Cadena perpetua en Nicaragua podría ser aprobada en menos de 60 días

La iniciativa de reforma parcial a la Constitución para establecer la cadena perpetua para "crímenes de odio" en Nicaragua llegó finalmente el jueves a la Asamblea Nacional. La misma es parte del paquete legislativo calificado como nocivo para el país, ya afectado por un severa crisis de violaciones de derechos humanos cometidos por el oficialismo, y podría ser aprobada en un plazo menor a 60 días "por tratarse de un solo artículo".

El proyecto, respaldado con las firmas de los 70 diputados sandinistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, propone reformar el artículo 37 de la Carta Magna que fija en 30 años la pena máxima en Nicaragua, confirmó a periodistas el diputado opositor Maximino Rodríguez.

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Ese artículo establece que "no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años", límite que sería derogado con la reforma constitucional, explicó.

La reforma para implantar pena de cadena perpetua en Nicaragua fue una orden de Daniel Ortega, según los confirmó su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, el 14 de septiembre de 2020. La propuesta la presentó como una respuesta para castigar a los autores de crímenes, como el que días antes un sujeto había cometido contra dos hermanitas de 10 y 12 años en Mulukukú.

EL PELIGRO DE LA FIGURA DE CRÍMENES DE ODIO

La sancionada funcionaria que el objetivo de "penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes que no corresponden a la cultura nicaragüense", lo cual activó de inmediato las alarmas porque desde 2018 cuando estallaron protestas contra Ortega, la narrativa oficial ha acusado de cometer "crímenes de odio" a los opositores.

Si bien Murillo puso como ejemplos de "crímenes de odio" el asesinato de las niñas de 12 y 10 años, así como el de dos mujeres, ocurrido en septiembre, no estableció una definición y en discursos posteriores, tanto ella como Ortega, han revelado que puedan usar esa figura con fines políticos.

La Coalición Nacional ha dicho que esa propuesta de cadena perpetua, más la ley de ciberdelitos, y la de agentes extranjeros, "son claras muestras de la radicalización de la represión y el cierre de los espacios políticos por una dictadura cada vez más represiva y violatoria de los derechos de los nicaragüenses".

ES INTRUMENTO PARA REPRIMIR

El bloque que trabaja por constituirse como la gran fuerza política que enfrente a Ortega en las elecciones de noviembre 2021, las ha catalogado como una "nueva modalidad de represión", en el marco de la grave crisis que vive el país desde abril de 2018.

Según los opositores, Ortega está promoviendo leyes que serán usadas contra sus oponentes, críticos y prensa independiente, con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas.

José Pallais, jurista y expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, considera que el objetivo "no es buscar justicia, es buscar venganza política". "Es una forma más de represión. Está aprovechándose del drama de las mujeres”, dijo en declaraciones a DESPACHO 505.

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Las mismas defensoras de derechos humanos han cuestionado la medida, pues consideran que no es una solución a la violencia que viven las mujeres nicaragüenses.

"Hay unos cuantos pelagatos que se oponen a la cadena perpetua para los criminales y por algo será", es una de las respuesta que ha expresado Murillo para descalificar a los críticos. La vocera oficialista aseguró a inicios de esta semana que 2,7 millones nicaragüenses han respaldado con su firma la iniciativa de reforma parcial a la Constitución y una enmienda al Código Penal para que se permita aplicar la prisión perpetua en Nicaragua.

CONFORMAN COMISIÓN ESPECIAL

El diputado Maximino Rodríguez dijo que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional propuso de inmediato el nombre de los diputados que integrarán la comisión especial que se encargará de consultar, estudiar y dictaminar esa propuesta.

La misma quedó integrado por seis diputados, tres del FSLN, dos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y uno de los grupos minoritarios, quienes serán presentados el martes próximo ante el pleno, que tendrá que ratificarla.

Esa comisión tendrá un plazo de 60 días para presentar un dictamen, aunque por tratarse de un sólo artículo, dijo Rodríguez, puede llevar menos tiempo.

Expertos constitucionalistas han explicado que, para establecer la cadena perpetua, se debe hacer una reforma a la Constitución, misma que, según el proceso legal, debe ser solicitada por el presidente o por un 30 % de los diputados de la Asamblea Nacional, pasar una etapa de revisión de 60 días a cargo de una comisión especial.

Posteriormente debe obtener la mayoría calificada de votos en dos legislaturas, que los reúnen los sandinistas, más reformas al Código Penal.

Con información de EFE