Wiwilí otra vez se queda sin alcalde por fallo judicial

Desde el jueves 8 de octubre de este año Manuel Blandón Zamora quedó inhibido para ejercer como alcalde del municipio de Wiwilí por un periodo de dos años. A ese cargo llegó hace dos meses, en reemplazo de Reyna Hernández Mairena, quien también fue vetada para ocupar el cargo público.

Blandón Zamora, de 26 años, fue condenado por el delito de desobediencia de autoridad por incumplir un pago millonario que reclaman extrabajadores muinicipales. La misma condena que recayó sobre Henández Mairena en julio de este año, cuando él ejercía como vicealcalde.

La sentencia condenatoria 211- 2020 emitida el 8 de octubre por la juez del Juzgado Local Penal de  Jinotega,  Diana Isabel Jarquín Valle, señala que Blandón permanecerá inhabilitado de sus  funciones hasta  el 9 de octubre del 2022 y que, además, deberá pagar 150 días multas que “corresponden a la cantidad   de  cien  mil,  cien  córdobas, con  cien centavos”.

Blandón Zamora fue sentenciado a esta pena tres días después de ser declarado culpable por supuestamente incurrir en el delito de desobediencia de autoridad. Durante el proceso se le atribuyó que  incumplió con una resolución judicial que ordena  pagar  a  36 extrabajadores de la alcaldía de Wiwilí una indemnización laboral que asciende a C$16.538.128,93.

Con este fallo, la judicial  deja oficialmente a la  alcaldía de Wiwilí sin autoridad,  ya que tanto los dos funcionarios que resultaron electos en los cargos de alcalde y vicealcalde han sido declarados culpables por no pagar la millonaria indemnización laboral, sin que sea considerada la falta de capacidad económica de la municipalidad para hacerlo efectivo.

ASÍ COMENZÓ LA HISTORIA

La  primera en enfrentar la demanda laboral fue Reyna Hernández Mairena, quien resultó electa alcaldesa en las elecciones municipales del 2017,  siendo candidata  del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) en fórmula con Manuel Blandón Zamora.

Con ese triunfo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional tuvo que entregar la  municipalidad a las nuevas autoridades edilicias en enero del 2018, pero  en los primeros meses,  la alcaldesa suspendió los contratos laborales de varios trabajadores y otros renunciaron.

Los extrabajadores, inconformes con las prestaciones sociales, el 18 de agosto del 2018 demandaron por la vía administrativa a Hernández Mairena ante las oficinas del  Ministerio del Trabajo de Jinotega (Mitrab).

El Mitrab falló a favor de los extrabajadores,  y al no llegar a un acuerdo satisfactorio, el caso pasó al Juzgado de Distrito Laboral de la Circunscripción Norte que dirige la juez  Aída López Henríquez.

La juez laboral, también resolvió el caso a favor de los extrabajadores  y el 10 de octubre del 2018 emitió la sentencia  en la que ordena  pagar la millonaria indemnización y en apelación  el tribunal laboral nacional, ratificó la resolución judicial.

Al no cancelar los 16. 5 millones de córdobas, la Fiscalía el  20 de mayo de 2020 acusó a Hernández Mairena  por desacato de autoridad ante la jueza Diana Isabel Jarquín Valle, quien el pasado 28 de julio la declaró culpable.

Tres días después, la jueza dio a conocer una sentencia que inhabilitó a Hernández Mairena de ocupar la titularidad en la Alcaldía por un período de dos años y la obligó a pagar una multa  de C$100.000.

En medio del proceso, la judicial suspendió a Hernández  Mairena del cargo -el 13 de junio- por lo que el vicealcalde, asumió su lugar, sin imaginar que le aplicaría el mismo guión para destronarlo de la silla edilicia.

Manuel Blandón Zamora asumió como alcalde en funciones el 3 de julio  y seis días después, recibió un exhorto en el  que la juez laboral le notificó la obligación del pago a los extrabajadores en un plazo de 72 horas. Al incumplir con la resolución judicial fue iniciado el proceso judicial que lo ha dejado fuera de la Alcaldía.

JUICIO ES UN TEATRO, DICE DEFENSOR

Víctor Herrera, abogado de Blandón, catalogó  el proceso como "una obra teatral, donde el guion fue escrito por un asalariado del  comandante (Daniel Ortega)”.

Explicó que al momento de valorar  las pruebas la jueza no se mostró imparcial y obvió documentos y la versión de  peritos que demostraban que  el alcalde en funciones estaba legal y financieramente imposibilitado de pagar los 16,5 millones de córdobas.

“Al momento que le llega la notificación  que indica que tiene cumplir con el pago en tres días, él no podía hacerlo por sus pistolas, porque no estaba  autorizado por el Concejo Municipal, ni se había reformado el presupuesto,  ni la municipalidad contaba con fondos”, argumentó.

 A la  vez, detalló que el alcalde realizó dos propuestas de pago, una que contemplaba  pagar la suma reclamada en un periodo de tres años, pero que fueron rechazadas por la contraparte y la  juez la catalogó como "fuera de plazo" porque quedaría de herencia al futuro gobierno municipal.

“A la juez también se le demostró en juicio que a Blandón  no se  le podía imponer una multa similar a la de la alcaldesa, porque su salario era inferior  y aun así le estableció el mismo monto”, concluyó Herrera.