Gobernación otorga libertad a otros 800 reos comunes

Un total de 800 presos comunes fueron excarcelados bajo régimen de convivencia familiar este jueves, según un anuncio que hizo el Ministerio de Gobernación en los medios oficialistas.

Los beneficiados son 747 varones y 53 mujeres que fueron "entregados a sus familias", informaron los medios de propaganda del régimen de Daniel Ortega sin brindar mayores detalles.

En el 2020, cerca de 8.919 presos y presas comunes salieron bajo el régimen de convivencia familiar, en seis anuncios que hizo Gobernación en el transcurso del año. El último fue el 18 de diciembre con la liberación de 1,004 presos y presas.

Pero en agosto del 2020, la ministra de Gobernación, Amelia Coronel, durante una presentación de los planes de trabajo ante oenegés nacionales e internacionales dijo que en los últimos meses habían otorgado “beneficios legales” a 22,567 presos con el fin de promover la unidad familiar y que la decisión correspondía a una solicitud del papa Francisco.

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Expertos en temas de seguridad, han señalado que con esta medida el régimen de Daniel Ortega busca lealtades políticas en un año electoral, bajar los costos del Sistema Penitenciario Nacional y evitar brotes de coronavirus que puede llevar a amotinamientos dentro de las cárceles.

¿Y LOS PRESOS POLÍTICOS?

La abogada Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, le recordó a Ortega que tiene pendiente de liberar a más de 120 presos políticos y que las liberaciones de detenidos por causas comunes “no vayan a atentar contra la vida y seguridad de las mujeres”, ya que muchos de los liberados en el pasado han atentado contra la vida de las mujeres.

“Son liberaciones al margen de la Ley, al margen de los procedimientos y al margen de las víctimas afectadas en cada uno de los procesos”, explicó Flores.

Hasta el momento se desconoce los criterios de elegibilidad que aplica el régimen de Ortega para otorgar el beneficio de convivencia familiar y la medida alterna de casa por cárcel a los presos. Abogados explican que para aprobar un cambio de medidas es necesario contar con una serie de procedimientos, entre ellos la evaluación de peligrosidad a cargo de un psicólogo forense, el cumplimiento de la mitad de la pena, buen comportamiento, que haya realizado trabajos dentro del penal y que los delitos no sean graves, como homicidios, femicidios entre otros.

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En un informe 2020: Violencia e Inseguridad en Nicaragua”, elaborado por el grupo multidisciplinario Monitoreo Azul y Blanco indica que uno de los factores de riesgo para la seguridad ciudadana son los “los indultos otorgados por el gobierno a miles de personas que se encontraban detenidas en centros penales cumpliendo condenas por delitos comunes”.