La clase política y los empresarios callan ante la escalada de violencia contra las mujeres en Nicaragua
Defensoras emplazan a políticos y empresarios a que se pronuncien sobre la violencia machista y que no la vean como un tema secundario. “A la clase política de este país nunca le han preocupado los derecho de las mujeres”, dice la feminista María Teresa Blandón.
En Nicaragua, como en la mayoría de los países de América Latina, las mujeres tienen que batallar por cada derecho, por cada puesto laboral y hasta por proteger sus vidas. La clase política del país ve hacia otro lado en momentos que la sociedad asiste a “horrendos” crímenes contra las mujeres y niñas, como el registrado recientemente en Mulukukú, Caribe Sur, donde dos menores fueron abusadas y asesinadas por un hombre, reclaman defensoras.
Son las mujeres que lideran las oenegés y las feministas las que alzan sus voces para que el Estado desarrolle políticas públicas con perspectiva de género, y que contribuyan a parar la violencia machista y las desigualdades.
“Hay que sacar esta problemática a otros espacios porque durante muchas décadas se ha querido hacer creer que estos temas son asuntos de las feministas y de las mujeres. Somos las llamadas a denunciar los femicidios, y aunque siempre lo hemos hecho, es hora de que el resto de los actores se pronuncien”, increpa Sandra Ramos, del Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, una de las activistas que luchó porque Nicaragua tuviera una ley que protegiera a las mujeres de cualquier forma de violencia.
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REACCIONES SIN CONTUNDENCIA
Tras los femicidios contra las dos niñas de Mulukukú, DESPACHO505 contactó a dirigentes políticos y empresariales para consultarles si tenían una posición sobre la ola de femicidios que se registran en el país, que según el observatorio de las Católicas por el Derecho a Decidir ya suman 52. Solo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia; Jesús Téfel del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y Léster Alemán, de la Alianza Universitaria de Nicaragua, respondieron.
Michael Healy, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, y Miguel Rosales del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) no atendieron las llamadas ni los mensajes. Tampoco Alfredo César del Partido Conservador.
Tanto Chamorro como Tefel aseguran que las agrupaciones que representa han incluido en sus agendas la violencia de género, y ven con preocupación los crímenes contra mujeres y niñas. La Alianza Cívica en su recién presentada Propuesta de Agenda País dice que “promoverá la igualdad de género, la no discriminación y se combatirá la violencia contra las mujeres, los menores de edad, los pueblos indígenas y afrodescendientes”. Por su parte, la UNAB en el documento “20 puntos que nos unen para una nueva Nicaragua”, indica que se compromete a investigar los crímenes y todas las violaciones de los derechos humanos “incluyendo la violencia basada en género”.
Mientras tanto, Lesther Alemán aseguró que las demandas del sector universitario priorizan restablecer los derechos de los nicaragüenses en igualdad de condiciones para que las calles, barrios, instituciones y universidades sean un espacio seguros para las mujeres.
HACE FALTA ACCIÓN
Pero incluir el tema en las agendas no es suficiente. “Ni la Alianza Cívica, ni la UNAB, mucho menos los partidos políticos han hecho campaña en relación a la violencia contra las mujeres. El único movimiento social que ha puesto en el centro de debate la violencia machista es el grupo de organizaciones de mujeres. Nosotras llevamos el seguimiento de los femicidios, las que denunciamos el abuso sexual y la violación, los embarazos adolescentes. Ningún otro movimiento social ha tenido la denuncia de la violencia machista como un tema principal”, zanja la feminista María Teresa Blandón.
De las organizaciones que surgieron en abril, sólo la UNAB ha condenado desde las redes sociales la violencia de género. Ni la Alianza, la Unidad, los partidos políticos ni gremios empresarial han escrito un solo comunicado que denuncie con contundencia las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.
