"Ley de Ciberdelitos" del régimen de Ortega avanza en la Asamblea Nacional

El régimen de Daniel Ortega no ha dado señales de echar marcha atrás con su Ley de Ciberdelitos, conocida como “Ley mordaza”, pese al rechazo manifestado por la sociedad civil, organizaciones opositoras y la comunidad internacional.  La iniciativa fue presentada este miércoles ante el plenario del Parlamento y los diputados del Frente Sandinista la remitieron a comisión para su análisis y consulta.  

“La Junta Directiva de la Asamblea Nacional remitió hoy la Iniciativa de Ley Especial de Ciberdelitos a la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, que conjuntamente con las Comisiones de Educación e Infraestructura realizarán las correspondientes consultas y dictamen de la misma”, informó el Parlamento.  

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Una vez concluido el proceso de análisis y consulta de la Ley, la misma sería remitida al plenario para ser sometida a votación y aprobación por parte de la bancada sandinista que cuenta con la mayoría de votos en la Asamblea. 

LOS ALCANCES DE LA LEY 

Esta iniciativa prevé condenar con hasta seis años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada “que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella”. 

Además, se contempla cárcel para todo aquel que difunda, lo que, a criterio del régimen, sea considerada una “noticia falsa”.   

Abogados consultados por DESPACHO 505 consideran que la iniciativa de Ley de Ciberdelitos, junto a la propuesta de reforma a la Constitución para imponer la cadena perpetua en el país, y la Ley de Agentes Extranjeros son peligrosas, ambiguas, muy generales, inconstitucionales y armas legales con las que se busca, principalmente, acallar a la oposición y sembrar miedo.   

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El artículo 30 de la iniciativa establece que en Nicaragua también será castigada la propagación de “noticias falsas” a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

“Quien, usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación publique o difunda información falsa y tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella, a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días multa”, indica la propuesta.  

“Con la aplicación de estas leyes es como estar ciego, sordo y mudo al estilo Shakira y eso no es saludable para el estado. Cando el ciudadano no se puede expresar y se le están limitando sus derechos, eso es como una olla de presión y eso no es recomendable”, critica Julio Montenegro de los Defensores del Pueblo.