Reforma a Ley de consumidores entra en vigor

La reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, Ley 842, que amenaza con provocar graves afectaciones a la banca nacional entró en vigor este martes. El texto modificado con los votos de 74 diputados, alcanzados entre sandinistas y sus aliados, fue publicado en el diario oficial La Gaceta en medio de las advertencias de banqueros y expertos sobre las consecuencias negativas que acarreará.

La principal crítica a la modificación de esta ley es que fue diseñada para proteger el capital de funcionarios y empresas orteguistas sancionados por corrupción y violaciones a los derechos humanos por Estados Unidos y otros países, lo cual los hace sujetos de restricciones migratorias y el bloqueo financiero y de los bienes que tuvieran en ese país.

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Y es que la enmienda a los artículos 9 y 54 de la Ley 842 prohíbe a la banca privada cerrar cuentas a los usuarios de manera unilateral o sin notificar la causa. Ese aspecto provocó el rechazo de la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) porque viola el derecho a libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero y que pone en “riesgo al país de pasar de la lista gris en que encontramos a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)”.

"Los banqueros y el gran capital se encuentran perplejos ante un dilema en el se juegan su futuro: les costará caro la condescendencia al aceptar la nueva ley, pero también les pasará factura rechazarla", planteó el economista y sociólogo nicaragüense Óscar René Vargas, en un artículo en el que analiza los alcances de la reforma y que coindice con los puntos expuestos previo a su aprobación por Asobanp.

GRAVES CONSECUENCIAS

Asobanp alertó consecuencias nefastas para el país, el sistema financieros y la ciudadanía, pues entre los riesgos están cierre de las cuentas de corresponsalía bancaria, la imposibilidad de recibir remesas, de enviar y recibir transferencias internacionales, el cierre de líneas de créditos del exterior y cancelación de contratos con las marcas de tarjetas de créditos.

El presidente de Asobanp Juan Carlos Argüello Robelo, quien firmó el documento, expuso que “el riesgo país se aumentaría" perjudicando a todos los sectores de la población, en especial a los que reciben remesas del exterior, al sector productivo exportador, y sector comercio que requieren de un sistema financiero que mantenga una buena relación con los corresponsales extranjeros y los fondeadores externos para desarrollar su actividad.

Adoptar el cambio significa para la banca desconocer las resoluciones de la Oficina del Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro que bloquea a los sancionados las propiedades o activos que tengan en Estados Unidos o bajo el control de estadounidenses, y le prohíben cualquier transacción con ciudadanos de ese país.

Asobanp también reclamó si éxito por la facultad de las entidades financieras de dar por cancelada una relación o negarse a prestar un servicio, "sin que ello se limite a una justificación contenida en una ley" y señaló que limitar ese aspecto  riñe con las políticas internas de las instituciones financieras sobre prevención de lavado de dinero.

La banca, que trabaja con bancos corresponsales en el exterior, ha cerrado las cuentas de las 30 funcionarios, empresas y familiares de Daniel Ortega que han sido sancionadas por el Departamento del Tesoro, entre estos Rosario Murillo, tres de sus hijos, además de su consuegro y director de la Policía, Francisco Díaz, y el titular del Parlamento, Gustavo Porras.

"Si (las autoridades) presionan para que se le abra una cuenta a un sancionado, ahí sí se acabó todo, cualquier relación internacional" con la banca nicaragüense, dijoJosé Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep).