Ortega: Dos acuerdos, 18 compromisos y solo uno cumplido a medias a dos años de su firma

A dos años de la firma de los “acuerdos para fortalecer los derechos y garantías ciudadanas” el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha hecho todo lo contrario: tiene más de 120 presos políticos, ha fortalecido su modelo represivo con nuevas leyes arbitrarias y ha consumado el robo de instalaciones de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil. 

Así resume José Pallais los últimos 24 meses tras la firma de esos acuerdos logrados en la mesa de negociación con el Gobierno, donde participó como miembro de la contraparte, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.  

“Ahora la situación es más grave que la situación que vivíamos en derechos y garantías ciudadanas al momento de la firma. El régimen ha aprobado un combo de leyes restrictivas, excluyentes para limitar más esos derechos. En 2019 todavía se permitía las reuniones bajo techo, hoy los opositores no nos podemos reunir en libertad”, dice el opositor, ahora miembro de Coalición Nacional.  

En la Mesa de Negociación de 2019 entre el Gobierno y la Alianza Cívica celebrada en el INCAE, participaron como testigos y acompañantes el nuncio apostólico, monseñor Waldemar Stanislaw Sommertag; el cardenal Leopoldo Brenes; y un representante de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

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Con su incumplimiento Ortega se ha burlado de todos. “No tiene palabra, no tiene ética, no tiene moral, lo ha demostrado, su compromiso es nulo. Sus acciones demuestran el desprecio del régimen al estado de derecho, a la buena gobernanza, estamos ante un régimen totalitario capaz de todo”, valora Pallais.  

Por su parte, la Alianza Cívica expresó este lunes que “es urgente que se muestren de inmediato acciones en favor del restablecimiento democrático que demandamos los nicaragüenses”. 

“Un gobierno que no cumple con acuerdos firmados en favor del país, es un gobierno mentiroso y demagogo, que pierde su credibilidad y legitimidad para seguir gobernando”, señaló la organización en un comunicado.

Las incesantes violaciones a derechos humanos y constitucionales en contra del pueblo nicaragüense, dice la Alianza, “son prueba fehaciente que a este régimen no le interesa la paz ni la armonía de la nación, sino seguir imponiéndose por la fuerza”. 

ACUERDOS

El 27 de marzo de 2019 el Gobierno de Daniel Ortega suscribió dos acuerdos: uno para la "liberación de personas privadas de libertad” y otro para para "fortalecer los derechos y garantías ciudadanas”.  

El régimen solo cumplió con el primero y a medias. El 11 de junio de 2019 unos 50 presos políticos, incluyendo los principales líderes de las protestas iniciadas en abril de 2018 en el país, fueron excarcelados bajo una cuestionada Ley de Amnistía. Antes había liberado a cuenta gotas otro grupo de presos políticos, pero el régimen no ha dejado de encarcelar a opositores. 

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Un informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas emitido este viernes indicó que en el país existen al menos 125 ciudadanos encarcelados por su manera de pensar.  

El informe, que cuenta con el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), detalla que 115 personas permanecen en prisión como presos políticos desde las protestas contra Ortega iniciadas en abril de 2018, otras nueve están encerradas desde 2014, y una desde 2011. 

18 COMPROMISOS INCUMPLIDOS

El segundo acuerdo, el de derechos y garantías ciudadanas, está compuesto por 18 compromisos encaminados a restablecer el derecho a la protesta, la libertad de expresión, asociación y el retorno seguro de los exiliados.  

En materia de justicia, el régimen se comprometió a respetar el mandato constitucional que establece que todo detenido tiene derecho: “A ser puesto en libertad o a la orden de la autoridad competente dentro del plazo de 48 horas posteriores a su detención”.  

Sin embargo, en febrero pasado la Asamblea Nacional aprobó una iniciativa de reforma y adición al Código Procesal Penal (CPP) para ampliar de 48 horas hasta 90 días la detención de un ciudadano aun cuando no existan pruebas en su contra, si la Fiscalía así lo solicita. 

EL DERECHO A LA PROTESTA 

Ortega también se comprometió a garantizar el derecho de concentración, manifestación y movilización pública. Asimismo, en los acuerdos se reconocía que no requiere permiso previo el derecho de reunión pacífica. Además, se reconocía plenamente el derecho irrestricto de todos los nicaragüenses a la utilización respetuosa de la bandera nacional.  

Sin embargo, la Policía Orteguista sigue encarcelando a opositores por manifestarse en contra de Ortega.  

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El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó recientemente una nueva resolución sobre Nicaragua donde expresó su preocupación “por la persistencia de las restricciones del espacio cívico y la represión de la disidencia con actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia ilegal o arbitraria contra las voces disidentes”.   

En la resolución, los Estados miembros del Consejo llaman al régimen a que autorice las manifestaciones pacíficas y públicas, a que derogue o modifique la legislación que pueda restringir indebidamente los derechos a las libertades de expresión y de asociación, a la vida privada y a participar en la dirección de los asuntos públicos.   

¿UN TERCER DIÁLOGO? 

Desde el inicio de la crisis sociopolítica de Nicaragua el régimen ha entablado dos procesos de diálogo con la oposición: uno en mayo de 2018 y otro en febrero de 2019. 

En sus resoluciones y llamados sobre la crisis en Nicaragua, Estados Unidos, la Unión Europea, la OEA, la ONU y gran parte de la comunidad internacional reiteran constantemente la necesidad de un diálogo para resolver la crisis.  

José Pallais coincide en que el diálogo es un mecanismo necesario para la resolución de conflictos, pero en las condiciones actuales serviría de poco o nada volver a sentarse con Ortega porque, dice, haría lo mismo: firmar, pero no cumplir.  

Para entablar un nuevo proceso de diálogo, según el opositor, es necesario que Ortega cumpla antes los dos acuerdos firmados con la Alianza Cívica, las resoluciones del Consejo de Naciones Unidas, las recomendaciones de la CIDH y la resolución de la Asamblea General de la OEA que demanda reformas electorales. 

“Si quiere diálogo, tiene que demostrar que tiene voluntad cumpliendo lo que ya ha firmado, sino mal se haría establecerse diálogo alguno, porque sería una pérdida de tiempo y un engaño para la comunidad internacional y la población de Nicaragua”, concluye Pallais.