ONU ratifica plazo de la OEA en nueva resolución sobre Nicaragua: reformas electorales antes de mayo

El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aprobó este martes el proyecto de resolución “Promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, en la que demanda al régimen de Daniel Ortega emprender un proceso de reformas electorales de cara a las elecciones del 7 de noviembre, permitir las manifestaciones públicas y liberar a los presos políticos.  

El proyecto de resolución fue presentado por las delegaciones de Colombia, Brasil, Paraguay, Canadá, Chile, Ecuador y Perú. Fue aprobado con 20 votos a favor, ocho en contra y 18 abstenciones. México y Argentina que, anteriormente, se habían abstenido, han votado a favor del proyecto.  

En la resolución el Consejo de Derechos Humanos “insta al Gobierno de Nicaragua a que entable negociaciones significativas e inclusivas con la sociedad civil y los partidos y grupos de la oposición, y trabaje con las organizaciones internacionales para aprobar, a más tardar en mayo de 2021 como indica la Organización de los Estados Americanos (OEA)”.  

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Además, piden al régimen que adopte un plan de acción con plazos definidos para aplicar las recomendaciones formuladas por los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos, incluidas las formuladas en los informes de la Alta Comisionada, en consulta con la sociedad civil y las víctimas. 

En su último informe presentado el mes pasado, Bachelet urgió emprender un proceso de reformas electorales inclusivo con todos los actores de la sociedad. El llamado fue respaldado por Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Reino Unidos y varios países latinoamericanos.   

La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado que desde que se emitieron 17 recomendaciones al Estado tras la visita de 2018, el régimen apenas ha cumplido con una y a medias, en referencia a la excarcelación a cuenta gotas de los presos políticos.  

ELECCIONES SON LA SALIDA A LA CRISIS

El Consejo insistió en que la celebración de elecciones libres, justas, transparentes y creíbles de conformidad con las obligaciones y normas internacionales “es esencial para encontrar una solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en Nicaragua, como también lo es la participación sin trabas de la oposición política y de observadores electorales nacionales e internacionales independientes” 

Asimismo, observa “con gran preocupación” la falta de avances del régimen de Nicaragua en la realización de reformas electorales e institucionales destinadas a garantizar unas elecciones libres, justas y transparentes. 

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Alicia Victoria Arango Olmos, representante de Colombia, recordó que el último informe de la Alta Comisionada Michelle Bachelet da cuenta de las violaciones de derechos humanos que se siguen cometiendo en Nicaragua y “refleja la nula cooperación y la nula existencia del diálogo político de quienes controlan desde hace 14 años”, en referencia a Daniel Ortega y Rosario Murillo.  

Socorro Flores Liera, representante de México explicó que votaron a favor “como resultado de su preocupación ante la situación de derechos humanos que prevalece en Nicaragua”. 

LOS PRESOS POLÍTICOS Y EL DERECHO A MANIFESTARSE  

El Consejo expresó su preocupación por la persistencia de las restricciones del espacio cívico y la represión de la disidencia con actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria contra las voces disidentes.  

En la resolución, los Estados miembros del Consejo llaman al régimen a que autorice las manifestaciones pacíficas y públicas, a que derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos.  

“Exhortamos al Gobierno de Nicaragua a que deje inmediatamente de recurrir a las detenciones y reclusiones arbitrarias y ponga en libertad sin condiciones a todas las personas recluidas arbitraria o ilegalmente”, indican en la resolución.  

ALCANCE DE LEYES ARBITARIAS 

La ONU además reiteró su “gran preocupación” por el amplio alcance de la Ley de Amnistía y por la aplicación por el Gobierno de Nicaragua de legislación reciente, como la enmienda de algunas disposiciones del Código Penal y la promulgación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley de Ciberdelitos y la Ley de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.  

Esta última, conocida como “Ley de Inhibiciones” impide optar a cargos de elección popular a quienes se manifiesten a favor de la imposición de sanciones internacionales. La promulgación de estas leyes, agrega el Consejo, son “medidas contrarias al derecho internacional de los derechos humanos que impiden a las víctimas de violaciones de los derechos humanos ejercer su derecho a un recurso efectivo”.  

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Estas leyes además violan el derecho a la verdad, y restringen aún más la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, la vida privada y el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos.  

En la resolución destacan que en Nicaragua hay un creciente número de organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación independientes que se ven obligados a cesar sus actividades debido a las restrictivas limitaciones administrativas y financieras impuestas por las reformas legales aprobadas desde 2018.  

El Consejo insta al régimen de Daniel Ortega a devolver las personerías jurídicas a las organizaciones de sociedad civil suspendidas en diciembre de 2018 y que devuelva los activos incautados, incluidos los bienes confiscados a oenegés y medios de comunicación.  

Finalmente, insisten al régimen en cooperar plenamente con la Oficina del Alto Comisionado, incluida su Oficina Regional para América Central, el Consejo de Derechos Humanos y sus mecanismos, la Organización de los Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos OEA y la CIDH.  

El representante de Nicaragua, el sancionado secretario de Presidencia, Paul Oquist, rechazó la resolución.