Jueza deja acéfala la alcaldía de Wiwilí "con el mismo guión" usado para apartar a la alcaldesa

Desde el 25 de septiembre la alcaldía del municipio de Wiwilí, del departamento de Jinotega, quedó acéfala por instrucciones de la juez  Diana Jarquín Valle, titular del juzgado Local Penal de este departamento, la misma que en junio pasado separó de su cargo a la alcaldesa Reyna Hernández Mairena.

La alcaldesa, militante Partido Liberal Constitucionalista (PLC), fue apartada de su cargo el 13 de junio del presente año con un fallo de culpabilidad por el delito de desacato a la autoridad en perjuicio de la administración de justicia  y de  36 exempleados de la municipalidad que reclaman una indemnización que supera los 16.5 millones de córdobas. El caso lo cerró el 10 de agosto al emitir una sentencia en la que orientó al Consejo Supremo Electoral inhabilitarla por un período de dos años.

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La vacante fue asumida por el vicealcalde Manuel Blandón Zamora, de 26 años y también de filiación liberal, el 15 de junio y en menos de tres meses -el 25 de septiembre- fue suspendido "temporalmente" por la jueza. El motivo: deberá enfrentar el mismo proceso penal que le costó el cargo a su antecesora.

CARGO EN PAUSA COMO MEDIDA CAUTELAR

El vicealcalde está citado a juicio el próximo 5  de octubre y confirmó a DESPACHO505 que la municipalidad permanece acéfala, porque la judicial le decretó "la suspensión del cargo como medida cautelar".

El proceso penal en contra de los funcionarios municipales de Wiwilí surgió luego que 36  extrabajadores solicitaran un pago de 16, 538, 128 córdobas en concepto de liquidación.

Tanto el Ministerio de Trabajo como la Juez Aída López Henríquez, titular del Juzgado de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte fallaron a favor de los extrabajadores afines al partido de FSLN y el 23  de abril embargaron a la municipalidad.

La juez laboral, también orientó embargar la camioneta que tenía asignada la alcaldesa y ordenó al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico retener las transferencias municipales.

Al no poder pagar la millonaria indemnización,  en el mes de  mayo el caso pasó al Juzgado Local Penal de Jinotega  donde la alcaldesa fue citada como acusada.

NO HAN ACEPTADO NEGOCIACIÓN

“Desde un inicio hemos  estado dispuestos a pagar las indemnizaciones a los 36 extrabajadores, conforme a lo que por Ley les correspondía, pero ellos al ir al Mitrab alteraron  sus prestaciones de casi 2 millones de córdobas a casi 17 y esa cantidad es impagable, peor  con el congelamiento de  las  transferencias  municipales", explicó Reyna Hernández.

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Dijo que el pago  de las prestaciones totalizaba 1, 633, 959 de córdobas, pero que los denunciantes rechazaron esa cantidad, así como otros ofrecimientos de acuerdo.

“Unos renunciaron, otros fueron despedidos, pero a como haya sido, nunca se les negó la responsabilidad de pagarle sus prestaciones; sin embargo inflaron el monto y obligarnos a pagar esa suma millonaria es como robarle al pueblo de Wiwilí,  que es el que paga sus impuestos”, manifestó.

La exalcaldesa señala directamente al FSLN de estar detrás de estos procesos judiciales con la pretensión de apoderarse de la alcaldía de Wiwilí, porque es la segunda en importancia del departamento de Jinotega.

“El guión que me aplicaron a mí es el mismo que le van a recetar al vicealcalde”, refirió Hernández, quien asegura que la población empieza a mostrar preocupación por lo que está sucediendo.

Hernández asegura que llegó a la alcaldía de Wiwilí representando al PLC a través del voto mayoritario en las elecciones municipales del 2017, "sin robarse un solo voto", y que el triunfo les costó sangre, porque el  mismo día de los comisiones asesinaron a un fiscal del partido, por lo que hizo un llamado a "respetar la voluntad popular y erradicar el odio".

JUEZA LE DIO TRES DÍAS PARA PAGAR

Por su parte, Manuel Blandón Zamora relató que tras asumir el cargo de alcalde la juez  Local Penal de Jinotega  le dio un plazo de tres días para pagar la indemnización que reclaman los extrabajadores, por lo que al no poder cumplir con la resolución terminó acusado por desacato a la autoridad.

“Ellos (ex trabajadores), rechazaron  una propuesta de entregarles un adelanto de 5 millones de córdobas y pagarles el resto entre el 2021 y 2022, pero hicimos otro ofrecimiento que por el  momento no ha sido aceptado ni rechazando y, al menos, es una buena señal porque la están estudiando”, comentó.

Agregó que nunca han negado la obligación de cumplir el pago de las prestaciones "y tenemos  herramientas para demostrarlo en juicio”.

Lamentó que debido a la situación a la que él y su antecesora enfrentan la municipalidad se encuentra sin representación legal, la responsabilidad operativa ha recaído en la administradora bajo la supervisión de los 13 concejales del PLC.

“De hecho esto ha creado inestabilidad  y no se puede funcionar con normalidad,  ya que al estar sin representante se paraliza la  emisión de cheques,  las compras y contrataciones de la Unidad de Adquisiciones, así como el pago de la planilla de los trabajadores. También se va enfrentar dificultades para hacer un convenio ce pago con el INSS”, indicó el funcionario municipal.

 Agregó que actualmente la alcaldía sólo ejecuta pequeños proyectos con el módulo de construcción de la municipalidad y la ayuda de pobladores que colaboran con combustible y la alimentación de los trabajadores.

“Con todo  lo que está pasando la  gente tiene preocupación y no es para menos este municipio es extenso  y por el momento la ley no prevé quién deba suplirme", finalizó.