Bancos en alto riesgo por reforma de Ortega a Ley de los Consumidores

Daniel Ortega encamina a Nicaragua a la exclusión del Sistema Financiero Global. La iniciativa de reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, promovida en la Asamblea Nacional, es dañina para banca ya que contraviene la autonomía operativa para establecer políticas internas para prevenir el lavado de dinero, alerta la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp).

Asobanp, en una carta dirigida a la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, enumera las graves consecuencias que tendría para el país la propuesta de reforma a los artículos 9 y 54 de dicha norma, y las afectaciones a la ciudadanía: Viola derecho a libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero y que pone en "riesgo al país de pasar de la lista gris en que encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)".

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¿Cuáles serían las consecuencias? Nicaragua sería excluida del Sistema Financiero Global lo que ocasionaría el cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar y recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de créditos del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos.

El presidente de Asobanp Juan Carlos Argüello Robelo, quien firma el documento, advierte que “el riesgo país se aumentaría con la aprobación de esta iniciativa de Ley, perjudicando a todos los sectores de la población en especial a los que reciben remesas del exterior, al sector productivo exportador, y sector comercio que requieren de un sistema financiero que mantenga una buena relación con los corresponsales extranjeros y los fondeadores externos para desarrollar su actividad".

Asobanp reclama por la violación al principio de autonomía que tienen los bancos para elegir con quién iniciar sus relaciones comerciales e igualmente decidir cuándo cancelar una relación con un usuario o consumidor, lo cual está establecido en los contratos y reglamentos que son del conocimiento del cliente y el usuario.

“La determinación de los mercados objetivos, el apetito de riesgo y la administración especifica del riesgo de lavado de dinero, así como la de cualquier otro riesgo existente en la actividad financiera, corresponde exclusivamente a los bancos”, argumentan.

RECLAMAN LIBERTAD PARA ESTABLECER RELACIONES COMERCIALES

Asobap también indica que tienen la responsabilidad de darle seguridad a los depositantes, así como cumplir con las normas internacionales, entre ellas las que establece el GAFI para prevenir el lavado de dinero. 

"Las entidades financieras deben tener la facultad de dar por cancelada una relación o negarse a prestar un servicio, sin que ello se limite a una justificación contenida en una ley, desconociendo esta iniciativa de Ley las políticas internas de las instituciones financieras sobre prevención de lavado de dinero que responden a la citada recomendación", indica la Asociación en su carta.

También cuestionan la discrecionalidad que tendrá la Superintendencia de Bancos y el Banco Central como entes reguladores para imponer multas y sanciones “sin establecer ningún parámetro en la Ley fundamentados en los principios de proporcionalidad y gradualidad”.

La iniciativa de reforma fue presentada la semana pasada por la bancada sandinista y, algunos expertos consideran que estaría encaminada a beneficiar a funcionarios del régimen de Daniel Ortega sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, que también han designado a empresas vinculadas a la familia Ortega Murillo y su círculo más cercano, como el Banco Corporativo (Bancorp), Inversiones Zanzibar, Petronic, entre otras.  

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Estas sanciones implican la congelación de bienes e intereses a nombre de las personas o empresas que forman parte de la lista de sancionados que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses.