Bachelet ve graves retrocesos en Nicaragua y pide ingreso al país antes del 22 de febrero

A nueve meses de las elecciones presidenciales en Nicaragua, la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos (OACNUDH) ve retrocesos en la gestión del Gobierno de Daniel Ortega para dar una salida a la crisis sociopolítica que se vive desde abril de 2018, por lo que reitera su petición de ingreso al país antes del 22 de febrero.  

“A menos de un año de las elecciones generales en Nicaragua, el balance del cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en septiembre de 2019 ha sido deficiente”, señala el boletín especial, presentado este lunes por la Oficina Regional de Michelle Bachelet, en Panamá.  

Al respecto, la Oficina ha observado que “el Gobierno ha implementado pocas medidas sin mostrar, lamentablemente, avances notables hasta el momento”. 

El régimen de Daniel Ortega sigue sin cumplir con el restablecimiento del diálogo, el restablecimiento de las garantías para el ejercicio del derecho de reunión pacífica y de las libertades de expresión y asociación, y sanciones para quienes ataquen o intimiden a defensores de derechos humanos. 

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Tampoco hay avances en el restablecimiento de la personalidad jurídica de organizaciones y medios de comunicación sancionados, el establecimiento de un plan de rendición de cuentas sobre la modificación de la legislación penal en línea con los estándares internacionales, en particular en materia de privación de libertad y debido proceso y las reformas para garantizar elecciones justas y transparentes. 

“En un escenario tan complejo, existe un amplio consenso en que la resolución de la crisis sociopolítica, también mediante la aplicación de reformas electorales derivadas de un diálogo inclusivo y significativo con la oposición, constituye un requisito crucial para apoyar la recuperación económica y restablecer la confianza”, recuerda Bachelet. 

URGE VISITA AL PAÍS 

En ese sentido, la Alta Comisionada considera que la autorización de una misión de su Oficina “antes de la presentación de un nuevo informe exhaustivo al Consejo de Derechos Humanos en su 46º período de sesiones, constituiría una señal positiva y alentadora”.  

Bachelet tiene previsto presentar un informe sobre la situación de Nicaragua en Ginebra entre el 22 de febrero y el 23 de marzo.  

Consultada sobre la disponibilidad de viaje a Nicaragua para una misión en el país, la OACNUDH dijo a DESPACHO 505 que “estamos listos siempre y cuando, como señaló la Alta Comisionada, se den las condiciones para llevar a cabo con nuestro mandato”. 

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“Ello permitiría realizar una evaluación más profunda de los progresos y los desafíos relativos a la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Asimismo, sentaría las bases de una futura cooperación técnica dirigida a contribuir más eficazmente a la respuesta del Estado a los diversos desafíos que enfrenta en materia de derechos humanos. La Alta Comisionada espera una respuesta positiva del Gobierno a esta iniciativa y hace un llamado a la comunidad internacional para que la apoye”, señaló la Oficina Regional. 

GRAVEDAD DE LEYES MORDAZA 

Por otra parte, el Boletín Especial de la OACNUDH destaca que entre octubre y diciembre de 2020, la Asamblea Nacional, donde el Frente Sandinista tiene una gran mayoría parlamentaria, aprobó tres leyes, sobre agentes extranjeros, ciberdelitos y defensa de los derechos del pueblo (“Ley de Inhibiciones”).  

Antes de su adopción, la OACNUDH ofreció asistencia técnica al Gobierno y al Órgano Legislativo para promover la alineación de estas leyes con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, pero no recibió respuesta.  

“Al respecto, la OACNUDH considera que estas leyes pueden afectar aún más los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de participación política, y pueden tener un impacto negativo en particular en el período preelectoral”, advierten. 

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La Oficina también está preocupada por la reforma constitucional adoptada en enero de 2021, que incrementa la duración de la pena por “crímenes de odio” de 30 años de privación de libertad a cadena perpetua. “Existe el riesgo de que esta disposición pueda ser utilizada para perseguir selectivamente a las voces disidentes”, agrega. 

Finalmente, OACNUDH destaca la importancia del desarme de los grupos paramilitares debido al peligro de un incremento de la violencia política en pleno año electoral.  

“El Gobierno debe adoptar todas las medidas necesarias para desarticular y desarmar a estas personas, a fin de evitar una posible escalada de incidentes violentos, especialmente en el contexto del próximo proceso electoral”, concluye.