Parlamento Europeo a Ortega y Murillo: Paren leyes o llegan más sanciones

La crisis de Nicaragua será nuevamente objeto de debate en el pleno del Parlamento Europeo. Esta vez ante la alarma que genera la eventual aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros. De la sesión de mañana jueves 8 de octubre saldrá una resolución que si bien no ha sido unificada, incluiría un pedido al Consejo Europeo de ampliación de sanciones al régimen Ortega -Murillo. La resolución enviaría otra fuerte advertencia: deben frenar las leyes y reformas que cercenan los derechos y libertades de los nicaragüenses y mostrar voluntad real para negociar reformas electorales o también arriesgarían la permanencia de Nicaragua en el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea (UE).

Si bien el debate está centrado sobre la propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, que supone un control absoluto y totalitario sobre sobre el conjunto de la sociedad, "mediante el seguimiento de todas sus actividades con especial énfasis en los ámbitos político, laboral y económico"; también se abordará el peligroso combo legal que en las últimas semanas se han hecho públicos con la venia de El Carmen: la Ley Especial sobre Ciberdelitos y las reformas constitucionales y penales para establecer la pena de cadena perpetua, ambas consideradas peligrosas para la oposición, defensores de derechos humanos, medios de comunicación y la ciudadanía en general.

De momento, los grupos parlamentarios han presentado cinco propuestas de resolución, todas coincidentes en la petición al Consejo que de ser aprobada la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la cadena perpetua se amplíe de manera inmediata la lista de personas y entidades sancionadas, comenzando por Ortega y Murillo.

El pasado 4 de mayo, el Consejo de la Unión Europea emitió sanciones contra seis funcionarios del régimen de Daniel Ortega señalados de violaciones de derechos humanos y corrupción.

Las sanciones, a las que se plegó Reino Unido, alcanzaron a la exministra de Salud, Sonia Castro, Néstor Moncada Lau, asesor en seguridad; y a los comisionados generales Francisco Díaz, Ramón Avellán , Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina.

MÁS CONTROL Y PERSECUCIÓN

La Ley de Agentes Extranjeros fue presentada el 22 de septiembre de este año ante la Asamblea Nacional por diputados de la bancada sandinista, que por mayoría controla ese Poder del Estado, y por lo tanto no tienen ningún impedimento para aprobarla. Sin embargo, los parlamentarios europeos buscan con esta resolución que el régimen de Nicaragua eche pie atrás.

En esta iniciativa de Ley los europarlamentarios encuentran una clara intensión de controlar y criminalizar a las personas o entidades jurídicas que dependen de intereses o financiación del exterior ya que a discreción se podría determinar que dicha financiación tiene como fin interferir en los asuntos internos del país. Incluso,  esta podría afectar directamente a la cooperación de la Unión Europea en el país y a las personas vinculadas a intereses europeos", advierten los diputados del Grupo S&D en su moción B9‑0318 / 2020.

En tanto, los integrantes del Grupo Verts / ALE consideran que "al vincular la propuesta a los objetivos de lucha contra el terrorismo y el blanqueo de capitales, se deja a las autoridades nacionales una discrecionalidad significativa para definir la interferencia percibida; que esto puede conducir a situaciones graves de criminalización ilegal de organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de los derechos humanos".

Todas los grupos advierten que Nicaragua se enrumba a legalizar "restricciones inaceptables a los derechos a la libertad de asociación, de expresión y de religión" y que se fabrican instrumentos legales para endurecer la represión contra ciudadanos y organizaciones de derechos que reciben apoyo financiero de la cooperación internacional "y que pueden resultar en confiscación y penas de prisión de hasta 15 años si no cumplen con los requisitos de registro" ante el Ministerio de Gobernación, que ejercería como el máximo fiscalizador de sus actividades.

"En vista de los continuos abusos y violaciones graves de los derechos humanos, si se aprueban la Ley de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Delitos Cibernéticos y la Ley contra los Delitos de Odio; y continúa la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, solicita al Consejo Europeo, incluidos el Presidente y el Vicepresidente, que dicte de inmediato sanciones individuales severas y de gran alcance contra el régimen de Ortega, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo nicaragüense, plantea la Moción B9‑0320 / 2020 impulsada por el Grupo Popular Europeo, el más numeroso y antiguo de los que integran la Eurocámara.   

La propuesta del Grupo Renew del que es miembro el español José Ramón Bauzá, una de las voces más críticas al régimen en Europa, propone además de las sanciones y exigencia de diálogo, que "a la luz de las circunstancias actuales", se active la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación que exige que todos los socios comerciales de Europa respeten los derechos humanos y la democracia. En caso que esas garantías se incumplan se abre la puerta a rescindir el acuerdo comercial.

LLAMAN A NEGOCIAR REFORMAS ELECTORALES

El pasado 25 de septiembre, Bauzá dijo que la intervención Europea “es la última oportunidad para salvar lo que queda de democracia en Nicaragua”, porque la Ley de Agentes Extranjeros está dirigida a bloquear a figuras de la oposición en las Elecciones de 2021 y limitar gravemente la labor de los medios independientes en Nicaragua.

La advertencia a Ortega y Murillo para que desistan del paquete de leyes que complica la salida a la crisis sociopolítica que padece el país desde abril de 2018, incluye un llamada a abrirse al diálogo y cooperar para negociar con los grupos de oposición las reformas electorales e institucionales que den garantías de que las elecciones programadas para noviembre del 2021 sean justas, creíbles, inclusivas, transparentes y observadas internacionalmente.

Sobre ese particular, el Grupo S&D incluye en su propuesta que el Consejo Europeo, Comisión y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) "evalúen de cerca la voluntad" de Ortega a iniciar ese diálogo y "en caso de que la evaluación sea negativa a finales de 2020, pide al Consejo que amplíe la lista de personas que deben ser sancionadas".

Ven con "preocupación que el parecido entre el proyecto de ley de agentes extranjeros nicaragüense y una ley similar adoptada por Rusia en 2012 sugiere el trasplante de marcos jurídicos autocráticos".

También el Grupo ECR solicita a la Unión Europea que siga de cerca los acontecimientos antes de las elecciones del próximo año y que continúe apoyando a los medios de comunicación independientes y a la sociedad civil.