Iván Acosta ataca a los bancos: Ley de Consumidores corrige el abuso y les quita privilegios

El régimen de Daniel Ortega minimiza el impacto que tendrá la reforma a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842). Este lunes, el ministro de Hacienda y Crédito Público (MHCP), Iván Acosta, salió a la defensa de la arremetida del Gobierno contra la banca, al argumentar que los cambios aprobados por la Asamblea Nacional eliminan privilegios al sistema financiero nacional. 

El régimen ve calma cuando la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp), economistas independientes y exfuncionarios de Hacienda y el Banco Central de Nicaragua (BCN) han alertado de las dañínas implicaciones que tienen la reforma: viola el derecho a libre empresa, promueve prácticas que incitan al lavado de dinero y que pone en riesgo al país de pasar de la lista gris a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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En una entrevista en el oficialista Canal 4 de televisión, Acosta acusó a los bancos privados del país de meter ruido a la reforma, y defendió que se impulsó para detener los abusos y las arbitrariedades del sistema financiero nacional.  “La Ley es una ley que viene a actualizar las leyes nicaragüenses con la tendencia en el mundo. Probablemente tuvo reacción porque en el banco no ponen el rótulo de que el cliente tiene la razón”. 

La reforma mandata que los proveedores de servicio no podrán negar “sin causa legal justificada la atención de solicitudes ni cancelar contratos o transacciones que legítimamente gestionada realicen las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas”, a la vez obliga a las entidades a “atender o restituir la prestación de bienes y servicios negados (…) si así se resolviese”. La decisión obligará a mantener las cuentas abiertas de funcionarios e instituciones públicas sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Sin embargo, Acosta cuestionó a quienes señalan que la reformas es para beneficiar a los sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos: “No se ha planteado eso, (más bien) corrige el abuso de los bancos. No debería suscitar inquietud, y no tiene nada que ver con lo que plantean los medios (de comunicación)”.

El funcionario continuó su defensa a la reforma argumentando que en Estados Unidos se impulsaron reformas a nivel bancario tras la quiebra de varias instituciones financieras que provocaron la recesión global de 2008. “La Ley General de Bancos da facultades más allá de lo que debería ser”, señaló Acosta, en una entrevista en la brindó pronósticos económicos para 2020. 

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Esas correcciones, agregó, se remontan a la década de 1990 cuando se privatizó el sistema bancario y se otorgaron  concesiones para dar confianza y atraer inversiones. Los bancos y el sector privado ven más bien una amenaza para el país, pues con la reforma se aislará a Nicaragua del sistema financiero global al perderse las corresponsalías de instituciones financieras internacionales, indispensables para las transacciones de las exportaciones, importaciones y remesas. 

Recientemente, el presidente de la Cámara de Industria de Nicaragua, (Cadin), Marcos Pierson, dijo a este medio que la puesta en vigencia de la reforma de la Ley 842, pone en riesgo la economía y la estabilidad del país. “Estas cosas no te dan una muerte inmediata como un flechazo en el corazón, lo que hacen es te van desangrando poco a poco y eso es lo que estamos viendo, Nicaragua se está desangrando poco a poco, la economía está deteriorándose, el desempleo va creciendo y necesitamos cambiar las políticas para que eso salga bien”, indicó el empresario.