"Acciones extrañas a nuestra cultura": La peligrosa interpretación para castigar "crímenes de odio" con cadena perpetua

La iniciativa de reforma a la Constitución Política de Nicaragua para imponer la pena de cadena perpetua en los "crímenes de odio" hace referencia a estos como "fenómenos o acciones extrañas a nuestra cultura", una definición que Rosario Murillo ha utilizado desde el día uno de la Rebelión de Abril de 2018 para referirse a quienes han protestado contra el régimen que preside junto a su esposo Daniel Ortega.

La iniciativa, presentada por el grupo parlamentario del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), propone una reforma parcial al artículo 37 de la Constitución que fija en 30 años la pena máxima en Nicaragua.

La enmienda mantiene que "no se impondrá pena o penas que, aisladamente o en conjunto, duren más de 30 años", sin embargo agrega excepciones para los casos de delitos graves "si en los mismos concurren circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación o repugnancia en la comunidad nacional", según el proyecto de ley, al que tuvo acceso EFE.

La ley de la materia, es decir el Código Penal, que también tiene que ser reformado, determinará y regulará su aplicación, según el texto.

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En su exposición de motivos, los 70 diputados orteguistas y sus aliados en la Asamblea Nacional, que son los promotores de la iniciativa, justifican la instauración de la cadena perpetua a que "en estos momentos la nación se encuentra preocupada y consternada por el incremento de crímenes crueles, inhumanos, degradantes y de odio".

Esos crímenes de odio, aseguran, "han causado grandes impactos, conmoción, rechazo, indignación y hastío entre los nicaragüenses que claman por la aplicación de una pena excepcional para los responsables que cometen dichos crímenes, ya que son fenómenos o acciones extrañas a nuestra cultura".

"Por ello, merece especial atención y consideración instaurar una política criminal rigurosa para ciertos hechos delictivos de gravedad excepcionales, que se requiere de intensificación de la pena, como respuesta inmediata por parte del Estado para prevenir, sancionar y erradicar los crímenes crueles, degradantes e inhumanos y de odio", continúan.

Asimismo, consideran que "algunas veces la pena no corresponde con la caracterización de" esos crímenes, "acaecidos últimamente, sin el menoscabo de las víctimas que en su mayoría pertenecen a los grupos de personas que se encuentran en circunstancias de vulnerabilidad".

ASÍ LO INTERPRETA ROSARIO MURILLO

El 18 de abril de 2018 iniciaron unas protestas en Nicaragua contra una iniciativa de reforma a la Seguridad Social que tuvo un rechazo generalizado por la población nicaragüense.  

El régimen contestó con represión. Estudiantes, adultos mayores y población autoconvocada salió a manifestarse contra la represión orteguista que respondió con fuerza letal, según informes de organismos de derechos humanos.  

Las protestas continuaron no solo contra las reformas a la Seguridad Social, sino para exigir el cese de la represión y la salida de Ortega y Murillo.  

Al día siguiente del inicio de las protestas, el 19 de abril, Rosario Murillo inició a promulgar un discurso de criminalización de las protestas pacíficas, las que definió como acciones “llenas de odio que promueven la destrucción y desestabilización”.  

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Murillo dijo que los esfuerzos de paz de su gobierno estaban siendo agredidos y violentados “por quienes promueven la destrucción, la desestabilización; esos minúsculos grupos, que atentan contra la paz y el desarrollo con intereses y agendas políticas, egoístas, tóxicas y llenas de odio”.  

Para Murillo toda acción de protesta o contraria al régimen atenta contra la paz y, según ella, “no se corresponden con la cultura”, tal como plantea la iniciativa de reforma para castigar crímenes de odio con cadena perpetua.  

“Se presentan como santos, cuando representan y han representado, banderas anti vida, banderas que no corresponden con la cultura, la tradición y la manera de ser de los nicaragüenses”, dijo.  

OPOSICIÓN: SON LEYES REPRESIVAS

El régimen anunció el mes pasado que orientó "penalizar con prisión a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos crímenes de odio, crueles, aberrantes, humillantes y denigrantes que no corresponden a la cultura nicaragüense".

Murillo puso como ejemplos de "crímenes de odio" el asesinato de dos niñas de 12 y 10 años, así como el de dos mujeres, ocurrido en septiembre, aunque no estableció una definición, lo que ha causado el rechazo de diversos sectores del país, que consideran puedan usar esa figura con fines políticos.

Grupos opositores han dicho que esa propuesta de cadena perpetua, más la ley de ciberdelitos, y la de agentes extranjeros, son la "nueva modalidad de represión" estatal en el marco de la grave crisis que vive el país desde abril de 2018.

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Según la Coalición Nacional, que se ha presentado como la gran fuerza política que enfrente a Daniel Ortega en las elecciones de 2021 en Nicaragua, el Ejecutivo está promoviendo leyes que serán usadas contra sus oponentes, críticos y prensa independiente, con el fin de intimidar, acallar y neutralizar la disidencia y las voces críticas.

Expertos constitucionalistas han explicado que para establecer la cadena perpetua se debe hacer una reforma a la Constitución, misma que, según el proceso legal, debe ser solicitada por el presidente o por un 30% de los diputados de la Asamblea Nacional, pasar una etapa de revisión de 60 días a cargo de una comisión especial.

Posteriormente debe obtener la mayoría calificada de votos en dos legislaturas, que los reúnen los sandinistas, más reformas al Código Penal. La reforma a la Constitución sería aprobada antes del mes de enero.

Con información de EFE.