Oposición pone propuesta de reformas electorales sobre la mesa, Ortega sigue mudo

El Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE) presentó este martes la propuesta de cambios en la legislación vigente que fue consensuada entre organizaciones políticas y civiles de la oposición y que -desde su perspectiva- son esenciales para lograr el retorno a la democracia en el país a través de las urnas. Para la oposición esta es una carrera contrarreloj, ya que la convocatoria a elecciones generales está prevista para enero del 2021 y es Daniel Ortega quien tiene el voto calificado que se requiere para llevarlas a cabo.

La propuesta consta de 12 reformas a la Ley Electoral y cuatro a la Constitución que garantizarían transparencia en los comicios que, según la ley, deberían celebrarse en noviembre del año entrante.

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Desde que Daniel Ortega retomó el poder en 2007 mantiene un férreo control sobre el órgano electoral, que acumula el mayor récord de señalamientos por fraude. La reforma está enfocada en sanear el Consejo Supremo Electoral y que se cumpla con la "presencia irrestricta de observadores nacionales e internacionales independientes" para restablecer "la transparencia y garantías electorales", explicó el constitucionalista Gabriel Álvarez durante la presentación del consenso.

Álvarez, miembro del GPRE, subrayó como los puntos medulares de la propuesta el cambio de magistrados electorales, la prohibición de la reelección de presidente y vicepresidente y la inhabilitación a optar a un cargo público del cónyuge de quien ocupe la presidencia de la República.

"NO VAMOS ACEPTAR FARSA ELECTORAL"

Estas reformas deben hacerse antes que finalice el año, pero el experto no quiso opinar de lo que pasaría si Ortega no acepta los cambios que ellos contemplan. “Cuando hay voluntad política siempre se pueden resolver los problemas por difíciles que sean. Es exigente desde el punto de vista técnico y político aprobar esto en diciembre y noviembre a más tardar”, declaró.

Por su parte, Violeta Granera, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), organización que forma parte de la Coalición Nacional, dijo que trabajarán un plan de acción para exigir que las reformas electorales se logren.

“No vamos a apoyar una farsa electoral”, sostuvo.

La dirigente de la UNAB considera fundamental que se defienda el respeto al voto popular. “Habrá un proceso transparente o las cosas van a terminar mal”, advirtió. También señaló que los cambios son una demanda y que Ortega "no va a regalar nada, lo único que regala son balas, pero vamos a defender, promover y pelear estas reformas".

Las reformas a la Constitución deben ser aprobadas por dos tercios de los diputados, en dos legislaturas, facultad que en la actualidad solamente tiene el FSLN que dispone de 72 de los 91 votos en la Asamblea Nacional.

A inicios del presente año legislativo Gustavo Porras había anunciado reformas a la Ley 331, Ley Electoral, -vigente desde el 19 enero del 2000, después del pacto Alemán-Ortega- pero hasta la fecha no han dado el paso.

LAS DEMANDAS DE LA OPOSICIÓN

Además de fortalecer el Consejo Supremo Electoral (CSE) mediante la elección de nuevos magistrados, la reforma busca despartidizar y ciudadanizar el nombramiento de integrantes de los órganos electorales.

Las organizaciones acordaron promover que se cree un único padrón electoral y otorgar cédula de identidad a todos los ciudadanos de acuerdo con la Ley Electoral y la Ley de Identidad Ciudadana.

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Incluyen que se garantice el derecho al voto en el exterior y que haya fiscalización total y efectiva del proceso de votación. Proponen que el CSE emita resultados parciales y totales en tiempo real en su portal web y que haya acceso al 100% de los actas escrutadas de cada Junta Receptora de Votos, con reglas claras para reclamos.

LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES

Para reconocer la legitimidad de los electos, los opositores proponen establecer como umbral electoral el 50% de los votos más 1 voto para ganar las elecciones, y de no ser alcanzado por los aspirantes ir a la segunda vuelta.

Añaden reformas para adelantar las elecciones municipales y regionales de la Costa Caribe, para que coincidan con las nacionales, con garantía de respeto a su organización y resultados.

El documento hecho público por la oposición fue acompañado de la demanda a Ortega a reactivar las relaciones con la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos para contar con apoyo técnico electoral, "así como la incorporación de recomendaciones de organismos nacionales e internacionales de observación electoral, como la Unión Europea y la OEA".

En agosto de 2019, la Secretaría General de la OEA ante el Consejo Permanente reveló que el régimen de Daniel Ortega desde el 28 de julio de ese año busca el respaldo de ese organismo para emprender reformas electorales en el marco de los acuerdos firmados entre ambas partes el año 2017, y cuyo plazo se venció en febrero de este año.

El documento fue firmado por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la Unidad Nacional Azul y Blanco, el Movimiento Campesino Nicaragüense, el Partido Restauración Democrática (PRD), Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), el partido indígena Yatama, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), el sector estudiantil y juvenil de la Unidad Nacional y el sector joven del Movimiento Campesino.