Defensoras: La vida de las niñas y las mujeres no es prioridad para la Policía

Que la Policía Orteguista se pronuncie sobre un crimen contra una niña de cuatro años, diez días después de ocurrido, es visto por la Red de Mujeres Contra la Violencia como una señal de que a la institución de seguridad pública no le importa la vida de las niñas y mujeres nicaragüenses.

“La Policía con este actuar de retardación de 10 días sobre el femicidio de la niña, muestra que ellos valoran otras cosas como prioridades que la investigación en tiempo real de este femicidio tan doloroso. Esto demuestra que la vida de las niñas y las mujeres no es prioridad para ellos, reforzando la impunidad en los casos”, denuncia el enlace nacional de la Red, Maryce Mejía. 

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La menor fue abusada sexualmente en dos ocasiones y ultimada a escobazos por un tío materno y su pareja, una joven de 20 años. La niña fue asesinada el pasado 26 de septiembre. Al día siguiente la Policía tuvo conocimiento del caso al recibir el reporte del velatorio de la menor sin conocer las causas que la habrían llevado a la muerte.

Equipo técnico conformado por investigadoras de la Comisaría de la Mujer, peritos de criminalística y médico forense acudieron al lugar, realizaron inspección, fijación fotográfica de la escena y recolectaron muestras de fluidos corporales para realizar peritajes químico y biológico, pero la institución no informó sobre el caso.

“El cuerpo examinado por médico forense del departamento de Matagalpa, dictaminó como causa de muerte: trauma cráneo encefálico severo, presentando además signos de violencia y agresión sexual de reciente data”, descartando así una muerte natural indica el informe policial presentado este martes sin una explicación sobre la razón del silencio institucional.

Para Mejía, la Policía, como institución garante de los derechos de las niñas y mujeres, no está preparada en lo más mínimo para atender de manera especializada la violencia machista. “Notablemente no están actuando de acuerdo con la Ley 779 (Ley integral contra la violencia hacia las mujeres) ni el Código de la Niñez y Adolescencia, que son los instrumentos específicos para garantizar protección a las niñas”, agrega.

Sin embargo, ese retraso para pronunciarse sobre un caso no es nuevo, reconoce Mejía. “Llevan años sin atender esta problemática, con la desaparición de las Comisarías, con las reformas a la Ley 779, con los indultos, se evidencia que no hay importancia para erradicar este problema tan grave. Y no sólo la Policía, si no todas las instituciones de la ruta crítica de acceso a justicia no están actuando como dice la ley”, denuncia.

Ante eso, consideró que las mujeres y niñas de Nicaragua están ante un Estado acéfalo que no les da opciones para erradicar la violencia. “Este actuar les permite a más femicidas seguir cometiendo crímenes atroces sobre los cuerpos y la vida de las niñas”, concluye. 

LOS HECHOS 

Pedro Pablo Dávila Hernández (tío de la niña) y su cónyuge Fanny del Carmen Pérez Zelaya fueron presentados como autores confesos del crimen y serán procesados por el delito de homicidio, y en el caso del tío, además se le imputará el delito de violación. La Policía concluyó que ambos castigaban a la niñita físicamente, golpeándola con fajas, varas de café y palos de escoba, “porque era muy malcriada”.

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El día sábado 26 de septiembre ambos golpearon a la niña con palos de escoba y una vara de café, cayendo al suelo desmayada, le echaron agua y luego la llevaron a su cama, percatandose posteriormente de que estaba muerta. “Pedro Pablo Dávila Hernández agredió sexualmente a la niñita en dos ocasiones”, sostiene la Policía.

La Red de Mujeres del Norte suscribió la semana pasada un comunicado emitido por otras organizaciones de esa región, entre ellas el Movimiento de Mujeres Líderes Lidia Espinoza, en el que alerta de un aumento de los femicidios, 61 hasta la fecha, según registros de Católicas por el Derecho a Decidir.

“Nosotras como mujeres rurales organizadas estamos denunciando que  este caso se ha mantenido en el silencio, sin información por parte de las instituciones, lo que muestra desprotección estatal sobre todo del sistema judicial, además de la falta aplicación de la Ley 779”, expresaron.