Canal 12 busca revocar embargo ante el juez, está en manos del Estado

La gerencia de Nicavisión S.A, empresa dueña de Canal 12, ha decidido apostar por un proceso judicial para evitar la asfixia económica a causa del embargo promovido por la Dirección General de Ingresos, en reclamo de un reparo fiscal millonario. No existe ninguna garantía de que la justicia actúe en favor del medio de comunicación. Organizaciones vinculados a medios de comunicación independientes observan una maniobra política.

El abogado Tony López, en representación de la empresa que opera el medio de comunicación, introdujo el miércoles un escrito de oposición al juicio y los libros contables en el Complejo Judicial de Managua, con lo que persigue frenar la acción de embargo. El reparo fiscal que entabló la Dirección General de Ingresos (DGI) en contra de Nicavision S.A está soportado en una supuesta deuda de 21 millones de córdobas. Una acción ilegal y arbitraria, calificó el abogado.

López manifestó que con el escrito de oposición y los soportes entregados a Luden Martí Quiroz García, juez Tercero de Ejecución y Embargos de Managua, piden una reducción de la acción. Además, señaló que el valor de los bienes y las cuentas bancarias de Nicavisión S.A. y de su propietario y administrador, Mariano Valle Peters, que mantiene retenidos el Estado supera el monto requerido por reparo fiscal.

“A don Mariano (Valle) se le han embargado más de 50 millones de córdobas... 30 millones más”, de lo que cobran en concepto de ingresos no declarados correspondientes al periodo de 2011 a 2013.

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CANAL 12 PRESENTA PRUEBAS DE SOLVENCIA FISCAL

La gerencia del Canal 12 sostiene que no le debe nada al Estado y expresó una queja por las consecuencias negativas que enfrenta a causa del embargo de los bienes de la empresa y así como de la casa de habitación, vehículos y cuentas bancarias de su propietario. “El Canal está paralizado ahorita, porque simplemente no tiene recursos”, declaró el abogado.

López expuso que la empresa no tiene capacidad económica para pagar el salario a los trabajadores y que entre los bienes embargados se encuentra el edificio donde funciona la televisora, los vehículos, y los equipos.

El representante legal de Nicavisión S.A ha denunciado que la administración de Daniel Ortega "se escuda de manera arbitraria en políticas impositivas para reprimir", espera que el juez cite audiencia y dicte sentencia cuanto antes. "Pensamos que es una agresión a un empresario de un sector tan delicado como es un medio de comunicación", agregó el abogado. Instó a las autoridades reflexionar sobre ese caso.

El abogado insistió en que el reparo de la DGI se funda en ingresos no declarados, no obstante, “nosotros presentamos una constancia de contador público autorizado, que es un documento público, en el cual se certifica que todos los ingresos fueron declarados. La DGI está inventando. No son ingresos, son cuentas de pasivos, pago de deudores, pero no son ventas”.

En el procedimiento administrativo, el judicial tendrá que notificar a la DGI en una audiencia para que se pronuncie sobre la demanda de la empresa propietaria de Canal 12. “Posteriormente, un juez tendría que dictar una citación para una audiencia en la que se debería resolver el caso”, detalló el litigante.

DERECHO A UNA LEGITIMA DEFENSA

Julio López, de la junta directiva de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN), dijo que esperan que el Canal 12 tenga derecho a un proceso apegado a la ley y no según lo que pueda determinar la línea partidaria de los jueces. “El Canal 12 tiene derecho a una legítima defensa”, manifestó López.

No obstante, López manifestó la desconfianza que existe en el sistema de justicia, porque fue convertido en un brazo represor del orteguismo. Los casos de Confidencial y 100% Noticias son dos malos precedentes sobre la actuación de la Justicia nicaragüense contra la prensa independiente, afirmó el comunicador.

“Estos dos medios tienen recursos en el sistema judicial y hasta la fecha no hay ninguna resolución (...) Si estuviésemos ante un árbitro imparcial otro podría ser el resultado”, anotó.

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En tanto, Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, manifestó que el Canal 12 realiza los procedimientos correctos para evitar su asfixia. Sin embargo, coincide en "lo difícil" que es creer en el Poder Judicial que está bajo el total control de Ortega.

“Al no existir separación de poderes (del Estado) todo lo que pueda venir va estar en dependencia de una orden de contenido político”, señaló.

“Es difícil para una institución o una persona natural defenderse contra los embates del Estado, pero no imposible”, agregó Medrano. Criticó la espera de ocho años para requerir el reparo a la empresa de comunicación: “¿Qué estaba haciendo en ese momento la DGI que no hizo el reparo o no corrigió la supuesta evasión fiscal que estaba cometiendo el canal?”.

“La intención es ir cerrando el cerco para los medios de comunicación no oficialistas”, manifestó Medrano, quien declaró que como Fundación demanda el cese de la persecución, hostigamiento y asedio contra medios de comunicación. “Demandamos que cese esa nueva metodología para tratar de clausurar a la prensa independiente”.

¿DE DÓNDE SALDRÁ LA PLANILLA?

Por su parte, el periodista y jefe de prensa de Canal 12, Marcos Medina, informó que todo el personal de prensa, edición y administración están trabajando de forma normal, aunque “no se sabe de dónde va a salir el pago de planilla”.

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“Es una de las principales incertidumbres que se tiene, pero se espera que esto se pueda revertir”, dijo el periodista.

El equipo de prensa de Canal 12 está conformado por 11 personas, entre periodistas, camarógrafos, editores y administradores de redes sociales, detalló Medina.

El lunes, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el embargo al medio de comunicación y acusó a la administración de Daniel Ortega de escudarse "en políticas impositivas para reprimir y silenciar a medios independientes conocidos por su periodismo crítico".

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, también se pronunció en contra de ese embargo, dijo que Ortega está redoblando la represión y que ha terminado convertido en un dictador.

Desde diciembre de 2018 las instalaciones del canal de televisión 100% Noticias y de los medios digitales Confidencial y los programas televisivo que dirige Carlos Fernando Chamorro, permanecen intervenidos. Su ocupación, junto al asesinato de Ángel Gahona y los seis meses de encarcelamiento de los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, hacen parte de una enorme lista de agresiones contra la libertad de prensa.