La CIDH demanda a Ortega dejar de hostigar a defensores de DD.HH.

El organismo reitera su colaboración al Estado de Nicaragua en el restablecimiento de las garantías democráticas.

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  • February 08, 2021
  • 09:21 PM

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo a cesar el hostigamiento contra los defensores de los derechos humanos, garantizando condiciones para que puedan desarrollar sus labores. El organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos (OEA) también condenó la demolición de las instalaciones de las oenegés que fueron confiscadas arbitrariamente, luego de la Insurrección de Abril del 2018.

La CIDH que tiene como objetivo promover la defensa de los derechos humanos, reiteró su llamado “al restablecimiento de las garantías democráticas y mantiene su disposición de colaboración con el Estado de Nicaragua en esa dirección”. En un comunicado, indicó que es urgente que en Nicaragua se restablezcan “las garantías democráticas y las condiciones para la defensa de derechos humanos y el pleno ejercicio de la libertad de asociación, expresión y el derecho a la protesta social”.

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El pasado 29 de enero de este 2021, el régimen de Ortega comenzó a desmantelar las instalaciones donde funcionó el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), que fueron confiscadas en diciembre del 2018.  

RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

Por otro lado, la CIDH considera que las medidas tanto de cancelación de la personería jurídica por medio de “procesos ilegales y arbitrarios”, así como la ocupación de hecho, destrucción de las instalaciones es una de las “restricciones más severas de la libertad de asociación”. “Además, estaría encaminada a silenciar a quienes denuncian la grave situación de los derechos humanos en el país”, comentó el organismo.

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La CIDH, en octubre del 2020, denunció la ocupación de hecho de los predios de la Fundación del Río, y en diciembre del mismo año, la instalación de letreros por parte del régimen en varias oenegés y medios de comunicación en los que se informaba que esas instalaciones pertenecen ahora al Ministerio de Salud (Minsa).

Esta situación se da luego que la Asamblea Nacional cancelara la personería jurídica a nueve organizaciones que se dedicaban a la defensa de los derechos humanos, incluyendo a la Fundación del Río y el Cenidh. “Desde entonces, las sedes de las organizaciones fueron allanadas y ocupadas por agentes del Estado, y aunque las organizaciones afectadas interpusieron recursos judiciales contra estos hechos, a la fecha, estos continúan sin ser resueltos”, explicó el organismo.

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Este comunicado se conoce cuando la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), ha intentado desde diciembre del 2020, cumplir sin éxito, los requisitos que le impone la Ley de Agentes Extranjeros a personas naturales y jurídicas receptoras de fondos del exterior, cuya evasión supone multas de hasta medio millón de dólares. La CPDH es el único organismo que aún conserva su personería jurídica en Nicaragua, y el secretario ejecutivo del organismo, Marco Carmona teme que las trabas que les han puesto sea una táctica para “asesinar a las oenegés”.

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