Esta es la estrategia del régimen para judicializar a los opositores

Aplicar la  teoría  del  “fruto del árbol envenenado”  es  la estrategia que han  puesto en marcha conjuntamente la Policía Orteguista, Fiscalía y   jueces,  para acusar  y condenar a presos políticos  por delitos relacionados principalmente  con el  tráfico de drogas,    portación  ilegal de armas de fuego y tenencia  de artefactos explosivos.  

Para los juristas  el término del “fruto del árbol envenenado”,  se refiere  a las pruebas que se obtienen ilícitamente, para presentarlas en un proceso penal en contra de  una persona. Según Julio Montenegro,   abogado de  la Comisión Permanente de los Derechos Humanos (CPDH)  esta  es la realidad  que prevalece en los procesos judiciales  que  enfrentan los presos políticos.

Montenegro  asegura que  de los 120 presos políticos que aproximadamente existen en Nicaragua,  a  él le ha correspondido  representar a  40 y que en todos los casos se  alega la teoría del “fruto del árbol envenenado”.

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“Se alega que hay  fruto del árbol envenenado  porque  al momento del operativo, casi siempre se mueve a la persona del lugar donde supuestamente ha cometido el delito y lo  llevan a la Dirección de Auxilio Judicial, donde ya los ponen con paquetes de drogas, armas que supuestamente les han ocupado y una serie de cosas que aparentemente constituyen delitos”, explicó  el defensor de presos políticos.

Agregó que mover de la escena de los hechos a las personas que son  detenidas,  antes  se consideraba   como una violación a  la cadena de custodia porque al trasladarlo de un lugar a otra las pruebas se contaminan y asegura que al contaminarse se pierde la garantía de demostrar la comisión del hecho.

El especialista explicó que  “cuando se descubre la comisión de un hecho delictivo  lo primerito que se hace es  acordonar el lugar, poner cintas amarillas   comenzar a tomar fotos,  graficar cómo vestía  la persona,  fotos  del lugar, de la sustancia u objetos ocupados  y otros detalles que   indican que     la persona efectivamente se andaba  dedicando a esa actividad, pero en estos casos, los presos son trasladados a la Dirección de Auxilio Judicial, donde les realizan   una foto tabla ilustrativa  para luego iniciar el proceso”, refirió.

Montenegro detalló que posteriormente la foto tabla ilustrativa se convierte en una de las   pruebas en contra de los presos políticos y durante el juicio se suman  las declaraciones de los oficiales de la policía.

“Los testigos  en su gran mayoría por no decir casi todos,   son oficiales de la policía,  salvo rarísimas ocasiones que he tenido casos de presos políticos  en los   aparece  una o dos personas   como víctimas, pero que tras investigarse el caso uno se percata que pertenecen  a una estructura partidaria.

También señala  que en los juicios,  los testigos llegan a contradecirse y que pese  a que llegan a generar contradicciones  que  dan la razón a la defensa, los jueces  terminan declarando culpable a los presos políticos por temor.

 “Esto de las contradicciones de los testigos de la Fiscalía, es    una característica en todos los  procesos, pero el más reciente y que es un caso ícono es el de Sergio Beteta”, explicó.

Beteta es el joven que fue detenido el 21 de diciembre del 2020, cuando protestaba con la bandera de Nicaragua frente a  las  instalaciones de la Universidad Centroamericana (UCA)  y mientras gritaba consignas también  quemaba una  bandera del FSLN y su protesta quedó grabada  en un vídeo del medio de comunicación Artículo 66, pero fue acusado por tenencia de armas y tráfico de drogas.

Pese a que las imágenes del medio de comunicación confirmaban  el lugar donde se encontraban  el joven y lo que realmente estaba realizando, los oficiales de la Policía llegaron a contar en juicio otra versión.    

 “Decían  que no andaba con una bandera  azul y blanco   y todo mundo sabe a través de un  video que  hasta  la blandía con ambas manos, frente a la UCA.  Ellos (policías que fueron de testigo) tampoco   vieron que estuviera quemando una bandera de un partido político y en el video aparece incluso avivado las llamas y aunque todo mundo miró que estaba frente a las inmediaciones de la UCA, ellos decían que era  150 o 200 metros al este  de  Enel Central”, explicó Montenegro quien detalló otras inconsistencias por parte de los oficiales que llegaron a rendir declaraciones contra el preso político. Las imágenes del medio de comunicación verifican que llegaron a mentir.

El abogado defensor a la vez detalló que a los presos políticos   ahora se les acusa de delitos comunes y no de terrorismo,  crimen organizado, daños a la propiedad  y entorpecimiento de servicios públicos como sucedió después de  las protestas de abril de 2018.

En este sentido detalló  que la   tónica  es acusarlos por delitos  ligados al tráfico de drogas,  portación o uso ilegal de armas y tenencia de  explosivos, pertrecho y robo, para confundir a los defensores de derechos humanos y la opinión pública.

 “Es una manera de tratar de  ocultar un delito real,  de uno de  origen político y al menos para mí  era  un reto identificar  entre uno y otro”, aseguró Montenegro tras decir que esto también  tiene como finalidad evitar que los defensores de derechos humanos representen a las víctimas  tras hacer creer que son personas que se dedican a actividades ilícitas.

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El defensor  agrega que imputándoles estos delitos también se pretende que los presos políticos permanezcan detenidos   sin ser identificados  hasta el día en que sus familiares se enteran que  están  siendo acusados.

Esto ocurrió   con Julia Cristina  Hernández Arévalo y su pareja Eduardo Morales quienes  fueron   detenidos  el     7 de enero y  fue hasta 12 días  después  que sus familiares se enteraron que los estaban procesando por motivos políticos.

 Al final explicó que  algunas  personas  que no logran distinguir estos casos, hasta les preguntan  por qué  defienden  a  presos  que cometen estos delitos, pero que en el caso ellos  ya han encontrado la clave  para detectar cuando están  en presencia  de un caso político.