Estados Unidos endurece reglamento para aplicar más sanciones a funcionarios orteguistas

Estados Unidos incorporó la Nica Act al Reglamento de Sanciones para Nicaragua, con lo que se amplía la capacidad de sancionar no solo a los represores de 2018, sino a funcionarios implicados en actos de corrupción y lavado de dinero.  

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves la incorporación de la Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua (Nica Act) al Reglamento de aplicación de sanciones a Nicaragua, con lo que según expertos, estarían preparándose nuevas sanciones a funcionarios orteguistas.  

Esta reforma al reglamento entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Federal este 17 de julio, indicó el Tesoro en su sitio web.  

Con este cambio legal en el reglamento para la aplicación de sanciones, “todos los escenarios de aplicación de sanciones están abiertos”, explica el analista político y exdiplomático José Pallais, de la Coalición Nacional. 

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“No solo estarían basados en el decreto de Trump (que declara la situación de Nicaragua como una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos) sino que incorporan la Nica Act aprobada por el Congreso. Esto fortalece la capacidad de actuar del Departamento del Tesoro con una base legal. Podría estar preparándose para la aplicación de nuevas sanciones”, agrega el experto. 

La Ley de Derechos Humanos y Anticorrupción de Nicaragua, firmada por Trump en diciembre de 2018 tras su aprobación en el Congreso estadounidense, no solo establece el condicionamiento de préstamos para Nicaragua en organismos multilaterales, sino que abarca la imposición de sanciones a funcionarios y exfuncionarios del régimen de Daniel Ortega involucrados en violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, socavamiento de las instituciones democráticas, expropiación de bienes públicos o privados, y arresto o enjuiciamiento de ciudadanos de forma ilegal. 

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La Nica Act además implica la posibilidad de realizar investigaciones sobre la participación de altos funcionarios del régimen en violaciones de derechos humanos, actos de corrupción y lavado de dinero.