Identifican y detallan roles de “responsables de crímenes de lesa humanidad” en Nicaragua

Un estudio de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) inculpó a Daniel Ortega, Rosario Murillo y otros 14 funcionarios de diferentes instituciones del Estado como responsables directos de "crímenes de lesa humanidad", en el marco de las protestas antigubernamentales iniciadas en abril de 2018 en Nicaragua. 

El estudio denominado "¡Basta ya de impunidad! Ejecuciones extrajudiciales y represión en Nicaragua", que investigó la muerte de 113 personas de un total de 328 registradas por el Cenidh y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en las manifestaciones, concluyó que Ortega estuvo al frente de "las máximas autoridades del Poder Ejecutivo y de otros Poderes del Estado", cuyas acciones supuestamente quitaron la vida a los opositores. 

"Actuaron como una unidad indivisible" en la "dirección, coordinación y ejecución de operativos", que "han provocado la muerte de personas consideradas enemigas del régimen, lo cual configuraría crímenes de ejecución extrajudicial y crímenes de lesa humanidad, conforme a los estándares internacionales", resaltó el estudio. 

La experta en derechos humanos de la FIDH, Jimena Reyes, quien presentó el informe, sostuvo que "a pesar de la gravedad de los hechos, (las muertes) permanecen en la más profunda impunidad". 

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"No estamos frente a simples asesinatos, sino a verdaderos operativos planificados", agregó Reyes, quien mencionó con nombres y apellidos a 16 funcionarios, allegados y familiares de Ortega, como "actores intelectuales" de la muerte de los opositores, aparentemente liderados por el mismo presidente. 

Por su parte, la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez, recordó la frase con la que supuestamente la vicepresidenta Rosario Murillo habría ordenado los ataques armados contra los manifestantes: "vamos con todo". 

Hasta ahora Ortega, quien ha reconocido 200 muertos, alega que se defendía de un supuesto intento de "golpe de Estado fallido".  “Con la mentira del golpe de Estado, Daniel Ortega pretendió justificar la represión", sostuvo Núñez. 

EL PAPEL DE LOS SEÑALADOS 

La documentación de los casos, según el informe, permite establecer que en los operativos desplegados participaron de forma conjunta y separada agentes estatales y paraestatales con el conocimiento, tolerancia y dirección de las máximas autoridades del Estado, donde cada uno cumplió roles determinados para la consumación de la muerte de las citadas personas, en el ámbito de competencia de los cargos desempeñados. 

Además de la responsabilidad de los autores materiales de los crímenes, las organizaciones de derechos humanos concluyen que hay responsabilidad directa en tres estructuras: la estructura de dirección política institucional; la estructura policial; y, la estructura del sistema de salud. 

Dentro de la estructura de dirección política, según el informe, se encuentran entre otros Daniel Ortega, presidente de la República; Rosario Murillo, vicepresidenta, Néstor Moncada Lau, secretario privado del presidente de la República; Oscar Salvador Mojica Obregón, ministro de Transporte e Infraestructura desde el 18 de agosto de 2017; Orlando José Castillo, entonces director general de TELCOR (fallecido en 2020); Roberto José López Gómez, director del INSS, y Bosco Castillo Cruz, ministro de la Juventud. 

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“Con relación a la estructura de dirección política institucional se puede concluir que cada una de las personas identificadas contribuyeron dentro del campo funcional de los cargos desempeñados, por acción u omisión, a la consumación de las muertes de personas consideradas enemigas del régimen en contextos de manifestaciones, tranques, ataques focalizados y ataques indiscriminados en los cuales se identifican acciones de dirección, coordinación, planificación y tolerancia o aquiescencia con relación a la actuación de las estructuras estatales y paraestatales”, agrega la investigación.  

Se ha documentado que, en los ataques desplegados desde abril de 2018, los integrantes de los citados grupos paraestatales actuaron operativamente en coordinación y con el consentimiento de las fuerzas policiales, en atención a las órdenes que habría dado la vicepresidenta de la República, mediante correos electrónicos enviados a las bases del partido para controlar, neutralizar y aniquilar a las personas consideradas opositoras al régimen. 

Agentes estatales y paraestatales también convocaron a organizaciones gremiales y políticas para manifestarse en respaldo al gobierno y para actuar en ataques contra las personas manifestantes, a través de contramarchas, como la promovida por el diputado y sindicalista Gustavo Porras el 30 de mayo de 2018, o bien instalando tranques operados por activistas sandinistas, tal como ocurrió en la entrada de la ciudad de Estelí y en las cercanías del municipio de Nagarote, entre otros lugares. 

Sobre el rol de los grupos armados que actuaron al margen de la ley en la comisión de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua, más allá de las denominaciones empleadas para identificarlas como Juventud Sandinista, grupos de choque, paramilitares, exmilitares, expolicías, exfuncionarios públicos o pandillas, FIDH y Cenidh explican que se ha preferido denominarlas estructuras paraestatales, “dado que las personas que las integran pueden formar parte y, por ende, recibir incluso un salario, de las instituciones públicas como alcaldías, ministerios de Estado o de otras entidades estatales como TELCOR e INSS”. 

MONCADA LAU Y ÓSCAR MOJICA 

Respecto de la participación de Néstor Moncada Lau se ha documentado su actuación como asesor de seguridad del presidente y de la vicepresidenta, así como operador para la generación de enlaces con la Secretaría del FSLN y diversas entidades gubernamentales que fueron claves para la represión contra las personas consideradas “opositoras” desde abril de 2018. 

