Ortega recrudece la represión contra opositores

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han recrudecido la represión en el país, a medida que se acercan las elecciones generales de 2021. Pese a los llamados de la comunidad internacional y las sanciones de Estados Unidos y Europa, Ortega se empeña en continuar violentando los derechos de los nicaragüenses.

Muestra de que el país ha entrado a una nueva escalada de represión son las detenciones y asedios, y la militarización  este fin de semana en Norte de Nicaragua, donde la oposición se desplegó para organizar a sus bases. En Masaya, hace dos semanas, turbas orteguista, al amparo de la Policía, agredieron a la periodista Verónica Chávez, esposa del exreo político Miguel Mora. El domingo pasado La Policía Orteguista se desplegó en Estelí y Madriz y retuvo a los líderes Félix Maradiaga, del Consejo Político de la UNAB, y Medardo Mairena, del Movimiento Campesino.

“El régimen Ortega - Murillo se está debilitando y no tienen otra opción más que recrudecer  la represión,  caracterizada por la  violación de los derechos humanos, propia de los gobiernos totalitarios como Ortega, por tanto debemos  documentar esas violaciones  y denunciarlas  ante la comunidad internacional”, asegura Gonzalo Carrión, de Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.  

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A criterio de Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), las medidas represivas impulsadas por la dictadura dejan en evidencia la frustración del régimen ante las sanciones internacionales y la presión social  que se vive  en el país. Añade  que los hechos represivos  se intensifican  cuando se aprueban  sanciones internacional  o cuando se realizan sesiones de la Organización de Estados Américanos (OEA), tal cómo ocurre en estos momentos donde  se lleva a cabo de manera virtual la 50 Asamblea General de la OEA.

“La presión internacional es un tema que le preocupa a la dictadura, pero también el trabajo organizativo territorial de las fuerzas de oposición,  se sienten acorralados  y no tiene otra opción más que  intentar  minimizar las actividades de la Coalición Nacional, intentar dividirnos  y no permitir que nos organicemos fácilmente en los territorios de la manera que lo estamos haciendo, porque son conscientes del poder organizativo del pueblo de Nicaragua”, enfatiza Dávila.

LAS SANCIONES

La Administración de Donald Trump sancionó a inicios de octubre a la fiscal general de Nicaragua, Ana Julia Guido, a Paul Oquist, secretario privado para Políticas Nacionales de la Presidencia, así como a la Caja Rural Nacional (Caruna) por "permitir y beneficiarse de las actividades represivas" del régimen. El Parlamento Europeo también aprobó una resolución en la que pide al Consejo Europeo sancionar a Daniel Ortega y Rosario Murillo.

La represión con el paso del tiempo y a medida que se acercan las elecciones en el país se recrudecen más, advierten los opositores. Ortega intenta a toda costa evitar cualquier forma de protesta y organización, sin embargo, según las dirigencias políticas, está fallando.

José Dávila, delegado de la Alianza Cívica ante la Coalición Nacional, expresa que el régimen parece haber perdido la brújula de su mandato, y estar decidido a cerrar los espacios de desenvolvimiento democrático, “para  encaminar el país hacia un sistema cerrado, con una sociedad sometida  bajo sus leyes”.

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Desde su punto de vista, el régimen  está  asesinando el pluralismo político, e intenta extinguir la libertad de expresión e información.

Para los opositores de la dictadura Ortega- Murillo bajo estas condiciones no se pueden convocar a elecciones en el país. 

“Sin condiciones no pueden haber elecciones, y parte de los puntos que estamos demandando  es el cese la represión,  la liberación de los presos políticos y en ese tono demandamos  a la OEA se pronuncie ante la crisis que vive Nicaragua,  porque es imposible salir a votar con los niveles de inseguridad y violación de derechos humanos que tenemos en estos momentos”, enfatiza Dávila, miembro de la Unidad Nacional.

En abril pasado, Nicaragua entró a una nueva etapa de represión estatal, advirtió entonces Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a dos años de iniciadas las protestas en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

El organismo americano alertó que ha constatado la consolidación de una quinta etapa de la represión estatal, caracterizada por la intensificación de actos de vigilancia, hostigamiento y represión selectiva contra personas consideradas como opositoras al Gobierno, así como hechos de violencia en zonas rurales y contra comunidades de pueblos indígenas.

Por su parte Ramón Dávila de la Alianza Cívica asegura que no se pueden convocar a elecciones bajo estas circunstancias. 

“En un periodo no mayor a  30 días el Gobierno tendría que anunciar un paquete de reformas electorales  que garanticen elecciones transparentes, con garantías que se va respetar la voluntad popular”, concluye Dávila.