Las defensoras piden a los políticos y empresarios que se pronuncien sobre la violencia contra la mujer de la misma forma que lo hacen cuando ocurre una detención por razones políticas, o la Policía Orteguista asedia a opositores, por mencionar, y que no circunscriban la violencia sólo a asuntos políticos.
“Si solo pensamos la violencia como la violencia política, no estamos entendiendo la relación que hay entre violencia política y violencia machista. La clase política no lo entiende, ni le interesa entenderla, por eso es que los partidos políticos se ven tan lejanos de la realidad de las mujeres, de las niñas, y grupos discriminados de la sociedad. Esas élites no se ocupan de eso, por eso es que no creemos en partidos, porque la vida de nosotras nunca les ha importado”, señala Blandón.
VIOLENCIA MACHISTA NO HA SIDO PRIORIDAD
Ramos, por su parte, cree que las agendas políticas de las organizaciones, son muy pobres ante la situación que viven las mujeres, niñas y niños. “Cuando llegan a las estructuras de poder hacen muy poco por erradicar estas formas de violencia de género porque muchos llevan interiorizado que las mujeres somos ciudadanas de segunda categoría, y lo vemos en la exclusión de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad”, expone la defensora.
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Desde el día que trascendió el femicidio en Mulukukú, el pasado 13 de septiembre, este medio digital ha monitoreado las páginas oficiales de Ciudadanos por la Libertad, el Partido Conservador y el Partido Liberal Constitucionalista . Sólo el PLC reaccionó el 15 de septiembre con una campaña para prevenir los femicidios, en la que habilitó una línea de ayuda. Se sumó a la etiqueta global #NiUnaMenos.
Juan Sebastián Chamorro, que no reaccionó al tema en su cuentas oficiales como sí lo hace cuando se trata de asedios y detenciones arbitrarias, dijo el 13 de septiembre que la Alianza haría un pronunciamiento “a la brevedad en particular sobre las dos niñas”. “Haremos nuestro pronunciamiento, este tipo de violencia es inaceptable y es parte de la cultura que se debe cambiar”, prometió.
Hasta el cierre de edición de este reporte, no hubo ningún pronunciamiento, aunque el propio 13 de septiembre a las horas de trascender los femicidios la organización opositora retuiteó una nota del diario La Prensa con un mensaje de solidaridad con la madre de las pequeñas. “Esperamos que se haga justicia”.
La UNAB sí se pronunció casi de inmediato y se hizo eco de la leyenda “Las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”. “Nosotros mantenemos un estado de alerta que se combina con las demandas políticas, no están lejos la una de la otra. La impunidad que le otorga el régimen a un paramilitar es la misma impunidad que se le otorga a los agresores, es el mismo problema del sistema judicial”, dice Jesús Téfel.
Mientras tanto, la Alianza Universitaria de Nicaragua (AUN), reaccionó con el mensaje “Justicia para las niñas”, acompañado de una leyenda que alertaba del incremento de los crímenes violentos. A Lésther Alemán se le preguntó si el movimiento ha incluido en su agenda el problema de la violencia de género, pero esquivó la pregunta y respondió vía WhastApp que la organización está en contra del abuso.
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CAMBIO EN EL PAÍS PASA POR NO CALLAR LA VIOLENCIA
El Cosep tampoco reaccionó en sus redes sociales. Su presidente Michael Healy ignoró las llamadas que se le realizaron desde el 13 de septiembre y ayer dejó en visto el mensaje que se le dejó en WhastApp. La última condena pública del Cosep, e inmediata, fue sobre el embargo a Canal 12, el 13 de septiembre.
“Esto tiene que cambiar, si realmente estamos pensando en una nueva Nicaragua, en una nueva Nicaragua con justicia, con democracia, este es un tema que no podemos dejar de lado”, demanda María Teresa Blandón.
El dolor, la muerte y sufrimiento que causa la violencia machista en el país, agrega Blandón, no debe ser un tema secundario. Muchos menos se debe callar.
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