“Por otra parte, se le atribuye el haber cumplido diversos roles de inteligencia para controlar y neutralizar manifestaciones de oposición al gobierno, habiendo efectuado pagos para contrarrestar esas protestas, y haber realizado presuntamente chantajes y sobornos para obtener apoyo o evitar expresiones de oposición al régimen”, destaca el informe.  

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Con relación al general en retiro Óscar Salvador Mojica Obregón se le atribuye el diseño de la estrategia “exilio, cárcel o muerte” para neutralizar a la oposición al régimen de Ortega. 

En una grabación de audio, refiere el informe, Mojica afirmó que derrotaron a la oposición el 30 de mayo de 2018, uno de los días en que más ejecuciones extrajudiciales hubo en el país; así como con las caravanas para remover los tranques en el territorio nacional.  

“Estos eventos incrementaron el nivel de personas fallecidas, heridas, presas y exiliadas, entre otras. Según sus propias afirmaciones, también contribuyó a la estigmatización de las personas consideradas opositoras, en especial presas políticas, refiriendo que ´deben neutralizarlos cada vez que levanten un dedo´”, señala la investigación.  

ORLANDO CASTILLO, ROBERTO LÓPEZ Y SONIA CASTRO 

AL fallecido ministro Orlando Castillo, quien en 2018 ejercía como máxima autoridad de TELCOR, “tuvo a su cargo desde abril emprender acciones de control y neutralización de los medios de comunicación considerados opositores al régimen”, señalan las organizaciones.  

Entre estas acciones figuran la suspensión y bloqueo de la transmisión de diversos canales de televisión, entre ellos Canal 12, Canal de Noticias de Nicaragua (CDNN23), Telenorte, Canal 51 y 100% Noticias, y de medios digitales como el semanario Confidencial, que cubrían lo relativo a las protestas y demandas sociales.  

“Por otra parte, TELCOR es una de las instituciones que integra en su planilla a jóvenes reclutados y entrenados por la Policía para que actúen como grupos de choque utilizados, bajo la coordinación o tolerancia de agentes del Estado, en los actos de represión de las personas consideradas opositoras al régimen”, afirman.  

En cuanto al director del INSS, Roberto López, este habría contribuido con las graves violaciones de los derechos humanos cometidas a partir de abril de 2018, al menos, “mediante la incorporación a la planilla del INSS de grupos de choque reclutados, entrenados y armados para cometer actos de agresión a opositores”.  

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Por otro lado, la negación de asistencia médica a personas manifestantes heridas desde el 19 de abril de 2018, lo que provocó la muerte de aquellas personas que fueron trasladadas a los hospitales nacionales para ser atendidas médicamente. 

“Entre las máximas autoridades del sistema de salud que serían responsables de esos actos figuran la señora Sonia Castro González, quien ocupó el cargo de ministra de Salud hasta el 26 de junio de 2019”, refiere FIDH y Cenidh. 

A la exministra de salud “se le atribuye el haber girado órdenes para que no se brindara atención médica a las personas heridas que estuvieran vinculadas con las manifestaciones lo que, en el contexto de represión política incrementó el nivel de riesgo para la salud y la vida de las víctimas”.  

Incluso, agregan, a causa de esa falta de atención oportuna aumentó el número de muertes, además de la recurrente alteración de expedientes médicos. 

EL ALTO MANDO POLICIAL 

En cuanto a la Policía Nacional, esta ha sido la estructura del Estado más visible en la implementación de los planes y estrategias para reprimir a las personas consideradas opositoras al régimen.  

Desde 2014 depende directamente del presidente de la República y antes de 2018 ya había estado involucrada en graves violaciones de los derechos humanos. 

Además de Daniel Ortega, jefe supremo de la institución, tendrían responsabilidad dentro del campo funcional del cargo ejercido: Aminta Elena Granera Sacasa, directora de la Policía Nacional del 5 de septiembre de 2006 al 31 de agosto de 2018; Francisco Javier Díaz Madriz, director de la Policía Nacional de Nicaragua desde el 5 de septiembre de 2018 a la actualidad, habiendo ejercido de facto dicho cargo desde el año 2011.

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También señalan como responsable a Ramón Antonio Avellán Medal, subdirector de la institución; Juan Antonio Valle Valle, jefe de la Dirección de Vigilancia y Patrullaje; Justo Pastor Urbina, jefe de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP); Fidel de Jesús Domínguez Álvarez, comisionado mayor jefe de la Policía en el departamento de León, y Adolfo Marenco Corea, comisionado general, subdirector de la Policía Nacional y jefe de Investigación Policial y de Inteligencia Política. 

El informe detalla elementos que demuestran la responsabilidad de estos actores tanto por su rol de jefe de los perpetradores materiales de los asesinatos, las detenciones arbitrarias, los tratos crueles e inhumanos, la tortura, como en algunos casos por su comisión directa de estos crímenes. 

Todos los funcionarios mencionados a excepción de Daniel Ortega, Bosco Castillo y el comisionado Adolfo Marenco, han sido objeto de sanciones económicas por parte de Estados Unidos. 

LA REPRESIÓN CONTINÚA 

En sus conclusiones, el estudio del Cenidh y FIDH destacan que la situación de "represión" se mantiene en Nicaragua, que se agravó tras la aprobación de leyes que restringen las libertades públicas, y que el país no podrá salir de la crisis actual si no hay cambios. 

La FIDH y el Cenidh urgieron a la comunidad internacional "que no abandone a la población nicaragüense", y al Poder Judicial "darle primacía a su principio de independencia". 

Esta es la segunda ocasión que Nicaragua vive una crisis sangrienta por razones políticas en los últimos 40 años, tras el conflicto interno de los años 1980 a 1990, también con Ortega como presidente.