaldías, consolidando un patrón sistemático de concentración de bienes estatales bajo control de organismos gubernamentales afines al régimen.
